La comisión revisora de la acusación constitucional (juicio político) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, descartó su procedencia, es decir, concluyó que no es admisible.
En una instancia con mayoría del oficialismo, el libelo recibió tres votos en contra, de Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (Partido Socialista) y Héctor Ulloa (independiente), y dos a favor, de Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional) y Gloria Naveillán (independiente).
Con este resultado, el recurso contra el secretario de Estado pasará a la Sala con una recomendación negativa.
En caso que mañana se apruebe el libelo en la Cámara Baja, pasará al Senado que actuará como jurado y, de volver a ser aprobada nuevamente, Ávila será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
Este texto, ingresado por diputados de Chile Vamos, cuenta con siete capítulos.
Inicialmente, la acusación fue impulsada por una guía de educación sexual y de género que, según ellos, afecta al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. A esta han ido sumando argumentos, que van desde las deficiencias del sistema educativo para responder a los incidentes ocurridos en algunos centros educativos emblemáticos, hasta los resultados de las pruebas estandarizadas del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje (Simce).
Desde el Gobierno han advertido que el recurso contra el ministro tiene carácter homofóbico y ayer el propio Presidente Gabriel Boric insistió en esta tesis.
«Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad«, señaló el Jefe de Estado en Twitter.
Esto, luego de la polémica intervención de Marcela Aranda, representante del Observatorio Legislativo Cristiano y vocera del controvertido «bus de la libertad», que en la comisión exigió explicaciones al ministro, abiertamente homosexual, sobre «si su condición impide o afecta la ejecución de su cargo».
Fuente: Cooperativa