Gonzalo Vial Concha fue a la Fiscalía de O’Higgins el 12 de enero de este año para dar un testimonio que cambiaría el rumbo del caso Caval. La diligencia de ese día abrió la arista que les significará a los socios de la empresa, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, una nueva formalización -por el delito de estafa- el próximo 6 de enero, casi un año después de la diligencia original. Luego de dar un testimonio que quedó registrado en tres carillas, Vial dejó un archivador de tapa café, marca Búho, con 348 hojas impresas. Estos documentos se los había entregado Compagnon entre 2012 y 2013, mientras duró su relación comercial y la amistad que se generó a partir de ella. No se trataba de informes técnicos ni de propuestas de negocios, sino de correos electrónicos entre altos ejecutivos de Agrosuper y el holding inversor Graneles, obtenidos supuestamente a través del programa Hit Hack Demon, utilizado para extraer información de ciertos servidores.
Uno de ellos, supuestamente enviado el martes 28 de febrero de 2012, a las 11.00, bajo el encabezado “noticia”, decía lo siguiente:
“Supe que quieren revisar los informes que preparó Felipe. No sé por qué, pero no creo que sea para algo bueno. Hay que maquillar ahora mismo y salir de esta pronto. Debes ayudarnos con esto para no levantar ruido”.
Los mensajes eran bastante crípticos, pero siempre dejaban entrever alguna maniobra oculta dentro de la compañía de Vial. Otra de las muestras que fue analizada por Labocar de Carabineros data del mismo día, a las 11.04.
“Me contaron del BCI que aún no han recibido tus órdenes. Yo no quiero ver más este tema directamente, por eso llévalo tú desde ahora. Germán por acá no ha aparecido. Me tiene preocupado. ¿Sabes algo?”.
Según las pesquisas de Labocar, los documentos corresponden a pantallazos de un computador. La mayoría de las imágenes muestran el intercambio de mensajes dentro un grupo cerrado de la plataforma Yahoo Mail. Los usuarios del grupo no están identificados con sus nombres reales y utilizan seudónimos que van de “F1” a “F9”. Uno de los integrantes del grupo explica al resto en uno de los correos que todos ellos son “un grupo de auditores de primer nivel” y que “sus proyectos son muy rentables y que manejan a la mayoría de las familias top de Chile”.
Los correos entregados a Vial habrían sido enviados entre el 12 de enero de 2012 y el 31 de agosto del mismo año. En la correspondencia, Labocar identificó que se menciona a 96 personas, entre naturales y jurídicas. A algunas se les llama con apodos, como ocurre en el caso de Vial, a quien se le denomina “Cachorro”, mientras que a otras se las nombra directamente, como a Compagnon y Valero. También se mencionan apellidos de personajes ligados a los negocios y la política, como “Paulmann”, “Matthei”, “Girardi”, “Matte”, “Cardemil” o “Pinochet”.
Otro de los elementos que llamaron la atención de Carabineros aparece en la página 64, cuando uno de los integrantes del grupo hace una recomendación: “Lo último que nos aconseja el informático y el abogado es… Atención… Traten de escribir con faltas ortográficas. Si algún día se filtra un mail podemos negarlo, ya que obviamente gente de nuestra posición no cometería dichas faltas y lo endosamos a gente que nos quiere hacer daño. Lo encuentro muy lógico, así que manoz a la ovra (sic)”.
A partir de este correo, los mensajes comienzan a presentar faltas de ortografía.
Aunque Labocar no logra determinar en su informe si los correos son verdaderos, Vial llega a la conclusión e que son falsos y que ha sido engañado. “Me he dado cuenta de que todos estos documentos pueden ser parte de un engaño cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas”, dijo el empresario en su testimonio ante el fiscal Sergio Moya.
Natalia Compagnon no ve a su suegra, la Presidenta Michelle Bachelet, hace casi un año. Tanto ella como su marido, Sebastián Dávalos, están alejados de la Mandataria desde hace tiempo, lo que también ha significado que Bachelet no haya visitado a sus nietos durante los últimos meses.
El golpe que significó esta nueva solicitud de formalización logró un efecto impensado: la reaparición pública de Dávalos. El ex director sociocultural de La Moneda acompañó a su mujer en los tribunales de Rancagua, donde el viernes se discutió la rebaja de medidas cautelares de Compagnon. De acuerdo a lo explicado por su defensa, la idea de Compagnon era viajar a Estados Unidos para sostener reuniones de negocios en diversas ciudades del estado de Florida. Desde su entorno aseguran que la fiscalía estaba al tanto hasta del itinerario que ella tendría en Estados Unidos y que existía un acuerdo preliminar para no ponerle trabas a su salida. El fiscal Moya lo niega tajantemente. De igual forma, la negativa del Registro Civil a renovarle su pasaporte y la ratificación de la cautelar de arraigo nacional terminaron por frustrar sus planes nuevamente. Compagnon no podrá salir del país para fin de año y, además, deberá enfrentar una audiencia de formalización durante los primeros días de enero.
“No se han respetado principios tan básicos como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. A mi entender, la fiscalía ha cometido faltas graves, incluso constitutivas de delitos. Es por esto que me sumo a las quejas por las filtraciones a la prensa, eso es un delito y está tipificado. Esto parece un circo romano, si tengo a la opinión pública en contra, los fiscales actúan en esa línea”, se quejó Compagnon, en una intervención en la cual volvió a evidenciar su distancia con el gobierno. Las críticas al Ministerio del Interior y la mención a Ana Lya Uriarte -jefa de gabinete de Bachelet- por su informe a Vial sobre la termoeléctrica Los Guindos fueron un fiel reflejo del quiebre.
En sus descargos públicos, Compagnon también aludió al informe del OS-9 de Carabineros que se conoció esta semana, en el cual se concluye “la falta de antecedentes para poder establecer finalmente la ocurrencia del delito”. Para Luis Hermosilla, abogado querellante detrás de Gonzalo Vial, el OS-9 no tiene la facultad de hacer un juicio de ese tipo, por lo que se elevará un reclamo a Carabineros por haber excedido sus atribuciones.
“Mi convicción es que Caval es una máquina para defraudar”, asegura Hermosilla, citando la famosa frase del fiscal Carlos Gajardo en la primera formalización del caso Penta. “Generaron un engaño en distintas personas, ofrecieron servicios que no corresponden y, en definitiva, armaron un vehículo para obtener el goce de grandes cantidades de dinero”.
La querella de Gonzalo Vial se remonta al origen mismo de Caval, cuando Compagnon y Valero todavía trabajaban como Inprocon. En enero de 2012, Verónica Vanni puso en contacto a Vial con Compagnon, tras la insistencia de esta última. “Natalia y otros dos sujetos insistían en querer llegar a Juan Pablo Bamba y Gonzalo Vial, que querían presentarle negocios”, declaró Vanni. “En esa reunión nosotros teníamos que hablar de la oficina, pero ahí Natalia empezó a hablar de muchas asesorías y negocios que podría prestar a Gonzalo; decía que conocía a todo el mundo, que era la nuera de Bachelet y que tenía acceso a todo”.
Vial buscaba asesoría en proyectos inmobiliarios que esperaba desarrollar en sus terrenos de Tejas Verdes y Collaipo, pero pronto vio que Compagnon le ofrecía mucho más que eso, con proyectos mineros y portuarios. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en el piso 9 de la Torre Santa María, en las oficinas del estudio que comparten Isidro Solís y Belisario Velasco. Aunque el socio de Compagnon, Mauricio Valero, no le causó una buena impresión a Vial, se abrió a trabajar con ellos.
“Me señalaba que ella manejaba mejor al cliente sola, por ende, ella acostumbraba a reunirse periódicamente, al menos dos veces por semana y durante todo el año 2012 en el haras de Gonzalo Vial o en restoranes, pero nunca en la oficina de Graneles S.A. Según lo que comentó Natalia, ellos entablaron una estrecha relación personal que se tradujo en negocios para la empresa, desconozco qué trataba ella, conversaba, acordaba o definía en términos monetarios de manera directa con el Sr. Vial”, declaró Valero.
El 1 de febrero de 2012, Caval y Graneles firmaron un “Acuerdo de Presentación y Funciones”, según el cual la empresa prestaría asesorías en los rubros mineros y portuarios en la Región de Atacama a cambio de una cifra inicial de $ 162 millones. La personalidad jurídica de Caval todavía estaba en trámite y se constituyó un poco después, el 3 de febrero. “Caval solo se constituye de forma legal para dar una apariencia de verosimilitud y seriedad a las asesorías que me ofrecían en diversos ámbitos”, expuso Vial en la querella del 6 de junio.
De acuerdo a ambos socios de Caval, Compagnon conseguía los negocios y le dejaba a Valero la tarea de generar los contenidos, salvo con un par de contactos que eran exclusivos de ella. Valero habría encargado una gran cantidad de estudios a expertos en minería, como Patricio Muñoz, Mario Cabezas, Antonino Prado y Pascual Veiga, para oportunidades de negocio en el rubro entre la Región de Antofagasta y la de Coquimbo. Caval también habría negociado la venta de un yacimiento de Vial en Chañaral, la búsqueda de una concesión portuaria en la Tercera Región y la compra de la central termoeléctrica Los Guindos, en la Octava Región. Por todos estos servicios Caval recibió alrededor de $ 1.200 millones en un año.
La versión de Vial es distinta. El empresario asegura que muchos de estos trabajos nunca estuvieron en el contrato y que él pagó solo por ocho informes que resultaron ser copiados de estudios realizados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Dos de estos documentos estaban inscritos en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual. Este sería uno de los dos hechos que configurarían la estafa que investiga la Fiscalía de O’Higgins.
“Las cuatro facturas señaladas en la querella son por todos estos estudios realizados, no solo por los ocho informes sindicados”, dijo Compagnon, quien igualmente le achacó a Valero la responsabilidad por los informes copiados.
Valero, por su parte, contestó que “no se facturó a Graneles” por los informes investigados, porque “se incluyen entre la información adicional que pedía Gonzalo Vial para su lectura”.
Los conflictos por estos negocios no se hicieron evidentes hasta el estallido del caso Caval en 2015. Durante 2012 y 2013, la relación entre Compagnon y Vial se mantuvo firme. Ella lo incluyó en una reunión con inversionistas chinos en el hotel Hyatt para buscar oportunidades de negocios; ella le ofreció crear una fundación basada en la hipoterapia y levantar un museo; ella le pidió arrendar su predio Haras de Callanas en Paine para el matrimonio con Dávalos, el 14 de octubre de 2012, que finalmente fue cedido como un regalo. La relación comercial se terminó recién en febrero de 2013 por la falta de liquidez de Graneles y porque ninguna de las propuestas de Caval terminó por convencer a Vial. La amistad entre ambos, sin embargo, se mantuvo.
Al mismo tiempo, el otro elemento de la presunta estafa ocurría subrepticiamente, sin contratos ni facturas que dejaran rastro.
“El contrato decía puras mentiras. Mi trabajo era de espionaje informático”, escribe sin pudores Victorino Arrepol en una minuta que presentó a la fiscalía. Nacido en Concepción y conocido por un episodio de “autosecuestro” en 2011, Arrepol conoció a Mauricio Valero por medio de un amigo en común, el cantante cubano Manuel Villagra, también conocido como “J-Kill”. Su relación formal con Caval comenzó en octubre de 2012, cuando firma su primer contrato de honorarios por asesoría informática y de administración. Comenzó a trabajar directamente con Valero en el montaje de sistemas de seguridad informática y en todo tipo de trámites, como representar a la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para buscar rebajas impositivas que dice haber conseguido. No era raro verlo manejando alguno de los Lexus de la empresa realizando alguna gestión. Compagnon lo bautizó como “Tom”.
Sin embargo, el verdadero talento de Arrepol estaba frente a un computador. En teoría, sus conocimientos le permitían obtener información de lugares difíciles. Según la minuta que entregó a fiscalía y sus declaraciones judiciales, Arrepol realizaba ataques informáticos a pedido de Valero. Entre los blancos de Caval estaban empresas vinculadas a sus negocios, como LG, Saydex, Municipalidad de Recoleta, Municipalidad de Machalí, Graneles, revista Qué Pasa, CCU, Antofagasta Minerals y Canal 13, entre otros. Arrepol habría intentado intervenir también las comunicaciones de otros personajes del negocio de Machalí, como
los intermediarios Patricio Cordero y Juan Díaz, la arquitecta Cynthia Ross y el síndico Herman Chadwick.
Gonzalo Vial no fue la excepción. Arrepol comenzó a buscar información y dice haber encontrado indicios de un fraude en correos electrónicos de altos ejecutivos de Graneles y Agrosuper y en un grupo secreto de Yahoo Mail. Este material era entregado a Valero, quien se lo pasaba a Compagnon, y esta, a su vez, lo llevaba ante Vial. “Mediante la aparente comisión de un delito informático se obtuvo información de los servidores de mi empresa, la que fue alterada de manera tal que me representara falsamente que empleados de Inversiones Graneles defraudaban a la empresa, lo que me motivó a pagar altas sumas de dinero por trabajos cuyo valor de mercado era muy inferior”, expuso Vial en su querella.
Las versiones respecto de la calidad de esta información varían. Hay quienes creen, como el abogado de Vial, Luis Hermosilla, que era todo inventado; otros, como el fiscal Moya, ven que puede haber un elemento de realidad que ha sido modificado para beneficio de quien la provee. Dentro de Caval, Valero y Compagnon culpan a Arrepol de falsear la información. El dice otra cosa.
“En Caval yo recopilaba la información que se me pedía, pero me daba cuenta de que antes de entregarla a los destinatarios, la información era manipulada, es decir, le ponían y le sacaban cosas. Mauricio Valero me decía que no podíamos entregar la solución de inmediato, ya que había que sacarle más provecho al cliente”, declaró Arrepol en marzo pasado.
Como cercano a Caval por diversos negocios, el operador UDI Juan Díaz fue uno de los testigos del trato entre Compagnon y Vial. “No me enteré de problemas en la relación entre ellos hasta que visité la oficina de Herman Chadwick Larraín a finales de 2014 y Herman me comenta que le dijera a Natalia Compagnon que la corte de una vez por todas de estar entregándole información falsa a Gonzalo. Me dijo: ‘Lo tiene loco y paranoico con tanta información de montajes’”, declaró Díaz en noviembre pasado. Este también recordó un episodio en el que se le había informado a Vial que los “complotadores” se reunirían en el hotel Hyatt a determinada hora de la tarde. Nunca llegó nadie.
“Al tiempo, Natalia me comentó que lo que ella hacía era asesorarlo y entregarle información. Ella le comentaba de complots familiares en contra de Gonzalo Vial; ella le ofrecía un servicio de inteligencia a este empresario”, agrega Díaz.
En tres años, Arrepol recibió poco más de $ 92,6 millones de parte de Caval. La cifra no era lo que le habían prometido. Como estaban en deuda, Compagnon decidió recomendárselo directamente a Vial para que trabajara con él, a fines de 2014. Una versión que ella niega. Antes de contratarlo, Vial lo llevó a la oficina de su abogado, Ciro Colombara, para ponerlo a prueba. Ambos habrían quedaron convencidos de sus capacidades, por lo que el 27 de enero de 2015 se firmó un contrato de honorarios entre Inversiones La Purísima -propiedad de Vial- y Arrepol por “servicios integrales informáticos” a cambio de 5.000 UF anuales. También le facilitó un Honda del año 2009 y le pagó un viaje a Colombia para comprar software. En medio de ese periplo, revista Qué Pasa destapó el negocio de Machalí. Todo terminó ahí.
Después de varios años de recibir supuesta información confidencial sobre un fraude, Gonzalo Vial ahora está convencido de que fue engañado. Según el propio empresario, su antiguo abogado, Ciro Colombara, también adscribía a aquella teoría y, por lo mismo, fue reemplazado por Luis Hermosilla. La querella presentada por ambos llevará una vez más a Natalia Compagnon y Mauricio Valero al Juzgado de Garantía de Rancagua para ser formalizados por el fiscal Moya y su superior, el fiscal regional Emiliano Arias. Más adelante podría sumarse a ellos Arrepol, que ya está formalizado por usurpar la identidad del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en un correo electrónico.
Sin embargo, tanto los querellantes como los persecutores consideran que faltan elementos de investigación para que la imputación esté firme y permita eventualmente acusarlos. Además de dos declaraciones de Vial y Arrepol que permanecen bajo reserva, será clave un nuevo informe de Labocar que comparará los correos entregados por Vial con los casi 40 mil documentos aportados por Arrepol hace un par de semanas. Solo después del cotejo de estos mensajes los fiscales podrán dilucidar qué era real y qué era solamente virtual en esta arista.
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