La reciente entrega de la encuesta Casen 2015 volvió a reflotar el debate respecto a la desigualdad que existe en nuestro país, y también de la pobreza que aún afecta a poco más de un décimo de la población. En este sentido, cabe destacar algunos datos contenidos en la encuesta bianual, tanto respecto de los ingresos autogenerados por los hogares chilenos, como en relación a la relevancia de los subsidios que entrega el Estado para la superación de la pobreza.
En efecto, en la última década los ingresos generados a través del trabajo en el 60% de la población de menores recursos -a quienes se dirigen el grueso de las políticas sociales del Estado- crecieron 21,9%, pasando de $ 267.053 mensuales promedio en 2006, a $ 333.449 en la última medición. En el caso del ingreso autónomo, que considera también rentas, intereses, jubilaciones, pensiones o montepíos, entre otros, el aumento para los primeros 6 deciles fue de 26,3% desde 2006. Esto implicó pasar a un ingreso promedio autónomo desde $ 317.439, hasta un monto de $ 404.174 en la última medición.
Ahora, mirando la evolución de los subsidios monetarios destinados al mismo segmento de la población, estos crecieron 167,8% en la última década, desde un promedio de $ 15.169 hasta los $ 38.447 en 2015. Si bien esta puede parecer una cifra muy baja, basta mirar el aporte que significa para el primer decil, donde los subsidios monetarios del Estado implicaron 41% del ingreso total en 2015. De esta manera, se puede observar que los subsidios monetarios crecieron 5 veces más que los ingresos autónomos en los hogares del 60% más pobre de la población, durante la última década. Dicho de otra forma, fue principalmente este incremento el que permitió que los ingresos monetarios de los primeros 6 deciles crecieran un 35,3% promedio desde 2006, llegando hasta los $ 442.621.
En este punto, cabe recordar que la línea de pobreza establecida en la última Casen 2015 se estableció en $ 151.669 para hogares de una persona, mientras que para el hogar chileno promedio de 4 personas, se ubicó en ingresos de $ 400.256. La línea de pobreza extrema, en tanto, se situó en $ 101.113 en el primer caso, y en $ 266.838 en el segundo.
De acuerdo con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios de la Universidad Católica, el aporte de los subsidios estatales “es exactamente lo que está detrás de las cifras de mejora en la desigualdad. Es la política social que está en curso”.
Con esto, recordó que desde 2008 existe el sistema de pensiones solidario, que en un principio se concentró en el 40% más pobre, y hoy ya cubre al 60% de la población. “Eso, obviamente, significó un incremento importante en los ingresos de las personas”, continuó Bravo, agregando que “también está el ingreso ético familiar, los subsidios monetarios como el del empleo juvenil, y el subsidio al trabajo de las mujeres (en los primeros 4 deciles)”. De hecho, del incremento que experimentaron los ingresos del 60% más pobre de la población desde 2006 ($ 110.013) el 79% se concentró en los ingresos autónomos, y un 21% se debió a los subsidios monetarios.
No todo es monetario
Con todo, el aporte de este tipo de subsidios estaría lejos de explicar el verdadero rol que juega el Estado en materia de pobreza y desigualdad, afirma el economista. “Son sólo parte de la política social”, explicó Bravo, señalando que “una buena parte de la política tiene que ver con servicios, como el Auge o el acceso a la educación. Si se incorpora ese valor la desigualdad disminuye de manera mucho más fuerte”.
Solo en términos monetarios, el coeficiente de Gini pasó de 0,505 hasta 0,495 en la última década, si consideramos el ingreso autónomo de los hogares. En tanto, sumando los subsidios estatales, dicho coeficiente pasa de 0,499 en 2006, a 0,482. Sin embargo, Bravo recalca que “las cifras que se presentan no dan cuenta del impacto de las políticas sociales en la desigualdad. Es otro mundo, y en la Casen solo captamos un pedazo del aporte de la política social cuando miramos los subsidios”. En este sentido, el gasto público ha crecido un 7,4% promedio en el período 2006-2015 y puntualmente en el Presupuesto 2015 se estableció que un 68% del gasto total apuntaba a políticas sociales.
“A las personas como contribuyentes, si uno les dice que con los recursos recaudados se ha disminuido la pobreza sostenidamente, pero al mismo tiempo le decimos que en desigualdad no se avanza, está claro que se sentirán frustrados”, criticó el director del Centro de Encuestas y Estudios de la Universidad Católica, apuntando al Ministerio de Desarrollo Social y de Hacienda para que entregue la información del valor monetario de los subsidios basados en servicios.
Valor del crecimiento
Si bien para Tomás Flores, académico de la U. Mayor y ex subsecretario de Economía, valora el aporte de los subsidios monetarios entregados por parte del Estado, es “el rol de focalización de los subsidios en los más pobres, en vez de responder a grupos de presión, lo que empieza a generar este cambio en la composición de los subsidios por decil”. En este sentido, aseguró que “en los ingresos del trabajo la variable más relevante es el crecimiento económico, de hecho, el salto más importante se ve entre 2011 y 2013”, a lo que agregó que “es ese crecimiento económico el que lo sacará de la pobreza”.
Añadió que “sí hay hogares pobres, donde hay personas muy jóvenes o de mayores de edad, que no logran obtener los beneficios de la aceleración económica. En ese tipo de grupo familiar el subsidio monetario puede significar un cambio importante en su calidad de vida”, acotó Flores, agregando que se debe tener cuidado con que el subsidio monetario no termine por inhibir la entrada al mercado del trabajo.
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