En el contexto del proceso de modernización del pase escolar, ordenado en octubre de 2014, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) envió a fabricar una nueva Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para un total de 2,5 millones de estudiantes, alrededor de todo el país, tanto en la educación básica como media.
Dentro de esta cantidad, un total de 13.359 tarjetas (un 12%) fueron entregadas a beneficiarios que “no cumplían con el requisitos de acreditación de alumno regular”, así lo señala la Contraloría General de la República, en un reciente informe final de auditoría, que agrega que “tanto las acciones como omisiones de las autoridades generaron un desmedro económico cuantificable”, que suma 859 millones de pesos, según consigna La Tercera.
La millonaria pérdida ocurrió cuando la Junaeb era administrada por José Miguel Serrano, contra quien existe una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Actualmente, está siendo investigado por el Ministerio Público por presunto fraude al Fisco, por las posibles irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb.
¿Cómo se explica que cientos de miles de pasos escolares hayan sido usados de manera ilícita? Según un documento de 67 páginas, que fue redactado por el organismo de control de la Junaeb, “extrajo del Sistema TNE la nómina de alumnos que durante el ejercicio 2014 mantuvieron un pase escolar activo, para que en base ella se confeccionara la pertinente al año 2015, no obstante que correspondía obtener los datos actualizados”. Es decir, no se contrastó la información con los certificados de alumno regular, proporcionados por los recintos educacionales correspondientes. Cabe destacar que, de todos los casos, 273 mil se concentraron en la enseñanza superior.
Otras de las fallas están en el proceso de fabricación y distribución de los pases. Según consigna La Tercera, “la Contraloría acusa falta de respaldo y control de información, falta de integridad de los datos, además de la omisión de supervisión a las empresas encargadas de distribuir los pases escolares e incumplimientos en la entrega de estos”. Con respecto a dichos incumplimientos, la Contraloría especificó que “la Junaeb no ha efectuado las acciones de cobranza de al menos 179.860.117 millones de pesos”.
El organismo, que atraviesa una evidente crisis, además evidencia que se han fabricado 195 tarjetas estudiantiles para personas que habían muerto; algunos que ni siquiera existen en las bases de datos del Registro Civil; y otros que no tienen, ni siquiera, una edad compatible con el pase escolar.
Las negligencias han obligado a realizar un sumario administrativo para dar con los responsables. En este contexto, Cristóbal Acevedo, director de Junaeb, admitió que en septiembre del año pasado había 200.000 tarjetas estudiantiles que ni siquiera habían sido entregadas. “Reconozco que hubo una debilidad institucional (a la cual se puede deber la serie de errores), pero adicionalmente había problemas de diseño del proceso, de establecer una trazabilidad (seguimiento) y en las bases de licitación”, señaló, agregando que “hemos buscado mecanismos que nos den más seguridad de los datos. Uno de ellos puede ser el Registro Civil, pero lo más importante es tener cómo chequear la información y hay varios mecanismos que lo permiten”.
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