Entre fines de agosto y principios de septiembre, la Cámara deberá votar las dos acusaciones constitucionales que fueron presentadas contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Una de ellas se centra en las irregularidades en Gendarmería por las abultadas pensiones de sus ex funcionarios, mientras que la otra apunta a la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename), considerando las inconsistencias en la cifra de niños fallecidos y la situación de crisis que enfrenta ese organismo, sobre el cual existe una comisión investigadora en la Cámara. El hecho puntual que alzó dichos cuestionamientos fue la muerte de una niña de 11 años en abril en uno de los centros de administración directa del Sename en Santiago.
En este contexto, y en medio de las presiones de algunos sectores -de oposición y oficialismo- para que la ministra Blanco sea removida de su cargo, La Moneda decidió activar una serie de proyectos para modificar la estructura del Sename.
Se trata de varias iniciativas que reemplazan al Sename por dos nuevos servicios, a cargo de Justicia y Desarrollo Social, que fueron mencionados en forma general por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo pasado.
En el gobierno explican que los proyectos están en su fase final de elaboración. “Teníamos un compromiso de ingresarlo a mitad de este año. Sin embargo, hemos tenido dificultades por la cantidad de proyectos que hemos presentado”, dijo a La Tercera la secretaria del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz.
Esa instancia es la que lidera la agenda legislativa del Ejecutivo en temas de niñez. Así, Ortiz agregó que el ingreso de las iniciativas al Congreso se concretará “en los próximos dos meses, a más tardar en octubre”.
El plan del gobierno es ingresar dos proyectos simultáneos. El primero crea el “Servicio de Protección Especializada”, organismo que estará a cargo de Desarrollo Social y que acogerá a niños y adolescentes que hayan sido vulnerados en sus derechos o que hayan tenido dificultades en sus núcleos familiares. La segunda iniciativa plantea la creación del “Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente”, que estará a cargo de Justicia y que centrará su trabajo en menores entre 14 y 17 años que hayan cometido delitos.
Detalle de los proyectos
Según explican en el Consejo de la Infancia, uno de los ejes principales de las propuestas radica en la “profesionalización” de los funcionarios que están a cargo de los menores.
En esta materia, las propuestas buscarán un perfeccionamiento de las aptitudes de los funcionarios con la intención de que se adapten a nuevos programas de reinserción. Esto, junto con fijar una relación mínima de asistentes respecto a la cantidad de menores en cada centro.
Eso sí, explican en el Ejecutivo, la idea no es realizar un reemplazo de los trabajadores, sino que implementar una fase de capacitación para quienes se desempeñan actualmente en hogares del Sename. “Hay que valorar la gente que está y capacitarlos”, explicó Ortiz.
Sobre la puesta en marcha de los nuevos servicios, desde el Ejecutivo detallan que la idea es desarrollar un sistema de implementación progresivo. Una opción que se baraja es que estos servicios comiencen a funcionar primero en algunas regiones, para luego estar operativos en todo el país.
Otro punto que también ha sido abordado durante la elaboración de las iniciativas es el rol de los centros privados que hoy funcionan en coordinación con el Sename. La intención es mantener los hogares de este tipo, exigiéndoles una acreditación específica dependiendo de su modalidad.
Además, para los destinados a menores que hayan cometido ilícitos, se pretende asegurar que quienes tengan contacto con los residentes sean funcionarios civiles. Pese a esto, se contempla que Gendarmería resguarde el perímetro de dichos centros, tal como sucede actualmente.
“Uno de los temas que a nosotros nos interesa es hacer convenio con los organismos que tienen experiencia en este tema, pero bajo un sistema de acreditación”, dijo Ortiz.
Estos dos proyectos se suman a las otras cinco iniciativas que forman parte de la agenda legislativa en materia de niñez. Entre estas se incluyen la ley marco que establece las garantías de los Derechos de la Niñez, y la creación del Defensor y la Subsecretaría dedicada especialmente a estas materias. Todos estos ya se encuentran en tramitación (ver tabla).
Junto a estas también está Ley Adecuatoria de Tribunales de Familia, que pretende ser ingresada durante este año, y una norma que apunta a modificar la Ley de Subvenciones, que fue postergada para el próximo año.
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