Por Max Colodro/ Analista Político
El proceso se inició en diciembre con un ciclo muy ilustrativo de ‘clases de educación cívica’. Se supone que duró tres meses, es decir, hasta marzo; tiempo más que suficiente para tener a una ciudadanía no sólo empoderada, sino ahora plenamente conciente de sus derechos y deberes públicos, de la naturaleza y función de nuestras instituciones, y de las singularidades del actual régimen político. De manera casi milagrosa, en un país con el 70% de su población con algún nivel de analfabetismo funcional -no entiende a cabalidad lo que lee- gracias a estos cursos express, por los que la inmensa mayoría de la gente estuvo dispuesta a sacrificar el verano, ya estarían dadas las condiciones para un serio y profundo debate constitucional.
Después vino la creación de un consejo de observadores que, en rigor, ha hecho hasta ahora honor a su nombre: son y serán sólo ‘observadores’ de un proceso donde los facilitadores a cargo de encausar los cabildos están siendo seleccionados por el Ministerio de la Presidencia, donde no hay todavía pleno acuerdo en si el gobierno dejará al consejo redactar con autonomía las conclusiones de esta etapa (la presidenta Bachelet ya planteó objeciones en la materia), y en que los integrantes de dicha instancia se enteraron por la prensa -esta nueva tradición nacional- del formato y contenido de los ‘docurealitys’ destinados a promover la participación ciudadana.
Y finalmente esta semana, en cadena nacional, la Mandataria terminó de colocar la guinda de la torta, al notificar al país que en este proceso de diálogo y debate colectivo sobre la nueva constitución están cordialmente invitados los niños y niñas desde los catorce años, un caso de participación infantil en materias constitucionales único en el mundo, pero que sólo vino a debilitar todavía más cualquier posibilidad de que la seriedad y el rigor sean la marca de este proceso de consulta a la población.
Podrá discutirse si José Miguel Insulza, agente de Chile ante el tribunal de La Haya por la demanda boliviana, puede o debe opinar de política interna, pero la verdad es que sus expresiones de esta semana sobre el proceso constituyente sólo vinieron a ilustrar la convicción que un sector cada vez más relevante del país se ha formado de él: que, en efecto, dada la forma en que está siendo llevando adelante, difícilmente podrá llegar muy lejos.
En síntesis, el gobierno ha terminado por hacer de este esfuerzo por arribar a un nuevo texto constitucional un proceso con demasiadas debilidades, un juego abierto incluso a escolares, que puede terminar convirtiendo un objetivo serio y trascendente para el país, en un capricho desbordado por expectativas completamente irreales. Es cierto que en la oposición hay sectores que han mostrado una cerrazón extrema a cualquier posibilidad de cambio constitucional. Pero también existen otros, en Evópoli, Amplitud y RN, que han mostrado en el último tiempo otra disposición. Esta semana el senador Allamand entregó al ministro Burgos una interesante propuesta de reforma a nuestro régimen presidencialista, lo que muestra que hay espacio para acercamientos, siempre y cuando se tenga la capacidad de instalar un clima de mayor confianza y seriedad.
El gobierno tiene la iniciativa en esta materia. Suya es la primera responsabilidad de que este momento ‘ciudadano’ en el proceso constituyente no termine siendo, simplemente, un juego de niños.
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