La prohibición de que el empleador extienda los beneficios obtenidos en las negociaciones colectivas a los trabajadores no sindicalizados se ha transformado en uno de los temas más controvertidos dentro del proyecto de reforma laboral.
La iniciativa del gobierno establece que el actor sindical será el titular de los derechos ganados y sólo con acuerdo del sindicato negociador el empleador respectivo podrá aplicar total o parcialmente los beneficios de un instrumento colectivo, a los trabajadores sin afiliación gremial.
Dicha propuesta marca un giro radical respecto de lo que establece la legislación vigente, la cual le da al empleador la facultad de extender unilateralmente los beneficios a aquellos trabajadores no sindicalizados que acepten pagar el 75% de la cuota sindical mensual al sindicato con el que se firmó el contrato, esto mientras dure la vigencia del instrumento colectivo.
En la discusión de la reforma en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, los parlamentarios de la UDI y RN han cuestionado el término de la facultad del empleador de extender beneficios. Para sustentar su reclamo, citan las observaciones de la economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, quien cuando asistió a la instancia propuso la extensión «automática», como una herramienta para aumentar la cobertura de la negociación colectiva.
En medio de este debate, un reciente análisis del departamento de estudios de la Dirección del Trabajo (DT) denominado «La extensión de beneficios. Una práctica que afirma el desequilibrio en las relaciones laborales» aborda de manera crítica esta materia.
«Esta institución está hoy en tela de juicio, en el centro de la crítica al sistema de relaciones laborales chileno. Se cuestiona, principalmente, el gran poder que se le entrega al empleador, desatendiendo el equilibrio mínimo que debe asegurarse entre partes que negocian y toman acuerdos recurrentemente. Pero más fuerte que ésta es la crítica que alerta sobre el potencial destructivo para la organización sindical que esta norma encierra», dice el estudio de Helia Henríquez, en colaboración con Gabriela Morales.
Las investigadoras añaden que tanto los dirigentes sindicales como algunos expertos vienen mostrando que la extensión suele operar como un incentivo para que los trabajadores se desafilien: «No necesitan ser parte del sindicato para mejorar sus condiciones de trabajo, porque la norma les permite acceder a beneficios que la negociación colectiva ha entregado y aunque ellos no han participado, en definitiva podrán aprovechar sus resultados».
Advierten que «la generalización de la extensión de beneficios está restando participación de los trabajadores en la negociación colectiva propiamente tal, en circunstancias que ésta es la institución dónde se puede disputar un mejor salario. La menor participación de trabajadores que quedan en espera de la extensión que posteriormente haga el empleador, debilita la negociación colectiva: menos participantes, menos fuerza para conseguir un mejor resultado en el salario y en las condiciones de trabajo».
El informe recoge la experiencia y opinión de empleadores y dirigentes de empresas en las que ha operado la institución que consagra el artículo 346 del Código Laboral, así como el análisis de un abogado laboralista y de expertos de la DT. También toma la visión de la CUT, que impulsa el fin de la extensión.
El estudio recopila datos de las encuestas Encla de 2008 a 2011.
Denos su opinión