Luego de un complejo escenario de división en el oficialismo, el martes pasado se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara el proyecto de aborto terapéutico en su idea de legislar. Esto, luego que la Democracia Cristiana pidiera al gobierno retrasar la votación de la iniciativa producto de las observaciones que tenían frente al contenido del texto.
Sin embargo, resuelta su primera etapa legislativa, los diputados de la Nueva Mayoría que integran la Comisión de Salud, adelantan algunos criterios de modificaciones al proyecto del Ejecutivo, lo que eventualmente se traduciría en el ingreso de indicaciones. En este sentido, se ha instalado un consenso respecto a algunos aspectos de la iniciativa que busca despenalizar la interrupción del embarazo bajo excepcionalidades médicas.
“Riesgo Futuro”. Este es un concepto establecido en el proyecto y que refiere a los tiempos de riesgo de vida de la madre. Los legisladores aseguran un acuerdo para eliminarlo. “Hay consenso de que no es a futuro, si no que es riesgo inminente. Hay acuerdo en la comisión completa de que lo vamos a cambiar”, dice la diputada PPD Cristina Girardi. “Es necesario precisar lo de riesgo futuro de la madre”, agrega el diputado PS Manuel Monsalve. La diputada PR Marcela Hernando califica el concepto como “término ambiguo”.
Especialistas. La iniciativa del gobierno señala que el diagnóstico de inviabilidad sea hecho por un médico cirujano y confirmado por “otro profesional de iguales características”. Sin embargo, el diputado PPD Marco Antonio Núñez sostiene: “Es necesario, como ocurre en la mayoría de los países, que el diagnóstico definitivo quede en manos de especialistas gineco obstetra”, opinión compartida por los diputados Monsalve y Hernando.
Denuncia. El proyecto establece la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de una violación. A esto los legisladores oficialistas quieren agregar la obligación de denuncia para el agresor sexual por sobre el “deber confidencialidad” que indica el proyecto. “El deber de denuncia debe ser parte sustancial de la obligación del equipo de salud para que no haya impunidad”, sostiene el diputado PS Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud. “La denuncia del delito de violación realizada ante la autoridad o el informe que acredite la violación serán respaldo suficiente para permitir el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo”, dice una indicación de la diputada Hernando, criterio compartido por la diputada Girardi.
Acompañamiento. La incorporación al texto de un programa de acompañamiento para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, es una condición que puso la DC para aprobar el proyecto, algo a lo que informalmente el gobierno accedió. Se esperaba que el Ejecutivo presentara el martes pasado un proyecto con estas características, lo que finalmente no ocurrió. Con todo, los legisladores PS y PPD accedieron a respaldar la solicitud. “El acompañamiento es una iniciativa de parlamentarios DC y tiene apoyo transversal. Tiene que ser ingresada por parte del gobierno antes del plazo de las indicaciones, el 28 de agosto”, asegura el diputado Castro. “El acompañamiento es muy importante y eso implica reforzar el programa Chile Contigo, porque ahí están las mujeres embarazadas de sectores vulnerables”, agrega la diputada Girardi.
Coincidencias
Estas observaciones tienen una clara coincidencia con las observaciones DC, las que fueron expresadas desde que se conociera el proyecto y que han sido materia de análisis en las últimas reuniones de bancada. Anteriormente, en dos ocasiones el Consejo Nacional de la falange se ha pronunciado al respecto, subrayando uno de los preceptos de su declaración de principios: “defensa de la vida”.
Además, los legisladores DC reconocen como una materia de alta complejidad la causal de violación. Es así que han sugerido que se acote las semanas de requisito para el aborto, 12 y 18 semanas dependiendo si la madre es mayor o menor de edad. Pese a todo, en la bancada DC no aseguran sus votos para el proyecto, no obstante que son un tercio de los votos oficialistas en la Cámara.
La ofensiva de la Alianza por aborto
En la Alianza se encuentran trabajando en una estrategia para enfrentar la tramitación del proyecto. Tanto RN como la UDI apuntan a que el primer objetivo es evitar que el proyecto se apruebe en la sala de la Cámara. Para esto, el diputado RN Nicolás Monckeberg ha conversado con gran parte de la bancada DC, con el objetivo de intentar disuadirlos de apoyar el proyecto.
“Nos vamos a jugar al ciento por ciento por conseguir los votos para que este proyecto sea rechazado”, afirmó Monckeberg. En paralelo, preparan una batería de indicaciones para evitar que las clínicas “lucren con el aborto”, evitar que las tres causales deriven en un “aborto libre”, y que el Estado acompañe y preste apoyo a las mujeres que se sometan a un aborto.
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