El Senado aprobó la ley que condena con cárcel a los fiscales responsables de procesos en los que se produzcan filtraciones que puedan resultarles perjudicial a los interesados.
Según se acostumbra, los parlamentarios le echaron la culpa a terceros: dijeron haberlo hecho a petición de la propia Fiscalía, lo que fue desmentido rápidamente por el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales quien además afirmó que esas penas de cárcel “son un arma para defender a los poderosos”.
Durante 2015 las filtraciones permitieron conocer que políticos y parlamentarios de todas las corrientes que han incurrido en delitos. También se pudo observar que solo algunos políticos de oposición, Marco Enriquez Ominami y uno de sus padres específicamente, están siendo procesados por esos ilícitos.
De modo que si no fuera por las filtraciones, los ciudadanos pensaríamos que los únicos que incurren o “habrían” incurrido en delito son esos pocos y tendríamos que esperar muchos años para saber, por ejemplo, cuales fueron las ocho empresas que pagaron a Jaime Orpis.
La democracia necesita información, filtraciones, denunciantes. Los países serios protegen y premian a los denunciantes.
El parlamento de Chile ha legislado para restringir el derecho a demandar y ha establecido las prescripciones adecuadas para garantizar la impunidad, todo lo cual hace que la justicia sea expedita para castigar al oprimido e impotente para tocar a los grandes delincuentes. Ahora el parlamento legisla incluso para evitar que se pueda saber qué delitos han cometido los poderosos.
La destrucción de la democracia, como la de los suelos, el agua y los glaciares avanza como si nada de eso estuviera llamado a tener consecuencias.
Los bien remunerados parlamentarios parecen vivir bajo la consigna “después de mí, el diluvio”.
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