Esta semana se reanudará oficialmente el debate laboral en el Congreso. Primero, con el veto presidencial que el gobierno presentará para suprimir los pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, horas extraordinarias y jornadas pasivas, y eliminar el aumento de los quórum para la negociación colectiva.
Segundo, con la «ley corta» que La Moneda debe elaborar para adecuar el proyecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que eliminó la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato.
Al interior de la Nueva Mayoría consideran que la tramitación del veto no se puede extender más allá de tres semanas. No porque la eliminación de ambas normas provoque disensos en el oficialismo -al contrario, existe un respaldo casi transversal-, sino porque su supresión es necesaria para iniciar la tramitación de la ley corta. Mientras no se apruebe el veto, no se promulga la propuesta laboral del Ejecutivo. Mientras no se promulgue la reforma, no se pueden debatir eventuales modificaciones.
Para el oficialismo, más importante que el veto presidencial -que será analizado en primera instancia por la comisión de Trabajo de la Cámara, a partir de esta semana- es el proyecto de ley que a contar de hoy puede comenzar a elaborar La Moneda para «equilibrar» nuevamente la reforma laboral, ahora sin la titularidad sindical que eliminó el TC. «El veto es complementario a la ley corta», coinciden en el oficialismo.
Armonizar es el objetivo
Al interior del equipo jurídico que el gobierno convocó para defender la reforma en el TC concuerdan en que esta ley corta «buscará armonizar las distorsiones que el fallo del TC producirá en el proyecto de ley originalmente aprobado». Por ejemplo, «en la definición de negociación colectiva, del contrato colectivo, de los quórum sindicales y la negociación de los grupos de trabajadores».
La tramitación de este proyecto, concordaron los diputados Patricio Vallespín, de la Democracia Cristiana, y Osvaldo Andrade, del Partido Socialista, «no se debería extender más allá de 60 días».
Eso sí, puntualizó el presidente de la Cámara, «ése no es el dato clave, sino que el debate previo y el consenso que la ley corta tenga al interior de la NM».
También, añadió Andrade, «lo relevante serán los contenidos del proyecto de ley, porque será eso lo que intentará mejorar la reforma».
Vallespín concordó y complementó: «Es importante, en paralelo al debate del veto presidencial, analizar los contenidos del fallo del TC y presentar el proyecto en unos 15 días».
El parlamentario de la DC enfatizó que, sin la titularidad, es fundamental que el gobierno «trate de resguardar que los sindicatos sean el actor principal en la negociación colectiva, por sobre los grupos negociadores».
¿Cómo se puede lograr esto? Sin conocer los fundamentos del TC es difícil contestar, coinciden en la NM. El senador socialista, Juan Pablo Letelier, anticipa un camino: «establecer como práctica antisindical la creación de grupos negociadores para debilitar a los sindicatos». A su juicio, es claro que «van a quedar cosas pendientes hasta que exista una nueva Constitución». Pero asegura: «Tarde o temprano vamos a tener titularidad sindical».
Los plazos y urgencia del veto presidencial para los pactos de adaptabilidad y los quórum, además de la fecha de presentación de la ley corta, serán analizadas hoy en el comité político en La Moneda.
Los ministerios de Hacienda, Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia, con el apoyo del equipo jurídico que defendió la reforma en el TC, serán los encargados de definir los contenidos del proyecto de ley.
Esta iniciativa, como lo señaló el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, podría reponer los pactos de adaptabilidad, «en la medida que los sindicatos sean la única contraparte para acordarlos».
OPOSICIÓN ANUNCIA RECHAZO AL VETO PRESIDENCIAL Y ACUSA AL EJECUTIVO DE «PASAR LA APLANADORA»
Con duras críticas reaccionó la oposición a la decisión del gobierno de vetar los pactos de adaptabilidad y los quórum requeridos para formar sindicatos en pyme, además de enviar un nuevo proyecto de ley tras el fallo adverso del TC contra la reforma laboral. Asimismo, anunció que el bloque votará en contra del veto y el nuevo proyecto que enviará Trabajo y Hacienda.
El presidente de la UDI y miembro de la comisión de Trabajo del Senado, Hernán Larraín, acusó al Ejecutivo de operar de manera «irresponsable y oscura» al enviar un veto sin conocer el contenido del fallo del TC, que se da a conocer hoy
«Todavía no se conoce el contenido del veto y se habla de una ley complementaria cuyos contenidos no se conocen. Este es un gobierno que está retrocediendo a la época de las cavernas, de la oscuridad. Los vetos presidenciales no se pueden discutir, solo se aprueban o rechazan, esto demuestra solo un interés de pasar la aplanadora», dijo.
El senador RN y miembro de la comisión, Andrés Allamand, criticó las modificaciones a los pactos de adaptabilidad y los quórum.
«Si había un aspecto en esta reforma laboral que era positiva, que apuntaba hacia el futuro y a las verdaderas necesidades de los emprendedores y trabajadores, eran las normas de adaptabilidad, sin embargo, las objetaron. Respecto al fondo, todo indica que el gobierno, cediendo a la presión de la CUT, del Partido Comunista y del Partido Socialista, vetó las únicas normas que iban en la dirección correcta», señaló.
El diputado gremialista Patricio Melero coincidió con Allamand y advirtió una «suerte de revancha» del gobierno contra el fallo del TC. «El gobierno eliminó por la vía del veto toda aquellas materias que había sido entregadas como concesión a la oposición como a las pymes. Es decir, hoy borran con el codo lo que ayer escribieron con la mano».
Mientras que el diputado RN, Nicolás Monckeberg, planteó que el gobierno está realizando un «gallito» con el TC y la oposición que considera «lamentable», ya que sólo «afectará» a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
«No tenemos temor en votar en contra de un veto que elimina la posibilidad de realizar jornadas más flexibles, que benefician sobre todo a las madres y jefas de hogar».
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