Durante este jueves 28 de noviembre, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fenpruss y otras organizaciones del Sector Público, realizaron una gran movilización en respuesta a un reciente cambio en el criterio de la Contraloría sobre la “confianza legítima”.
Concretamente a las 11:00 horas, en la región Metropolitana, comenzó una marcha por la Alameda, donde el presidente de la CUT, David Acuña, ofreció un punto de prensa donde abordó los principales puntos de las movilizaciones que se llevó a cabo con éxito en 15 ciudades a nivel nacional.
Este pronunciamiento de Contraloría cuestiona la interpretación del principio de “confianza legítima”, un aspecto que expertos consideran fundamental en la administración pública que protege a los trabajadores estatales frente a despidos luego de determinado tiempo de servicio. Es decir, si un funcionario no ha cumplido ese tiempo, su desvinculación no será considerada ilegal ni arbitraria, lo que, según los sindicatos, afecta la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
La ANEF se ha mostrado tajante en su rechazo a este cambio, señalando que “pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarias y funcionarios públicos a contrata”, y argumentando que la jornada del 29 de noviembre será una muestra de la “inseguridad absolutamente evitable que generará este nuevo criterio”. En este contexto, la agrupación sindical enfatizó la necesidad de actuar para revertir la situación, calificándola como un “imperativo ético”.
Por su parte, Fenpruss llamó a movilización nacional en defensa del empleo y la función pública.»La movilización no solo es una respuesta a las actuales condiciones de incertidumbre y estancamiento en la agenda laboral del gobierno, sino también una manifestación de unidad frente a la precarización de nuestras condiciones laborales. Es inaceptable que a pocos días de la fecha límite para la renovación de contratos en el sector público, miles de trabajadores y trabajadoras se enfrenten a la inseguridad de no saber si seguirán en sus funciones. Asimismo, la postergación de derechos esenciales, como la jornada de 40 horas, refleja la urgencia de demostrar nuestra fuerza como sector organizado!, señalaron las y los dirigentes.