Un aumento en la edad de jubilación de la mujer a 65 años y subir la tasa de cotización en 0,5 punto porcentual anual para todos los contratos, son dos elementos del diseño en curso. Si bien es negociable, en principio, se estudia que 4 puntos del aumento de la cotización vayan al fondo colectivo y 1 a la cuenta individual. Se buscaría enviar un solo proyecto.
El comité de ministros es el paraguas, pero el trabajo fino, el de las fórmulas, los modelos de tensión, de llevar a números las propuestas, se hace en distintos frentes. En todos ellos, además del enfoque técnico, hay también una definición política. Prudencia, gradualidad, consenso político y apoyo ciudadano.
Así es como avanza el diseño de las distintas medidas que contendrá la propuesta que el gobierno hará con cambios al actual sistema de pensiones, la que buscaría mejorar su cobertura y el monto de las pensiones que entrega. Aunque sujeto al resultado de una negociación con los privados que comenzó hace unas semanas y que decantaría luego en el Congreso, la bajada está clara en el Ejecutivo: el modelo que la Presidenta Michelle Bachelet presentará al país implicará esfuerzo de empleadores, trabajadores y el Fisco, pero también de las AFP.
En ese contexto, aseguran a nivel ministerial, los elementos del diseño se sustentan, hasta ahora, en seis nociones. (1) El aumento de 5 puntos porcentuales (pp) en la tasa de cotización previsional será a 10 años y a razón de 0,5 pp por año para todos los contratos, siguiendo la lógica del seguro de cesantía y asegurando que el valor de las pensiones suba desde el inicio. (2) El alza en la tasa de cotización se concentraría en el llamado Pilar de Ahorro Colectivo Solidario, pero su distribución final estará sujeta a conversaciones con los privados y su disposición a colaborar con ideas, aunque en principio se evalúa una distribución de 4 pp a 1 pp, entre fondo colectivo y cuenta individual. (3) Un aumento gradual compensado de la edad de jubilación de la mujer, desde 60 a 65 años, equiparándola a la de los hombres. (4) Revisión de variables o parámetros claves, como el actual tope imponible, además de nuevos incentivos para revitalizar el ahorro voluntario colectivo. (5) Fortalecimiento del Pilar Solidario ajustado a la regla fiscal. (6) Conciliación del negocio de las AFP con los retornos al cotizante, revisando el mecanismo de comisiones (ver página 6).
Otra definición es cómo se tramitarían los cambios, y aunque nada está zanjado, la inclinación es ir con una propuesta única al Congreso. En el gobierno no olvidan que durante la tramitación de la reforma de 2008 la oposición buscó separar el proyecto en dos: uno sobre el Pilar Solidario y otro con cambios a la industria. “En ese momento, aseguramos la aprobación de todo, porque no aceptamos separar la reforma, y si este trabajo termina en un proyecto, seguir igual lógica es algo obvio”, dice un asesor del gabinete.
El aumento de la actual tasa de cotización de 10% para llevarla a una de 15% en 10 años será de cargo del empleador y obligatorio para todos los trabajadores con contrato, incluidos los vigentes a la fecha en que la medida comience a regir.
El alza será de 0,5 pp por año, siguiendo la gradualidad con que se implementó el seguro de cesantía -a partir de octubre de 2002- y que “en la evidencia demostró que no generó un estrés sobre el mercado del trabajo que implicara ajustes salariales y una baja en la trayectoria de las contrataciones, como tampoco mayor informalidad para evitarlo”, comenta un integrante del comité de ministros.
Fuentes allegadas a Teatinos 120 agregan que dicha transitoriedad también permitiría un impacto más acotado para el Estado, dado que en su calidad de empleador de trabajadores de planta, a contrata y a honorarios, se verá más estresado cuando entre en vigencia la cotización obligatoria en una AFP por parte de los trabajadores independientes. Desde el 1 de enero de 2018, éstos últimos estarán obligados a cotizar por el 100% de su renta imponible anual, sin excepciones.
Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, un alza de 5 pp en la tasa de cotización obligatoria implica al Fisco un gasto de 0,5% del PIB o US$ 1.500 millones.
Si bien en un momento se evaluó que el alza de la tasa de cotización fuera sólo para los contratos nuevos o posteriores a la entrada en vigencia del cambio, en el gobierno se estableció que de hacerlo así, dada la gradualidad, su efecto en régimen lo percibirían íntegramente recién las generaciones que comiencen a cotizar en 10 años más, de modo que el beneficio supuesto detrás de la mayor tasa se constataría en un horizonte de casi 50 años. La decisión de hacerlo obligatorio para todos los trabajadores contratados busca precisamente lo contrario: generar mejoras desde el primer momento en que el alza de la cotización entre en vigencia, ya que cada año se pensionan por vejez unas 70.000 personas.
A junio pasado, las AFP sumaban 10,1 millones de afiliados y, de ellos, 5,1 millones eran cotizantes. A la fecha, el sistema pagaba 1.171.260 pensiones, por un monto promedio autofinanciado de $ 211.229.
Aunque el gobierno busca instalar que el incremento de 5 pp en la tasa de cotización tiene como objetivo prioritario financiar un Pilar de Ahorro Colectivo Solidario o llamado Cuarto Pilar, cómo se distribuirán finalmente éstos, es un tema instalado en el comité.
Si bien en la mesa se han tanteado distribuciones que de todas maneras inclinan la balanza hacia el Cuarto Pilar, expertos que trabajan en la instancia gubernamental sostienen que, hasta ahora, y sólo basado en criterios técnicos, existe coincidencia en que “el criterio que mayoritariamente permitiría que las pensiones hoy día y en el futuro aumenten producto del incremento de la tasa de cotización, sería en una combinación de 4 a 1. Es decir, cuatro puntos al Cuarto Pilar y uno a la cuenta individual”.
Pero, comentan que la fórmula no está zanjada, ya que es considerada por una parte del gabinete -y también del oficialismo- como la principal herramienta de negociación con la industria de las AFP para que éstas “pongan en la mesa” fórmulas o mecanismos a través de las cuales como sector contribuyan a una mejora de las pensiones en monto y cobertura. “Las administradoras, expertos y también la oposición, han planteado que el excedente de tasa vaya a la cuenta individual, porque eso mejoraría las pensiones. Pero la propuesta nace de una lógica solidaria colectiva y en esto, hasta ahora, las AFP no han dicho con claridad cómo están dispuestas a colaborar para mejorar las pensiones. El acuerdo nacional requiere un esfuerzo global, y tener cinco puntos de cotización más en las cuentas es un activo para la industria, pero eso dependerá de cómo están dispuestas a colaborar para ese acuerdo”, dice un personero de gobierno.
La baja densidad de cotizaciones de la mujer, la frecuencia de lagunas previsionales, la constatación de menores salarios para igual función respecto de los hombres y principalmente el dato empírico de que la expectativa de vida ha aumentado para ambos géneros, pero en especial para el femenino. Con estos cuatro argumentos es que los equipos asesores de los ministros que integran el comité de pensiones coinciden en que entre los elementos de diseño se considera un aumento de la edad mínima de jubilación de las mujeres, desde los actuales 60 años hacia los 65 años, incremento que será gradual y que contempla compensaciones de acuerdo a la proximidad con que se vayan jubilando por vejez las cotizantes del sistema. Este último punto es clave para viabilizar políticamente la propuesta, comenta una autoridad que está en el tema. “Es una materia delicada para cualquier gobierno, pero la Presidenta estima que al sincerar las deficiencias hay que corregir todo aquello que corresponda, pero con compensaciones que reconozcan las distorsiones de nuestro mercado del trabajo y que no castiguen a la mujer por su papel de trabajadora, jefa de hogar y madre, roles que explican buena parte de las lagunas”, agrega.
La Comisión Bravo recomendó extender el período de cotización obligatorio hasta la edad de retiro efectiva del mercado laboral, equiparando la de hombres y mujeres en forma gradual (10 años) a partir de generaciones nacidas después de 1970. “En 2016 entrarán en vigencia nuevas tablas de mortalidad calculadas por la SVS/SP. De acuerdo a resultados preliminares, la expectativa de vida (EV) de los pensionados a los 65 años aumentará en 0,94 años en el caso de los hombres y 1,52 años en mujeres respecto de las tablas vigentes”, cita el informe. Según éste, la mayor EV mermará en 2,7% las pensiones en hombres y en 3,8% en mujeres, ambos con cónyuge, con el supuesto de una tasa de interés de 3% en el retiro programado.
Las compensaciones aún no están definidas.
Definitivamente, elevar el tope imponible e intentar un modelo escalonado que termine con la regresión del actual esquema es otro punto que está en evaluación en el gobierno. Hoy el tope imponible es de 74,3 UF ($ 1,9 millón). El ministro Valdés planteó un alza de 50% en el tope imponible para las cotizaciones, pero allegados al equipo económico aclaran que eso no sería lineal para todos los cotizantes, sino que tendría tramos según ingresos. Así, la cotización extra de cinco puntos, por ejemplo, tendría un carácter más redistributivo, independiente de cuál sea la combinación que se asigne a los cinco puntos extras entre el Cuarto Pilar y la cuenta individual. Este tema es trabajado principalmente al alero de la Superintendencia de Pensiones.
Allegar más recursos al Pilar Solidario es otra tarea en la que están trabajando en las distintas esferas que rodean al comité de ministros. La idea es cumplir con el anuncio de fortalecimiento de la cobertura del pilar hecho por Bachelet hace una semana, pero también cumplir con algo que está escrito en el programa de gobierno. El Pilar Solidario tiene un costo fiscal de US$ 1.800 millones anuales, para financiar 581.000 pensiones básicas solidarias (PBS) al mes y beneficiar mensualmente a 770.600 jubilados del sistema privado con un Aporte Previsional Solidario (APS). Esto implica un gasto promedio mensual de unos US$ 160 millones.
Según cercanos a Hacienda, los mayores recursos para el Pilar Solidario deberían surgir de una reasignación de platas durante el diseño del proyecto de Ley de Presupuestos 2017 y/o echar mano a los intereses obtenidos de las inversiones hechas con el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), dado que se consideran como un ingreso fiscal estructural y, por tanto, no afectarían la trayectoria de convergencia de la política de balance estructural. A marzo pasado, el FRP tenía US$ 8.500 millones. Los ingresos por intereses suman US$ 1.074 millones.
“Se trata de alinear los incentivos de las administradoras con los incentivos del trabajador, y para eso estamos dando distintas miradas al tema y evaluando diversas opciones, pero el problema que se produce es uno: en este acuerdo, como país todos estamos haciendo un esfuerzo y la industria de AFP no puede restarse”, dice un integrante del comité.
Con esa lógica es que desde hace algunas semanas la Asociación de AFP, ejecutivos de ese sector y también de las aseguradoras -gestoras de las rentas vitalicias-, han sostenido diversas reuniones con el regulador para abordar temas que puedan traducirse en el aporte de las AFP al debate: casi todo ha apuntado hacia las comisiones que cobran a los cotizantes y cómo esto puede vincularse de manera más directa con los retornos de su gestión de los ahorros previsionales. “Las AFP cobran sobre el sueldo esa comisión, su tarifa, pero si los retornos que ofrecen no aseguran una buena pensión es perfectamente sostenible, política y técnicamente, que busquemos una fórmula para anexar o acercar ese cobro sobre la rentabilidad”, plantea un integrante del equipo económico.
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