La arremetida de las micro y pequeñas empresas que permitió firmar un acuerdo para perfeccionar la situación del sector en el proyecto de reforma laboral -y que incluso contó con la venia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes- se está viendo fuertemente amenazada.
El acuerdo, suscrito por la bancada pro pyme que integran los senadores Eugenio Tuma (PPD), Andrés Zaldívar (DC), Ignacio Walker (DC), Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI), considera en uno de sus ajustes un aumento de 8 a 25 en el quórum mínimo de trabajadores exigido para la constitución de sindicatos en las Mipes (con menos de 50 trabajadores) y la coexistencia de estos con grupos negociadores en este tipo de empresas.
Sin embargo, la opción de que el gobierno desestime la fórmula de subir los porcentajes para constituir sindicatos, puso en jaque lo acordado y encendió las alarmas en la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).
Si bien el gremio se reunió el jueves con sus siete ramas para disctutir este tema, donde acordaron por unanimidad solicitar formalmente una reunión con la presidenta Bachelet con carácter de urgente para plantear sus inquietudes, convocaron además una nueva cita para mañana a primera hora con el fin de evaluar los pasos a seguir.
De no tener respuestas por parte de Presidencia, advierten que evaluarán medidas, por lo que no descartan ningún tipo de movilización. «Las pymes van a reaccionar, porque las pymes no van a entender que este gobierno no cumpla sus promesas», plantean desde el gremio.
El rol de Rincón
Precisamente, tras el acuerdo firmado tres días después de que el gobierno ingresara formalmente las indicaciones al articulado al Congreso, se puso de manifiesto la molestia que generó en algunos personeros la alianza. Llamó la atención, por ejemplo, la ausencia en este acuerdo de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien al ser consultada por lo alcanzado se limitó a comentar en su momento que el pacto respondía a «materias propias de parlamentarios».
Para los representantes de las micro y pequeñas empresas, de hecho, la piedra de tope estaría en el Ministerio del Trabajo. Al respecto, el presidente de Conapyme, Rafael Cumsille, recuerda que fue la propia Rincón, quien -por entonces senadora- lamentó en una cita con el gremio que cuando se eliminó el multirut no se repuso de inmediato la exigencia de 25 trabajadores.
Pese a esto, insiste en que «lo efectivo es cuando me confirman oficialmente. Lo que hemos hecho es pedirle una entrevista a la presidenta de la República, cuya solicitud ya se envió con carácter de urgente, y lo que hay que hacer es preguntarle (a Bachelet) derechamente» su opinión en este punto, agregando que «ojalá lo hicieran por escrito, que diga algo, pero sigo confiando en la presidenta».
Desde el gremio indican, además, que sería «muy feo» que no dejaran que el Senado votara, por lo que el gobierno no debería obstaculizar esta indicación. Además, aseguran que quienes firmaron las indicaciones de la bancada Pro Pyme han dicho mantener ese compromiso sin distinciones.
OTRAS INDICACIONES QUE CONTEMPLA EL ACUERDO
Otro perfeccionamiento que se contempla en el acuerdo de la bancada pro pyme es el plazo mínimo para poder negociar colectivamente. En este aspecto se consigna que para hacerlo dentro de una mediana, pequeña o micro empresa, se requerirá que haya transcurrido a lo menos 18 meses desde la emisión de la primera boleta, guía o factura. Las indicaciones del gobierno señalaban hasta ahora que este plazo regiría desde la creación de la empresa.
Además, otro cambio que fue declarado es que las partes involucradas, sus representantes y asesores deberán negociar de buena fe y en forma pacífica, esto es, sin hacer uso de fuerza ilegal o ilegítima en las cosas y en las personas.
Durante el primer trámite del proyecto en la Cámara de Diputados se había eliminado la definición «pacífica» de la huelga.
Se especifica, además, que «las medianas empresas que se encuentren acogidas al régimen del artículo 14 ter A de la Ley de Renta sólo deberán entregar aquella información que tributariamente estén obligadas a llevar o que estando voluntariamente acogidas a éste, si tienen contabilidad completa».
También se considera un ajuste relacionado con la respuesta del empleador y la comisión negociadora de empresa: «Deberá ser entregada a alguno de los integrantes de la comisión negociadora sindical y remitida a la dirección de correo designada por el sindicato dentro de los 10 días siguientes a la presentación del proyecto. Para las micro, pequeñas y medianas empresas el plazo para dar respuesta será de 15 días».
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