Un informe del Consejo Consultivo Previsional mide por primera vez cuál es la informalidad previsional que hay en el país, concepto que es distinto por varias razones que allí explica, a la informalidad laboral. La entidad, eso sí, recomienda «avanzar en una mesa de trabajo que pueda ir abordando las limitaciones que existen en los datos para tener estimaciones más robustas».
Es sabido que la informalidad es uno de los factores que influye sobre los montos que reciben las personas al momento de pensionarse, ya que eso se traduce en menores cotizaciones, y, por ende, menores pensiones. Y si bien siempre se ha hablado de la informalidad laboral al momento de abordar este asunto, no se ha hecho un análisis respecto de la informalidad previsional.
Precisamente en ese concepto profundiza el informe anual de 2023 que realizó el Consejo Consultivo Previsional, donde enseña que “generalmente se piensa que la informalidad previsional es igual a la informalidad laboral, y si bien son fenómenos altamente correlacionados”, lo cierto es que “no son lo mismo y, por tanto, es necesario construir indicadores que identifiquen la informalidad previsional propiamente tal”.
De hecho, en el marco del lanzamiento de este informe, el Consejo Consultivo Previsional realizará el seminario “PGU e informalidad: desafíos del sistema previsional”, el que se realizará el próximo 27 de junio a las 9:00 en el auditorio de la sede Padre Alonso de Ovalle del Duoc UC.
El Consejo Consultivo Previsional fue creado en 2008 y tiene por función asesorar a los ministerios del Trabajo y y Hacienda: hoy está presidido por Guillermo Larraín e integrado además por Carlos Díaz, Cecilia Cifuentes, Andras Uthoff y Paula Benavides.
El documento parte explicando que “la informalidad laboral es un concepto más amplio que la pura dimensión previsional”. Y pone varios ejemplos para mostrar las diferencias importantes que hay entre informalidad laboral y previsional.
Esto ocurre, según explica el documento, porque “los indicadores de informalidad laboral se construyen principalmente a partir de variables autorreportadas por las personas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Por ejemplo, la categoría ocupacional depende de la auto clasificación de la persona de acuerdo con el grado de dependencia y subordinación que considere tiene en su puesto de trabajo. Así, una primera diferencia se da en el caso de los trabajadores por cuenta propia y empleadores, donde la ocupación se clasifica como informal si la unidad económica es del sector informal, no en función de la realización de cotizaciones”.
Eso significa que puede haber “trabajadores por cuenta propia o empleadores que cotizan, pero que, al estar en una unidad económica en el sector informal, son clasificados como informales. Al contrario, también podemos encontrar trabajadores por cuenta propia que no cotizan y son tratados como formales, porque la unidad económica es del sector formal. Por ejemplo, un trabajador a honorarios, que se reporta como trabajador por cuenta propia, al tener registro en el SII como persona natural, aun cuando no cotice es considerado como formal”.
Ese es solo uno de varios ejemplos que muestra el estudio del Consejo Consultivo Previsional. Al respecto, advierte que a raíz de estas diferencias existe “la importancia de contar con una medición complementaria de informalidad previsional, es decir, de los ocupados que efectivamente no cotizan. Este es un indicador esencial para analizar los desafíos y brechas de los sistemas de pensiones, ya que se enfoca en la incorporación efectiva de los trabajadores en el sistema previsional, a través de sus cotizaciones”.
El documento aborda dos posibilidades para construir un indicador de informalidad previsional. La primera es a partir de las preguntas hechas en encuestas, como la ENE y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI, último año disponible es 2022). La segunda, es complementar esa información con registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones. En todo caso, el Consejo es enfático al manifestar que ambas vías “tienen limitaciones importantes para caracterizar la informalidad previsional”.
A pesar de lo anterior, el Consejo Consultivo Previsional logró estimar que, según los datos obtenidos de las encuestas, “la informalidad previsional, medida como el número de personas ocupadas sobre el total de ocupados, habría sido de un 30,3%”, en 2022, esto es “semejante a la estimación con datos administrativos que sería de 30,7%”, puntualiza el documento.
De esta forma, el número de personas que no cotizó en 2022 llegó a 2.729.038. Ellos son contabilizados como informales previsionales.
Al respecto, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, comenta: “Nos preocupa mucho que tantos trabajadores no estén cotizando para la seguridad social, y esto es algo que debemos enfrentar. Por eso, prontamente, para abordar la informalidad laboral y previsional, tendremos que evaluar la obligatoriedad de cotizar para ciertas labores. Consideraremos como una condición favorable el hecho de cotizar, para que las personas tengan un acceso preferente a los beneficios que otorga el Estado”.
De acuerdo al estudio del Consejo, al ver el resultado por categoría ocupacional, según los datos de las encuestas, en 2022 el mayor número de personas que no cotizó se ubicó en las categorías de cuenta propia, totalizando 1.609.351 personas.
Al ver la informalidad previsional según nivel educacional, el análisis arrojó que mientras más bajo es el nivel de educación de las personas, mayor es la tasa de informalidad.
En términos porcentuales, las mayores tasas de informalidad se encontraron en las categorías de cuenta propia (89%), empleador (55,6%) y servicio doméstico puertas afuera (55,2%).
“La informalidad previsional calculada con datos administrativos muestra que la norma que obligó a las personas que perciben honorarios a cotizar ha permitido mejorar los niveles de cotización, pero aún no ha mostrado un impacto muy significativo. Por ejemplo, en 2022, si no se considerara a quienes perciben honorarios y deben cotizar, la informalidad previsional hubiese sido de 33,6% en vez de 30,7%”, señala el estudio.
Al respecto, agrega que “posiblemente esto se deba a las excepciones establecidas por la propia ley y al poder realizar trabajos sin tener que emitir boletas de honorarios. También es importante destacar que muchas de las personas a honorarios que cotizan obligatoriamente lo hacen por un monto absoluto bajo”.
Con todo, el Consejo Consultivo Previsional sostiene que al ser “la informalidad previsional un indicador esencial para analizar los desafíos y brechas de los sistemas de pensiones, se recomienda avanzar en una mesa de trabajo que pueda ir abordando las limitaciones que existen en los datos para tener estimaciones más robustas. Dicha mesa debiera incluir representantes del Instituto Nacional de Estadísticas, la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería. En ese marco, se sugiere evaluar el detalle de información que estas dos últimas entidades proporcionan a la Superintendencia para sus reportes y análisis. Asimismo, a partir de dicho trabajo, podría evaluarse la incorporación de un módulo de seguridad social en la encuesta ENE y sus principales variables”.