La defensa del exsenador Pablo Longueira (antes militante UDI), quien arriesga dos penas de 818 días por cohecho en el marco del caso SQM, recurrió ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a la asistencia ininterrumpida al juicio, que comenzará este lunes.
Tanto el Tercer Tribunal Oral de Santiago como los intervinientes en la causa coinciden en que el proceso -que vivió dos postergaciones y la intervención de la Corte de Apelaciones capitalina- se prolongará por entre 18 y 24 meses, tiempo durante el cual cada acusado debe asistir diariamente a las audiencias, como lo establece la ley, consigna El Mercurio.
Los abogados defensores expusieron sus aprensiones ante el tribunal este miércoles, cuando éste abrió el debate sobre el modo de comparecencia, argumentando que el plazo contemplado para esta etapa puede impedir o entorpecer las posibilidades de trabajo de sus representados.
En el caso de Longueira, su representante Joanna Heskia indicó al matutino que la exigencia de su presencia continua «es una norma de garantía para el imputado, pero que nunca fue pensada para juicios de una duración tan extendida, ya que, de otro modo, este derecho colisiona derechamente contra la libertad ambulatoria y el derecho a trabajar, entre otros».
«En este caso, se impone una carga procesal excesiva a nuestro representado, dado que la duración estimada del juicio es de al menos dos años, situación producida única y exclusivamente por el actuar del Ministerio Público, que agrupa artificialmente su causa con la de todos los otros imputados en la causa de SQM, sin que exista una relación que justifique la imposición de esta carga», agregó la jurista.
Entre los demás acusados están el exgerente general de la minera Patricio Contesse, para quien la Fiscalía solicita una pena de siete años por delitos tributarios y 818 días por soborno, y el expresidenciable del PRO Marco Enríquez-Ominami, quien arriesga una pena de cuatro años por delitos tributarios.
AFECTACIÓN «DESPROPORCIONADA»
El requerimiento de Longueira impugna dos artículos del Código Procesal Penal, pues «obligan al acusado a asistir al juicio oral bajo amenaza de prisión preventiva, por cuanto, dadas las particularidades de la gestión pendiente (el juicio), afectan desproporcionadamente -y así, de forma contraria a la Constitución- la libertad personal y la libertad de trabajo» del exsenador.
El escrito prosigue observando que «declararán más de 500 testigos, se leerán más de ocho mil documentos, intervendrán más de 50 peritos y se incorporarán cientos de otros medios de prueba, de las cuales, miles son impertinentes -por no guardar relación alguna- a los hechos acusados» al exUDI.
«En la gestión pendiente existe, dentro de un solo gran juicio, múltiples juicios orales, con sus propios acusados y pruebas, que, insistimos, no tienen conexión con los hechos imputados a mi representado», remarca el recurso.
Se prevé que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los aspectos formales del requerimiento en los próximos días, y de pasar este filtro resolvería el fondo del mismo, cuyos antecedentes fueron enviados a la Primera Sala de la magistratura.
Fuente: Cooperativa