Seis meses después de que la ciudadanía rechazara por un 62% la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, la comisión experta designada por los partidos políticos, y aprobada por el Congreso, inicia este lunes 6 de marzo su trabajo para elaborar el anteproyecto de un nuevo texto, bases fundamentales de una nueva propuesta. El grupo de 24 integrantes, 12 hombres y 12 mujeres, tiene tres meses para entregar un escrito al consejo constitucional de 50 miembros que, compuesto por igual número de mujeres que de hombres, será electo por la ciudadanía el próximo 7 de mayo.
La instalación de la comisión marca un hito en la nueva etapa del país sudamericano, porque se trata del segundo intento de Chile, en menos de cuatro años, por cambiar la Carta Magna de 1980 que fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en aspectos fundamentales en los Gobiernos democráticos desde 1990. La actual Constitución, de hecho, lleva la firma del socialista Ricardo Lagos, por los cambios realizados durante su Gobierno en 2005.
El trabajo de la comisión experta trazará un camino para cuando se instale el órgano electo de 50 miembros, que asumirá sus funciones el 7 de junio. Luego los 24 expertos se sumarán al trabajo, pero solo con derecho a voz. “Nuestra tarea es ofrecerle al consejo constitucional, que es el protagonista de este proceso, un anteproyecto completo de nueva Constitución. Luego éste definirá qué aspectos le parecen buenos y los incorporará a su propuesta; cuáles rechazará y a cuáles les hará enmiendas. Tiene esas tres posibilidades”, dice Domingo Lovera, constitucionalista y comisionado por Revolución Democrática (RD), partido que pertenece al oficialismo del presidente Gabriel Boric.
Según las encuestas, entre las varias razones que tuvo la ciudadanía para rechazar el anterior texto en el plebiscito fue el comportamiento de los convencionales. Atenta a esa situación, la comisión experta, integrada matoritariamente por juristas, ha dado desde ya señales de sobriedad y moderación. “Conozco al grupo de expertos y la mayoría son personas de buen criterio. Probablemente, tengamos un proceso constituyente fome [aburrido] y si es fome, puede estar bien”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, a comienzos de febrero. En una entrevista con el diario La Segunda, agregó que, de las lecciones que dejó el proceso anterior, fue que “la tradición chilena está mucho más enraizada de lo que creíamos”.
Antes del arranque formal de este lunes, el grupo de expertos se reunió el viernes para conocerse y tratar temas administrativos antes de su instalación. “Estamos trabajando con mucha unidad pensando en Chile”, dijo el comisionado de derecha Hernán Larraín, que fue ministro de Justicia del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).
Los hitos de este lunes
De los 24 integrantes de la comisión, 21 son juristas. Se suman una periodista, una economista y un sociólogo (el único representante del Partido Comunista, que forma parte del Gobierno). Tienen entre 36 y 75 años. Aunque más de la mitad tiene un perfil técnico –constitucionalistas y especialistas en derecho público–, hay quienes vienen de la política. Es el caso de tres exministros y dos exsubsecretarios de Piñera. Además, en el grupo está la exministra de las administraciones de los socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la democristiana Alejandra Krauss.
Este lunes, apenas arranque la comisión, se elegirá la presidencia y la vicepresidencia de esta instancia, por lo que en estas horas se debate si quienes ocuparán esos cargos deben provenir del mundo técnico o político. En la centroizquierda, además, buscan sea una mujer quien lidere el grupo de los 24. En lo que existe consenso transversal, sin embargo, es que quien encabece la instancia debe transmitir a la ciudadanía su trabajo con lenguaje claro, algo de lo que adoleció la convención constitucional que trabajó entre 2021 y 2022 y que redactó el texto fracasado.
Las bases del nuevo intento
La comisión experta es fruto del acuerdo político logrado por las diversas fuerzas políticas en el Congreso tras el plebiscito de septiembre donde se rechazó el texto propuesto. Los nombres de los integrantes fueron propuestos por los partidos y ratificados en el Parlamento. La Cámara de Diputadas y Diputados designó a 12 y el Senado la otra mitad.
A diferencia del primer proceso, que arrancó tras el estallido social de octubre de 2019, el acuerdo político que habilitó este nuevo intento implicó poner ciertos límites comunes a esta segunda etapa. De esta forma, la comisión experta trabajará sobre 12 bases constitucionales que ya están establecidas y son inamovibles. Habrá, además, un comité técnico de admisibilidad, compuesto por 14 juristas que, en calidad de árbitros, velarán porque se cumplan estos pilares.
Entre las 12 bases, se señala que Chile es una República democrática y que el Estado es unitario y descentralizado. Además, por primera vez se dará reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas “como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”.
También, tal como en la Constitución actual, se reconocen los símbolos patrios. Y se establece que Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Este último punto se hizo explícito pues, en el anterior proceso, se puso fin al Senado y se creó la Cámara de las Regiones. Esto, mientras que al Poder Judicial se le cambió el nombre al de Sistema Nacional de Justicia, lo que generó críticas de la Corte Suprema.
Entre las bases también se estableció que “Chile es un Estado social y democrático de derechos”, lo que también fue parte de la anterior propuesta. Se prevé que será uno de los principales ejes de discusión política e ideológica al interior de la comisión experta entre la derecha y el centroizquierda, que logró incorporarlo en el acuerdo.
Fuente: El País