Tras la formalización de los tres pescadores que protestaron durante 23 días sobre una torre de alta tensión en Coronel en contra del complejo termoléctrico Bocamina de Endesa, dirigentes no descartaron futuras movilizaciones.
Luis Morales, vocero de los manifestantes, expresó que «no voy a descansar con esta empresa que me contamina, que va a eliminar a mi familia, a mí, a mis vecinos, a todo Coronel«.
«Los derechos en este país tienen que hacerse valer. La Constitución tiene que prevalecer por sobre todo tipo de daño«, indicó.
En primera instancia se dijo que hubo un acuerdo por parte de la empresa para negociar, lo cual fue desmentido por el equipo de comunicaciones y Endesa no entablará mesas de diálogo.
Los trabajadores, en tanto, reconocieron haber bajado de la torre el viernes pasado por cansancio.
En la audiencia, que tuvo lugar el sábado, Endesa y Transelec presentaron cargos por los delitos de desórdenes públicos, daños e infracción a la Ley de Servicios Eléctricos; y la generadora demandó a los manifestantes por 3,8 millones de dólares por las pérdidas generadas por tener que desconectarse del Sistema Interconectado Central y Transelec, dueños de la torre, pedía un millón de pesos.
La decisión del magistrado fue decretar la prohibición de acercarse a 50 metros de la empresa y firma semanal.
Brigida Labrín, presidenta del sindicato de recolectoras, manifestó que «nos sentimos solos, defraudados de las autoridades, porque nos dimos cuenta que las autoridades iban de la mano con la empresa, de las grandes empresas, no está favoreciendo al ciudadano».
Incluso, se registró una situación particular: Uno de los pescadores formalizados vive a 40 metros de la empresa, por lo que podía entrar a su casa debido a la medida cautelar. Eso sí, eso fue rebatido y se aceptó que el hombre pudiera estar en su casa.
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