Por Eric Campos/ Presidente Sindicato Trabajadores de Metro
Muchas columnas de opinión se han escrito sobre los 9 años del Transantiago, en general se refieren a los resultados financieros, malla de recorridos, niveles de evasión, entre otros. Un balance que da cuenta de una promesa incumplida, la de refundar un sistema de transporte público que a partir del capital privado y un cóctel de onerosos subsidios de más de 7 mil millones de dólares en 9 años (cifra similar a lo que busca recaudar la reforma tributaria) traería bienestar a los santiaguinos.
En medio de esta “conmemoración” y análisis, ha estado ausente la situación de dos actores claves que se han llevado el peso estos años: los usuarios y los trabajadores.
Los usuarios, han soportado que se experimente con sus flujos de viajes, han observado el aumento de un 100% en la tarifa entre al año 2007 y el 2015 y lo más preocupante, la percepción de la calidad del servicio está muy lejos de ser satisfactoria. Existe en la ciudadanía, la percepción que los subsidios satisfacen la rentabilidad de las empresas operadoras y no apuntan a financiar una tarifa accesible o concretar medidas que mejoren el transporte público.
Los trabajadores del Transantiago (operadores de buses, mecánicos, trabajadores del Metro, entre otros), durante este tiempo han experimentado precarización de sus condiciones de trabajo.
En el caso de los conductores de buses, variadas son las demandas relacionadas a condiciones de trabajo dignas, como la ausencia de sanitarios en los terminales de llegada.
Entre los trabajadores del Metro, aumentó la intensidad laboral en la que se desempeñan, pasaron a transportar 1,2 millones de pasajeros diarios en 2006 a 2,5 millones en el 2015.
Transversalmente los trabajadores del sistema de transporte público, se ven afectado por condiciones psicosociales referidas a depresiones, agresiones en sus puestos de trabajo, secuestros de conductores en días de partidos de fútbol, extensas jornadas de trabajo.
En síntesis, no hay un reconocimiento del propio sistema o de la “industria” sobre la especificidad de las condiciones y exigencias del trabajo en el transporte público.
Frente a la nueva licitación del 2017, se han generado iniciativas ciudadanas como la mesa social del Transantiago, que ha puesto como uno de sus ejes la necesidad de establecer un capítulo laboral especial en la nueva licitación que fije condiciones de horarios, salario, salud y seguridad laboral, que impongan un mínimo de dignidad y bienestar a los trabajadores.
Por último, esta iniciativa solo resuelve lo urgente, no es posible plantearse mejoras en el transporte público si no lo abordamos desde un enfoque de derecho social y económico, como ocurre en las principales ciudades europeas, en que los gobiernos locales y el Estado jueguen un rol principal en la planificación, la propiedad y la operación del sistema de transporte público.
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