Una modificación constitucional acotada, que permita a los sindicatos la preeminencia para negociar algunas materias -pero sin la titularidad sindical prevista originalmente en el proyecto-, más una ley corta que aborde los requisitos y alcances de su interacción con grupos negociadores. Esa es la fórmula de Hacienda para reactivar la reforma laboral.
La iniciativa se encuentra congelada a la espera de que el comité técnico-político conformado por el gobierno defina los pasos a seguir tras el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a la titularidad de los sindicatos en la negociación colectiva. El proyecto del Ejecutivo consideraba que los grupos negociadores podrían existir sólo en aquellas empresas donde no hubiese sindicatos.
En entrevista con radio ADN, el titular de la cartera, Rodrigo Valdés, dijo que la Presidenta Bachelet le pidió al equipo político y a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, “explorar la posibilidad de un cambio constitucional” que no es para reinstalar lo que el TC impugnó. “El TC falló y sin duda no vamos a tener la titularidad que queríamos”, aseveró.
El jefe de las finanzas públicas explicó que el objetivo es “simplemente establecer que en algunos ámbitos sólo los sindicatos pueden hacer algunas cosas, pero no significa que no pueda haber grupos cuando hay sindicatos, que es la esencia de la titularidad de la ley. Hay que normar quién hace qué”.
Lo planteado por Valdés difiere de la lectura que hicieron en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y en algunos sectores del propio oficialismo, de que la intención del gobierno apuntaba a una vuelta al espíritu original del proyecto. El titular de Hacienda sinceró que tomar esta opción sería una especie de “saludo a la bandera” ya que no están los votos necesarios para su aprobación en el Congreso (2/3 en ambas cámaras).
De acuerdo con Valdés, se buscaría, además, una ley corta que permita cerrar algunas ventanas abiertas dejó el fallo del TC en el proyecto aprobado en el Congreso. “Quedan riesgos de qué pueden hacer los grupos (negociadores), hasta dónde pueden llegar”, explicó.
El ministro reveló que actualmente el gobierno estaba trabajando en construir un consenso al interior de la Nueva Mayoría. “Una vez que estemos de acuerdo, tendremos que conversar con la CUT y con la CPC”, añadió.
Reacciones
Las palabras del secretario de Estado no cayeron bien en la CUT. La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, planteó que el ministro peca de “incontinencia verbal”. Según Figueroa, “el gobierno convocó a un equipo para explorar el alcance de una reforma que reponga la titularidad sindical, por lo tanto, los que tienen que pronunciarse son los miembros de este equipo”, expresó. Agregó que “aún no se ha hecho una síntesis de dicho debate en la Nueva Mayoría, así que llamaría al ministro a ser más cauto y prudente. Lo único que hace es generar más incerteza e incertidumbre”, enfatizó.
El diputado DC y miembro el comité que discute la fórmula que permita viabilizar una reforma a la Constitución, Matías Walker, aseguró que dicha instancia está buscando fórmulas en función de mantener los principios de la reforma, pero al mismo tiempo, pensando en lograr los 2/3 de los votos en el Parlamento.
“La estrategia es que hablemos más que de exclusividad, de preferencia de los sindicato por sobre los grupos negociadores para acordar algunas materias, sobre todo las que son más sensibles en la negociación colectiva, como los pactos de adaptabilidad y los servicios mínimos en caso de huelga”, reveló.
Desde la oposición prefieren tomar con cautela las declaraciones del ministro Valdés. Al respecto, el presidente de la UDI y senador miembro de la Comisión de Trabajo del Senado, Hernán Larraín, aseveró que para pronunciarse “habría que conocer el texto, porque no sabemos bien qué es lo que quiere decir”. Según el líder gremialista, durante los últimos días han sostenido conversaciones con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y con algunos senadores de la DC, como su presidenta, Carolina Goic, las que irían en línea con lo planteado por Walker.
“Ellos han manifestado que, por ejemplo, sería una prerrogativa de los sindicatos por sobre los grupos negociadores negociar pactos de adaptabilidad. Eso ya no es una preferencia explicable o justa, eso es una discriminación arbitraria que rompe el principio de igualdad ante la ley y por eso no estamos disponibles para negociar en esos términos”, expresó el parlamentario.
Larraín dice entender que el gobierno le ponga exigencias a la forma en que se constituyan los grupos negociadores, “pero no se les puede quitar áreas de atribución o debate como los pactos de adaptabilidad porque eso sería cercenar sus atribuciones y limitar de forma discriminatoria el derecho de los trabajadores no afiliados a los sindicatos”.
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