No hay consenso acerca de cuándo -estrictamente hablando- el país comenzó a sufrir un deterioro en términos económicos. Sin embargo, hay cifras que pueden ofrecer algunas pistas. Una de ellas, la del PIB, que indica que entre 2014 y 2023 Chile creció en promedio 1,9% al año, muy lejos del 4,8% registrado durante la década anterior. Y es que, a cuestionadas reformas institucionales, se sumaron las contingencias del estallido social y la pandemia, que elevaron la inflación a cifras récord -14,1% en 2022-, aumentaron el valor del dólar -$915 al día de hoy-, y alzaron los créditos hipotecarios a niveles promedio sobre 4,5%, lo que ha significado un aumento de hasta un 30% en los dividendos, en comparación a cuando se encontraba en 2%. A lo anterior se suman, además, un mercado laboral que no repunta y que alberga un desempleo de un 8,9% durante el trimestre móvil julio-septiembre, una incertidumbre que frena inversiones y que se deriva -según algunos economistas- del proceso constituyente, y una permisología que -en palabras del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín-, «nos está matando».
La situación se ha vuelto difícil para muchos. Esto porque las cifras se materializan en obstáculos e impedimentos muy concretos, que si bien con frecuencia son fáciles de relacionar, a veces esconden efectos que no se suelen atribuir -al menos de manera tan directa- al estancamiento que vive el país. Dificultad para independizarse e «impuesto» a personas mayores
Hace unas semanas el economista Sergio Urzúa -a través de una columna en El Mercurio- abordó algunos de los aspectos de la situación que atraviesa el país en términos de vivienda. En el documento, el doctor en Economía por la Universidad de Chicago ofreció un dato esclarecedor: el precio promedio de un departamento en Santiago Centro, entre el 2006 y el presente, se multiplicó 2,4 veces en términos reales. «El sueño de la casa propia para las nuevas generaciones parece más distante que nunca. ¿Arriendo? Una opción también súper cara», acotó. Urzúa hizo hincapié, además, en lo que esta realidad significa para las personas de más edad. En su análisis constató que más del 35% de quienes tienen entre 25 y 35 años viven con sus padres, suegros o abuelos. Esto, explicó, «es un costo que el largo estancamiento está imponiendo sobre las generaciones mayores en Chile (…) Impuesto que pagan los viejos para ayudar a los jóvenes».
La tesis de que se ha dificultado -para las generaciones jóvenes- el acceso a la vivienda, y con ello a su independencia, es transversalmente compartida. Al respecto, Guillermo Riquelme, investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma, enfatiza que para profesionales jóvenes «optar a un crédito hipotecario es una posibilidad muy restringida» por lo que aumenta la posibilidad de «la postergación de la salida de la casa de los padres».
De todos modos, recalca que «es un fenómeno que no solo se da en Chile ante los embates económicos, sino que ya en el mundo se habla de una generación excluida del mercado inmobiliario». Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, también percibe que uno de los principales efectos del estancamiento económico tiene que ver con el mercado inmobiliario. «Hoy el ítem más golpeado parece ser vivienda, que se puede observar, por ejemplo, en el déficit habitacional y las altas tasas de los créditos hipotecarios», dice. La encuesta Casen 2022 elaboró una radiografía de lo que se vive en Chile con respecto a esta realidad. Entre sus conclusiones dio cuenta de lo que, en alguna medida, afirman los economistas: 441.000 familias viven allegadas por incapacidad financiera. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, deslizó hace unos días una posible solución. «Es clave, por ejemplo, pensar en cómo facilitar el acceso de los sectores medios al crédito hipotecario y que los municipios se hagan parte de una política de densificación equilibrada porque, de lo contrario, solo estarán cerrando las puertas de las comunas a la llegada de nuevas familias», señaló. Precarización del empleo La dificultad para acceder a la vivienda no es la única consecuencia con la que los ciudadanos deben cargar debido al estancamiento económico. Hay otra que los impacta. Y de manera profunda: la precarización del empleo. «La precariedad no pasa exclusivamente por la informalidad -dice Riquelme, de la Universidad Autónoma- sino también por empleos formales que se están ajustando al salario mínimo, con baja capacidad de negociación de los trabajadores, incluso de aquellos con mayor calificación, que han debido aceptar empleos en ocupaciones que están por debajo de su nivel de calificación y, consecuentemente, por debajo de los ingresos esperados». «El estancamiento de la economía -agrega, por su parte, Ignacio Muñoz, investigador de Clapes UC- se traduce principalmente en un estancamiento tanto en el nivel de empleo como en el nivel de ingreso real de los hogares».
«Desde el punto de vista empresarial -agrega- lo anterior tiene como consecuencia un resentimiento en las ventas de las pymes, lo cual aumenta las dificultades financieras de este tipo de empresas». En su columna para El Mercurio, Sergio Urzúa también ofreció detalles acerca de qué ha ocurrido con los ingresos de los trabajadores jóvenes. Constató, en esa línea, que entre 2006 y 2022 el promedio de los ingresos del trabajo de las personas entre 25 y 35 años subió solo un 25% real. Pero disminuyó para quienes tienen algún tipo de educación superior.
La informalidad y precariedad de las ocupaciones se ha venido consolidando, advierte Riquelme, lo que se suma a la dificultad de muchos para encontrar empleo. «El proceso de búsqueda de empleo está demorando más tiempo ante la menor cantidad de ofertas y, por otra parte, le ha tocado a muchas personas ser desvinculadas», indica Benjamín Baeza Modiano, Socio de PsicoLab, Consultora Boutique de Headhunting. Y la situación arremete desde distintos frentes. «Es un escenario que genera mucha incertidumbre en las personas y su entorno, pues te afecta a nivel económico, emocional y familiar», agrega Baeza. Bienestar que cae Si bien es cierto que la inflación se ha ido moderando, el alza en los precios es un factor en el que los economistas ponen énfasis a la hora de cualquier análisis, por el efecto que tiene sobre la calidad de vida. «El bienestar de la población cae en el consumo de los productos y servicios de primera necesidad, como son: alimentos (carne, frutas y verduras), energía, agua, salud, vivienda y educación», destaca Riquelme. Agrega también que «el precio de esta canasta básica para cualquier familia chilena ha tenido un alza sostenida durante el 2023, llegando a octubre a una inflación acumulada conjunta de sobre el 26%. En cambio, los ingresos reales solo han crecido en 3% en lo que va del año».
Ignacio Muñoz, por su parte, añade que «en el segundo trimestre de este año, la deuda bancaria se representó cerca del 46% del ingreso disponible de los hogares, esto es, cerca de 4 puntos porcentuales más de lo registrado pre pandemia, a fines de 2019. «En términos concretos -continúa- lo anterior se traduce en mayores dificultades para encontrar empleo y en bajas en el poder adquisitivo de las personas». El académico de la UC concluye su análisis con una reflexión: «Períodos relativamente largos de estancamiento, combinados con altos niveles de precio y dificultades en el acceso al crédito podrían, eventualmente, aumentar el malestar social de la población».
Fuente: Emol.com
