El juez del 7° Juzgado de Garantía, Cristián Sánchez, dio por acreditados los delitos de cohecho y lavado de dinero por lo que la exmagistrada es imputada. Asimismo, también declaró la legitimidad de la declaración del abogado Eduardo Lagos. [EN DESARROLLO]
En un hito histórico en la historia judicial chilena, el 7° Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por su rol en el Caso “Muñeca Bielorrusa”. El juez Cristián Sánchez dio por acreditados tres delitos de cohecho y lavado de activos de los que se acusa a la removida magistrada.
En la última jornada de formalización, Sánchez negó la objeción de vaguedad de antecedentes alegada por la defensa de Vivanco, a cargo de Jorge Valladares, por cuanto lo presentado tanto por Ministerio Público como por los querellantes ?Consejo de Defensa del Estado (CDE), Codelco y Organización de Trabajadores Judiciales? “es abundante en indicios precisos y determinados, múltiples y no contradictorios. Muy por el contrario, los mismos se articulan unos con otros para generar una presunción sólida de cada uno de los delitos imputados, y la participación de la señora Vivanco en título de autora“.
En esa línea, el magistrado sostuvo que los delitos significaron un daño a “la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia“.
Igualmente, el magistrado validó la declaración no firmada del abogado Eduardo Lagos, por cuanto su defensa la utilizó para revisar las medidas cautelares en su contra, argumentando la “colaboración eficaz que, según él, prestó en su declaración”.
El abogado defensor de la exmagistrada, Jorge Valladares, cuestionó durante la jornada de ayer el origen mismo de la investigación, calificándola de una “camotera institucional” y argumentando que nació como reacción a información mediática y no de antecedentes autónomos de la Fiscalía.
Uno de los ejes centrales de la defensa en su exposición de ayer es la crítica a la figura penal del cohecho, sosteniendo que se utiliza para evitar abordar una eventual administración distorsionada de justicia, que exigiría otros estándares probatorios. En esa línea, Valladares argumentó que si la imputación fuera coherente con los hechos descritos, “tendríamos que tener no uno, sino cinco ministros sentados aquí“, aludiendo a que el fallo de la Suprema fue una decisión colegiada de una sala de cinco miembros.
Por lo mismo, el abogado puso en duda durante el proceso el principio de objetividad utilizado, “que significa investigar con igual celo, no solo las circunstancias que acreditan el delito, sino aquellas también que la extingan o que atenúan la responsabilidad”.
La defensa también apuntó a un trato diferenciado hacia otros involucrados, específicamente cuestionando que Gabriel Silver, a quien vinculan con los hechos, no esté formalizado. Este punto, según la defensa, debilita la credibilidad de la acusación y refuerza la tesis de una persecución selectiva impulsada porque “Codelco no perdona y es Codelco quien promueve toda esta persecución, porque perdió un juicio”.
Frente a estos planteamientos, la Fiscalía ?que solicitó junto a los querellantes la prisión preventiva de la magistrada? defendió la validez del acuerdo de cooperación con uno de los imputados, Eduardo Lagos. La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer explicó que dicha declaración fue solicitada por el propio abogado defensor de Lagos en el marco de un acuerdo formal.
Por su parte, la querella de Codelco, representada por el abogado Julián López, sostuvo que existen actuaciones concretas y documentadas que configurarían infracciones graves, recalcando que Vivanco intervino activamente en la tramitación de recursos sin inhabilitarse. Esto a pesar de sus vínculos con los abogados de CBM, y que presidió la sala en todas las decisiones relevantes contrarias a la estatal.
El caso se remonta a un fallo de 2023 donde la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida provisionalmente por Vivanco, revocó una sentencia que favorecía a Codelco, ordenando ahora que la cuprera pagara cerca de 20 millones de dólares al consorcio CBM. Este hecho es el núcleo de la investigación por los presuntos delitos.
La exministra fue detenida el pasado domingo en su domicilio de Las Condes y ha permanecido recluida en tránsito en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Este espacio, de 60 metros cuadrados y originalmente concebido para adolescentes, cuenta con una celda habilitada para ella que incluye baño, patio privado y mobiliario básico.
Fuente: El Mostrador