Una antigua batalla judicial por el pago de un finiquito, en un litigio con varias querellas cruzadas, donde una de las partes acusó a dos fiscales por faltas a la probidad y que fueron defendidos por Ángel Valencia, terminó en una acusación en contra del actual Fiscal Nacional por eventual “prevaricación y negociación incompatible”. El Desconcierto cuenta, en exclusiva, los detalles del caso.
En plena carrera al más alto cargo dentro del Ministerio Público, Ángel Valencia fue cuestionado por su rol como abogado en casos vinculados a corrupción política, que podrían ser fallados dentro de una eventual administración suya.
No era que se dudara de su probidad, ni mucho menos, sino en cuanto podía influir su “pasado” en el caso de un desenlace final. Porque no sólo la prensa había reparado en su participación en la defensa de Felipe Guevara y Pedro Sabat – exalcaldes de Renovación Nacional acusados de corrupción-, sino también en su compadrazgo con el entonces presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
Pero su currículum, en verdad, era mucho más amplio. Fue abogado de la bancada de senadores de Renovación Nacional y defendió a Bruno Villalobos por malversación de fondos; a Carolina Tohá en el caso Publicam sobre desvíos de dineros a la política; a Mario Desbordes por una víctima de trauma ocular durante el estallido social y al exjuez Luis Barría acusado de abuso sexual.
No fueron los únicos casos. El abogado Pablo Silva-Paredes acaba de interponer una querella por negociación incompatible y prevaricación, donde acusa al actual Fiscal Nacional de haber recomendado mentir a dos fiscales adjuntos del Ministerio Público en causas donde figuraba como abogado defensor.
Este último episodio, sin embargo, es parte de una larga trama judicial.
“No escribí nada, no es mi letra”
Todo habría partido en marzo del año 2009, cuando el abogado Pablo Silva-Paredes decide interponer dos demandas laborales -una con errores y otra rectificada-, por un finiquito de 60 millones que habría sido acordado con Guillermo Atria Barros, miembro del family office Inversiones Eleutera donde supuestamente trabajaba.
En la “descripción del conflicto”, la querella detalla que Silva-Paredes se habría encontrado con el abogado de la familia Atria, Manuel Garrido Ibañez, en un café al costado del Teatro Municipal el 15 de abril del año 2009, transmitiéndole este último que habría notificado la primera demanda “para aprovecharse de los errores” en su presentación.
A raíz de esta situación, Silva- Paredes interpuso una querella por los delitos de fraude procesal, suplantación de persona y prevaricación, en contra de Guillermo Atria Rawlins, Guillermo Atria Barros y Manuel Garrido Ibañez, el 11 de agosto de 2009, asegurando haber sido suplantado para lograr ordenar la notificación de una demanda presentada por sí mismo. La causa finalmente fue sobreseída “doblemente”, poco tiempo después; primero en el 8° y luego en el 7° Juzgado de Garantía.
Como contrapartida, el 22 de junio de 2018, el 4 tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó al abogado por el delito de denuncia calumniosa, sancionándolo con 541 días de presidio y una multa de 11 UTM, por haber iniciado “investigaciones sin fundamento alguno, basadas en hechos inexistentes y que por lo tanto no pueden ser constitutivos de delitos”.
Según Silva-Paredes esa denuncia fue realizada por hechos inexistentes, obtenidos “con una acusación ideológicamente falsa , presentada por el fiscal adjunto Claudio Peña Báez, en la que compareció como abogado tratando a los querellantes (Atria) como sus representados y con un falso testimonio presentado en juicio oral por la abogada Marcela Araya”, se defiende en la última querella presentada.
El abogado asegura que Ayala habría entrado en contradicciones. Durante el juicio oral, agrega, acusó que Silva-Paredes habría escrito su teléfono en la hoja de ruta de la receptora durante el juicio oral, sin considerar el mismo episodio en su testimonio brindado a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, BRIDEC. “Es falso ya que no escribí nada, no es mi letra y tampoco mi celular”, dice en la querella, aduciendo que existiría un informe policial que acreditaría “fehacientemente la falsedad”.
Es por esta razón que el 20 de marzo de 2022, Silva Paredes vuelve a la carga presentando una querella por violación a los derechos humanos en contra del Ministerio Público, cometida por el fiscal adjunto Claudio Peña Báez por falta a la probidad al obtener una sentencia condenatoria con “pruebas falsas o adulteradas” y por eventual obstrucción a la investigación en contra de la fiscal jefe de Colina-Chacabuco Marcela Adasme Flores.
Patrocinio y Poder
Es en este escenario judicial que aparece la figura del actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al figurar como abogado defensor de ambos fiscales a contar de julio del año pasado. Situación que, según la querella, se mantendría debido a que Valencia no habría renunciado al patrocinio y poder en la causa.
“El abogado Sr. Ángel Valencia Vásquez no puede ser abogado defensor de dos fiscales imputados por falta a la probidad y posteriormente pasarse al bando contrario asumiendo como máxima autoridad del órgano (Ministerio Público) que debe perseguir la responsabilidad por esos mismos delitos cometidos por funcionarios públicos, que pasaron a ser subalternos de los cuales sigue siendo su abogado defensor”, explica la querella.
Situación que según la doctrina jurídica representaría un “conflicto de posición”, pues existiría un “riesgo significativo de perjudicar al cliente, salvo que admita y justifique cambio de posición”. En cualquier país civilizado, agrega el documento, sería considerado “una prevaricación y un conflicto de interés, cuyo perjudicado por falta de transparencia y negociación incompatible es el Estado de Chile”.
Consulta al respecto Pablo Silva-Paredes, querellante en la causa, asegura que cuando existe una posición particular y luego sucede una modificación de ésta – como en el caso de Valencia- es necesario ejercer una justificación pública y renunciar formalmente a los patrocinios. “El problema con Valencia, tal como lo sostuvo Alberto Precht, es que debió haber informado todas esas causas que no teniendo patrocinio formal, tiene interés él o su oficina de abogados, partiendo por la causa de Torrealba (donde Felipe Guevara participó como director de Desarrollo Comunitario de Vitacura)”, explica .
Lo más grave en todo caso, detalla el libelo, sería que en su calidad de abogado Valencia habría recomendado a los fiscales “mentir por omisión en su declaración ante un Fiscal Regional Metropolitano”, induciéndolos a “apartarse de la probidad que rige la función pública”.
El documento legal señala que Valencia recomendó al Fiscal Claudio Peña omitir que la causa había sido agrupada y sobreseída en dos oportunidades, “vulnerando la cosa juzgada, el debido proceso y el derecho a la defensa”. Y, por otro lado, le ordenó a la fiscal Marcela Adasme señalar cosas diferentes a las que aparecían en los informes policiales.
Silva-Paredes asegura en la querella que Adasme declaró dos falsedades ante el Fiscal Metropolitano Occidente. Que el abogado se había negado a hacer un peritaje de su letra para verificar la veracidad respecto a la hoja de ruta y que no sabía dónde se encontraba ésta última. “Es posible hacer un peritaje de mi letra y contrastarlo con la hoja de ruta acompañada”, sugiere en la querella, aclarando que el documento debería encontrarse en el Archivo Judicial o en el 2º Juzgado Laboral de Santiago.
Lo cierto es que el 17 de octubre de 2022, el Fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa en contra del fiscal Claudio Peña, por otra denuncia interpuesta por Silva-Paredes presentada en abril del 2017, por no haber investigado la eventual “falsificación de la notificación”.
El mismo día que se presentó la solicitud de sobreseimiento, señala la querella, el gerente general del BCI, junto al fiscal adjunto Claudio Peña, presentan querellas por denuncia calumniosa en contra de Silva-Paredes. Fue así como el abogado, en una nueva controversia judicial, retrucó con esta última querella en contra de Ángel Valencia.
-Quiero que se sepa la verdad, acá no hay plata de por medio. Porque efectivamente en democracia tú puedes cooptar al Estado y funcionarios públicos para meter un falso testimonio y terminan ganando. El fiscal entonces pasa a ser un empleado tuyo. Esto es lo que hacen estos personajes y no son los únicos… la corrupción es la forma moderna de violar los derechos humanos, porque se trata de funcionarios del Estado- explica Pablo Silva-Paredes a El Desconcierto.
La batalla judicial, empezada hace más de 10 años, aún se mantiene vigente.
El Desconcierto se comunicó con el Ministerio Público para consultar sobre las acusaciones vertidas en contra del actual Fiscal Nacional, pero el organismo declinó referirse al tema porque la querella aún no habría sido notificada.
Fuente: El Desconcierto