Si bien aún no ha mostrado un programa de gobierno y en su discurso de lanzamiento de campaña abundaron los eslogan más que propuestas concretas, el ex presidente Sebastián Piñera, uno de los precandidatos de Chile Vamos para las elecciones de noviembre, ha dado pinceladas de cuáles serían sus medidas en caso de ganar la carrera.
Durante el presente gobierno de Michelle Bachelet, una de las principales reformas realizadas fue la tributaria. Tanto en esta como en las otras más relevantes impulsadas por la Nueva Mayoría la posición mostrada por Piñera ha sido la de retroceder en las modificaciones, lo que él ha llamado “corregir”, pero que suena más a la tan citada por Chile Vamos, “retroexcavadora”.
Sobre este punto en específico, el ex presidente ha planteado volver a un sistema de impuestos integrado, donde se distinga entre los ingresos que se destinan al consumo, al ahorro o la inversión. Esto condicionando el monto de la carga tributaria dependiendo de la situación económica del país.
Para el economista Andrés Solimano, volver al impuesto integrado significa que se evitaría que las empresas tributaran dos veces, pero lo que no es una medida en beneficio de las arcas fiscales: “El problema es que el impuesto integrado beneficia a los dueños de empresa y no a todo el mundo. Si vuelve puede que el sistema tributario no sea muy progresivo”, dijo el especialista.
Durante la semana pasada, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que busca modificar la Constitución de nuestro país, a través de una “Convención Constituyente”. En respuesta al proyecto firmado por Bachelet, Piñera conformó un equipo constitucional en el que participarían abogados como Arturo Fermandois y parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos, Alberto Espina, Hernán Larraín y Cristián Monckeberg, según consignó T13.cl.
De esto, el ex presidente no ha dicho nada concreto. Pero Arturo Fermandois declaró a El Mercurio que la propuesta del Ejecutivo menosprecia el orden institucional, los logros y reformas de la Constitución que fue concebida y aprobada en dictadura.
En materia laboral, en tanto, para contrarrestar la reforma aprobada en el actual gobierno, Piñera ha mencionado que se deben resolver las “ambigüedades” que dejó la ley en materia de grupos negociadores, también además de reincorporar el concepto de huelga pacífica y sumar elementos de flexibilidad laboral.
El docente de Derecho Laboral en la Universidad de Chile, José Luis Ugarte, intuye que lo mencionado sobre grupos negociadores es básicamente volver a integrarlos al Código del Trabajo, debido a que por un error de Andrés Allamand, estos quedaron fuera. Ugarte dice que sería una “vergüena” si esa fuera la propuesta, debido a que sería un intento de salvar la honra política de Allamand, además de echar atrás el “único avance” conseguido para los trabajadores.
Además, el abogado señaló que la propuesta sobre el concepto de huelga pacífica no sería concluyente en la práctica debido a que ya existe: “Eso de Piñera es pura retórica. En la reforma que ya se aprobó se establece la sanción para la fuerza física o moral dentro de la huelga respecto de los trabajadores. Con esa norma, entre comillas, está en algún sentido garantizado lo que quiere Piñera”, dijo el académico.
En uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, Piñera nombró a su esposa, Cecilia Morel, como líder de su equipo de pensiones. El ex mandatario, en su discurso, se ha limitado a mencionar que es un tema a dignificar para los adultos mayores de nuestro. Pero fue en un debate improvisado con Ricardo Lagos, en dependencias del Grupo Dial, que Sebastián Piñera fue más específico respecto de su postura, señalando que el 5% extras de cotización previsional deben ser administrados por las AFP.
Al respecto, Ugarte señaló que “los empresarios en Chile, incluido Piñera, defienden a las AFP porque han sido una forma de financiamiento del mundo empresarial. Ellos no las ven como un sistema de seguridad social, sino que como una forma para obtener recursos”.
Finalmente, en materia educacional, el ex presidente ha dicho que la gratuidad no es una prioridad, por lo que propuso mantener el 50% de beneficiados en este ítem, y en adelante seguir con un sistema de becas y créditos administrados por el Estado. Además, especuló con impulsar una sociedad docente por sobre un Estado docente, lo que Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, interpreta como privatización: “Para nosotros es un anuncio muy grave porque el sistema educacional ya está extremadamente privatizado y cuando dice sociedad docente, en realidad está diciendo empresarios de la educación”, señaló a Radio Universidad de Chile.
Su idea de frenar la gratuidad ha sido rechazada tanto desde de los gremios como desde los conglomerados opositores al ex mandatario, por significar un retroceso en lo conseguido tras las demandas de la ciudadanía.
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