Cuando una persona, su empleador o su médico tratante sospechan que la enfermedad que lo aqueja se ocasionó por factores relacionados directamente con su trabajo, deben comunicarlo a la mutual a la que está adscrito. Es esa institución la que define si la patología corresponde efectivamente a un mal profesional o no.
La importancia de esa calificación es que si se determina que la enfermedad tiene origen laboral, la mutual cubre todos los gastos médicos, mientras que si se concluye que es de origen común, entonces el trabajador debe atenderse en el sistema de salud al que esté adscrito, hacer valer su seguro (Fonasa o isapre) y poner de su bolsillo el dinero que necesite para realizar el copago dependiendo de su plan.
Pero en todo este proceso existía una serie de vacíos que detectó la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de esa institución, explica que «nos dimos cuenta de que esto no estaba normado por nuestra parte, no existe una norma de todos los procesos y elementos que tienen que tener en consideración las mutuales».
Por lo mismo, notaron que cada mutual, e incluso sus oficinas regionales, funcionaban con distintos criterios y procedimientos. «Existía falta de unidad y transparencia para el trabajador y los empleadores», sostiene Gana.
Es más, agrega que «si observamos el total de accidentes presumiblemente laborales sobre los que las mutuales se deben pronunciar, el 80% termina siendo calificado efectivamente como de trabajo, pero en el caso de las enfermedades, es solo el 20%. Esa asimetría enorme genera un manto de dudas».
Comité de calificación
Es por eso que durante todo 2015, la Suseso, la industria y expertos trabajaron en una nueva regulación que define exactamente qué protocolo se debe seguir para calificar una enfermedad como profesional.
Toda la información fue remitida a las mutuales en octubre y se les dieron tres meses para que pudieran crear un plan de trabajo que les permita ajustarse a la nueva normativa, pues esta entra en vigencia el 1 de marzo próximo.
Entre los cambios, la Suseso determinó que cada mutual debe tener un comité de calificación de enfermedades profesionales, que debe estar constituida al menos por tres médicos y dos de ellos deben tener formación especializada en medicina del trabajo, y que debe tomarse un plazo máximo de 30 días corridos para dar su veredicto.
Eso sí, en el primer año de vigencia de la norma se permitirá que demoren hasta 45 días, pero a contar del 1 de enero de 2017, el tiempo de calificación no podrá sobrepasar el mes.
El comité debe pedir la realización de exámenes específicos que se detallaron en la normativa, con especial atención en las enfermedades músculo-esqueléticas de extremidades superiores y en los males mentales, que representan el 60% y 20%, respectivamente, de las enfermedades profesionales.
Y, por último, la regulación establece que para cada caso que se deba resolver, se deberán hacer análisis de puestos de trabajo, definiendo precisamente cuáles son las mediciones que se deben hacer allí.
El presidente de la Asociación de Mutuales, Ernesto Evans, dice que la industria está de acuerdo con una mayor regulación, pero plantea que hay aspectos que, a su juicio, no fueron del todo pensados. «Se nos pide tener médicos especialistas en trabajo y esa especialidad no existe en el país. Yo no sé dónde los vamos a tener que salir a buscar», dice.
Comisión investigadora
Gana señala que esta regulación, al menos, llegará a introducir transparencia al sistema y, por ello, se comenzará a fiscalizar su cumplimiento apenas entre en vigencia, en las próximas semanas.
Fue la propia directora de Fonasa, Jeannette Vega, quien el año pasado sembró dudas sobre cómo se define si una enfermedad es profesional o no. En julio sostuvo que de los 3,2 millones de licencias que autorizó el seguro público en 2014, 540 mil correspondieron a enfermedades y accidentes laborales que fueron financiadas por el seguro público y no las mutualidades, lo que calificó como un «subsidio» que ascendía a $90 mil millones.
Sus palabras derivaron en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que comenzó a funcionar en enero, pero que ya en marzo se adentrará en el funcionamiento del sistema.
Desde las mutuales, Evans rechaza la acusación y explica que «el sistema de mutualidades paga en subsidios laborales $90 mil millones al año. No nos cuadra cómo puede haber tanto dinero en licencias médicas, como dice la directora de Fonasa, porque sería demasiada gente». Es más, asegura que sus últimos cálculos indican que el seguro público hasta 2011 les debía a ellos -por atender a pacientes que no les correspondía- una suma superior a $25 mil millones.
Denos su opinión