La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), junto a organizaciones sindicales y del sector público, manifestó su preocupación y rechazo ante la paralización del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa orientada a garantizar el derecho al cuidado y avanzar en corresponsabilidad social, especialmente para las mujeres trabajadoras.
El estancamiento legislativo se produjo luego de que la Comisión de Educación del Senado no sesionara, impidiendo que el proyecto continuara su tramitación, pese a contar con un acuerdo técnico previo y haber sido aprobado en la Comisión de Trabajo. Desde el mundo sindical, se apuntó directamente a la responsabilidad de sectores de la oposición, particularmente de la bancada de la UDI, por impedir su avance.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la eliminación del artículo 203 del Código del Trabajo, norma que actualmente condiciona el acceso a sala cuna a empresas con 20 o más trabajadoras, dejando fuera a miles de mujeres que se desempeñan en pequeñas empresas, en condiciones de subcontratación o en sectores altamente precarizados.
“Es necesario que hoy se den explicaciones claras sobre por qué se privó a las mujeres trabajadoras de acceder a este derecho”, enfatizó la central, subrayando que la actual normativa reproduce desigualdades estructurales en el acceso al trabajo y en la distribución de las tareas de cuidado.
Desde la CUT recalcaron que la discusión no está cerrada y que continuarán impulsando la aprobación de esta demanda histórica, considerando su impacto directo en la inserción laboral femenina, la equidad de género y la sostenibilidad del empleo.
Mirada CETRA
Desde una perspectiva de derechos, el freno al proyecto de Sala Cuna Universal constituye un retroceso en la garantía del derecho al cuidado, condición básica para el ejercicio efectivo del trabajo decente.
Mantener barreras legales que restringen el acceso a sala cuna perpetúa desigualdades de género, limita la autonomía económica de las mujeres y debilita la corresponsabilidad social en el cuidado. Avanzar en esta ley no es un privilegio sectorial, sino una condición estructural para un mercado laboral más justo, inclusivo y sostenible.