Hace unas semanas hablamos en este espacio de comunicación acerca de cómo el gobierno bajo el argumento de la crisis que afectaba a Europa y sus eventuales efectos sobre la economía nacional, pretendía hacer ajustes laborales contrarios a los intereses de los y las trabajadoras chilenas. Ahora los invito a reflexionar sobre las características de esa velada amenaza y los cursos de acción que los decisores de la política han tomado en esos países.
En un mundo global y conectado en forma instantánea, los medios nos aturden y golpean hasta la insensibilidad con situaciones críticas en diferentes frentes, pero son claramente cuestiones de orden económico – financieras las que al producirse en un país afectan las cotidianeidad y vida de millones de ciudadanos/as en forma directa y de otros millones indirectamente, en un verdadero “efecto mariposa”. Esta constatación no es el tema de discusión pero sí lo es, la forma como los países han abordado estas situaciones de quiebres en el funcionamiento de los mercados financieros y quienes son a fin de cuentas los que cargan con los costos de estos desbarajustes.
Europa, conmocionado por una larga crisis que deriva entre otras razones de la instalación de una política de unificación monetaria tras el euro, pero que no consideró la unión fiscal (unidad cambiaria pero con reglas fiscales diferentes) parece haberse ido de las manos de los gobiernos y deja desde fines del 2009 a la parte, verdaderos ejércitos de trabajadores/as sumidos en la cesantía con tasas de un 11,2 de la PEA en promedio en la zona euro y de 10, 4% en la UE. Los más afectados: España con un 24,8%, Grecia con 22,5%, Portugal 15,4%, Francia 10,1%, Italia 10,8%. Por otra parte y como primer control de daño el efecto multiplicador especialmente dramático sobre los y las jóvenes donde alcanza un promedio de 22% de cesantía en la UE, enfrentándose a un duro e incierto escenario laboral .
Ante esta realidad las instituciones financieras internacionales – IFIS- o más precisamente la “Troika” como se conoce hoy a la acción concertada del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea ( FMI, BCE, CE) frente a la crisis en Europa, recurren e imponen la conocida herramienta del ajuste estructural y los prestamos condicionados como medidas para “sanear” la falente economía ante lo cual los gobernantes- algunos con la sensación del fracaso de sus políticas a cuesta – y otros con una leve sonrisa poco disimulada, se dedican a
a) Disminuir el campo de acción de los Estados: Se considera que dado el déficit fiscal, la dificultad de inversión y la “ineficiente” administración de los bienes del estado, el traspaso al sector privado generaría recursos frescos para inversión social. Así se da luz verde a la reducción la vía externalizacion, tercerización y privatización los bienes públicos , empobreciendo los Estados, efectuando fusión de servicios públicos y disminuyendo drásticamente los puestos de trabajos del sector asociado también en muchos casos al desmonte de políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables.
b) Generar marcos fiscales regresivos para la población: El aumento de los impuestos en forma general para la población y el incremento a los trabajadores de las tributaciones de seguros sociales forma parte de la receta libremercadista.
c) Desregulación del mercado de trabajo: La agilización del despido laboral y las medidas que apunten a degradar la condiciones contractuales de la fuerza de trabajo haciéndola más barata frente a los ojos de los inversionistas- lo que actuaría como “incentivo” para robustecer la presencia de la industria privada generadora de bienes y servicios, cuestión que permitiría contener el desempleo y el encarecimiento de los procesos de producción haciendo más competitiva la economías locales.
Divisando los mercados laborales en Europa de hoy…..
Todo lo anterior resulta de fácil seguimiento a través de la prensa donde podremos observar cómo esta epidemia y su correspondiente acción “remedial” pasó de Grecia a España, de ahí a Portugal, Italia, Chipre, Irlanda, Bélgica y que hay una vigilia constante a países sólidos como Alemania y Suiza que ha aumentando su riesgo país.
Todo el continente arrastrado en esta crisis, aun aquellos países que no forman parte de la eurozona como Hungría pero que, dado que los varios países europeos tienen inversiones importantes en ese país, se ha visto igualmente contagiado del escenario económico descrito y ya el 4 de junio pasado, el gobierno húngaro catalogó de «muy grave» la situación del país y señaló que debían “evitar el camino de Grecia”.
En el Reino Unido ya desde el principio de su mandato el año 2010, el gobierno británico de coalición, indicó que los recortes serían una prioridad de su gestión. Por esto no fue extraño que el 22 de junio pasado George Osborne, Ministro de finanzas, presentase un presupuesto que contenía fuertes recortes del gasto público. Entre las medidas que contemplada están el congelamiento de salarios públicos, la reducción del 25% en el gasto de la mayoría de los ministerios y un incremento general del impuesto al consumo del 17,5% al 20%.
En todos los países de la eurozona las respuestas a la crisis incluyeron a los trabajadores y sus salarios y pensiones y Reformas Laborales en España, Portugal e Italia.
En Grecia en mayo, el parlamento griego aprobó el plan de austeridad planteado por el gobierno. Dentro de las medidas se incluyeron recortes del gasto público y las pensiones – congelamiento y disminución de los salarios y un incremento de los impuestos. El objetivo trazado es lograr una disminución presupuestaria de 30.000 millones de euros en tres años y una reducción del déficit público menor a 3% para el año 2014.
En España fue el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que inició los ajustes que significaron una disminución salarial de los funcionarios de 5% en promedio y también el congelamiento de las pensiones. Ahora el Gobierno de Mariano Rajoy dio luz verde a una Reforma laboral que busco el abaratamiento de los costos de los despidos, reduciendo la indemnización a 20 días por año trabajado y rebajando la indemnización de 45 días por año trabajado a 33 para el caso de despido sin causa.
La reforma laboral incluyó la causa económica tanto para el despido individual como en los colectivos (tres trimestres consecutivos con disminución de facturación) y pone fin la autorización administrativa que exigía la anterior norma de regulación de empleo a las empresas en ese país para tomar decisiones de desafectación. Ahora entonces se permite que una vez se acaba el periodo de negociación (un mes) el empresario ejecute su decisión de despido sin acuerdo con los representantes de los trabajadores.
La reforma también extiende la flexibilidad al sector público permitiendo el termino de contratos en la administración central, organismos dependientes y autónomos (municipios) fijar como causa económica la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para permitir el despido colectivo.
La mencionada reforma facilita la rebaja de salarios, pues permite que un empresario modifique unilateralmente las condiciones sustanciales de trabajo tales como jornada, traslados, horarios o monto salarial hasta la base fijada en el convenio colectivo, bastándole aducir razones como la competitividad o el exhibir dos trimestres consecutivos de disminución de ventas.
También hay grandes cambios en la negociación colectiva. Desde febrero del presente año los convenios tienen fecha de caducidad al año, la prórroga indefinida de los convenios aunque no se renovaran, termino. Además, para autorizar el incumplimiento de un convenio (descuelgue) cuando una empresa está en dificultades se fijó un árbitro último en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Finalmente y para desmantelar la capacidad de negociación de los sindicatos se altera la jerarquía de los tipos de convenios de la negociación colectiva otorga preferencia a los pactos firmados dentro de las empresas frente a los que se alcanzaran en los sectores, rama o las provincias.
La reforma laboral también creó un nuevo contrato de trabajo del que solo pueden hacer uso los autónomos y las empresas con menos de 50 trabajadores. Esta figura fija un periodo de prueba de un año durante el que se puede despedir al empleado sin indemnización alguna.
Este contrato establece que la figura solo estaría en vigor mientras la tasa de desempleo estuviera por encima del 15%. El dato cierto de que actualmente está en 24,4% y que se augura una larga vigencia del instrumento.
Al mismo de las medidas de flexibilidad laboral se decretó una baja del impuesto a empresas desde un 23,75 por ciento a un 18 por ciento.
En Portugal el plan aprobado contempla una reducción del presupuesto militar, congelación de los salarios de los funcionarios y el recorte en programa/beneficios sociales. En cuanto al mercado laboral se introdujo el permiso para que todos los asalariados trabajaran media hora más al día sin costo para las empresas. Por su parte los trabajadores asalariados tendrán siete días laborales mas (tres días menos de vacaciones y cuatro fiestas menos), y las empresas decidirán sobre denominados “puentes”.
A partir de la Reforma se abarata el costo de los despidos, los trabajadores despedidos perciben 20 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 12 retribuciones y sin límite mínimo, lo que representan una pérdida de 10 días. Finalmente se reducen límite máximo menor de pago por concepto de indemnización de 1.257 euros a 1.048. Se introducen nuevas razones para despedir a un trabajador tales como “por inadaptación al puesto de trabajo” sin que este puesto de trabajo haya variado esencialmente. Para aducirla bastará indicar “una modificación sustancial de la prestación realizada por el trabajador que acarree una reducción continuada de la productividad o de la calidad o que conlleve averías repetidas en los medios de trabajo”, según el texto normativo.
Más recientemente, en materia de Seguridad Social, Passos Coelho, Primer ministro de Portugal, anunció el aumento en las cotizaciones a todos los trabajadores pasando de 11% a 18% medida que regirá a partir de 2013.
Por su parte en Italia, Berlusconi, antes del término de su mandato, dejó aprobado y en aplicación un plan de recortes para ahorrar 24.000 millones de euros entre 2011 y 2013 cuyas principales medidas incluyen la disminución de los sueldos y del empleo en el sector público, disminución en el gasto, el aumento de la edad de jubilación de áreas de trabajadores estatales, y la reducción de los fondos para los gobiernos locales. Respecto de la Reforma Laboral se centro en la modificación del artículo 18 del Estatuto de Trabajadores, aumentando las causales de desvinculación laboral, donde las empresas podrán aducir la situación de crisis para despidos. Aunque producto de la presión sindical y política debieron permitir la posibilidad de readmisión si un tribunal considerase el despido como “improcedente”. También la reforma considera una rebaja en el limite indemnizatorio para los trabajadores despedidos de 27 meses a 24 meses de salario.
En Alemania, la Canciller Angela Merkel anunció un plan de austeridad para un periodo de cuatro años y que tiene una meta de reducción del déficit fiscal alrededor del 3% para el 2013. Para ello incluyó un recorte de 80.000 millones de euros, la reducción de 10.000 puestos de trabajo, la eliminación de un subsidio a la maternidad y un aumento de los impuestos a los operadores de plantas de energía nuclear.
Nos detendremos un tanto más en el caso de Francia donde el 12 de junio del año pasado, a finales del gobierno de Nicolás Sarkozy, el primer ministro francés François Fillon, anunció e inicio un Plan de Austeridad previsto para cinco años que incluyó recorte en el gasto público en 500 millones de euros este 2012 y la extensión de la edad de jubilación adelantando la nueva reforma de las pensiones para que la edad de jubilación pase de 62 a 60 años un año antes de lo previsto originalmente (que era el 2017). El plan francés contemplaba un aumento del 5% de los impuestos de sociedades que pagan las grandes empresas, el incremento del IVA en numerosos productos y servicios que aspiran a reducir en 65.000 millones de euros el déficit público para que el 2016 se alcanzara un déficit cero.
Se contempló que el IVA reducido pase del 5,5% actual al 7% exceptuando artículos de primera necesidad como el pan y la leche. La Seguridad Social se verán reducidas a un presupuesto de 700 millones anuales y se limitará la revalorización de determinadas ayudas sociales (no se tocaría las ayudas familiares por hijo ni la revalorización de las pensiones ni las ayudas por desempleo).
Volviendo a Chile…
Mirado desde acá, nada de lo que ocurre es esos lugares nos es extraño, primero porque parte sustantiva de los cambios y reformas neo liberales que se emprenden en Europa, forman parte de las políticas emprendidas desde la década del ´80 y que son la matriz de las actuales condiciones contractuales que establece tanto el código laboral que rige al sector privado, como el Estatuto administrativo para el caso del sector público (ref. Periodo de desregulación sucesiva del mercado laboral en Chile iniciado con el denominado “Plan laboral” en 1979).
De manera tal que se reinstala hasta 1990 la práctica del desahucio unilateral sin necesidad de invocar causal, año en que se introduce un intento de corrección por parte del primer gobierno de Concertación a la asimetría entre trabajadores y empleadores reestableciendo la obligatoriedad de señalar causal, pero a la vez se introduce un eufemismo “de necesidades de la empresa” que lo hace bastante irrelevante en la práctica. La exigencia el pago de indemnización, si bien contemplada en la normativa tiene un límite de 11 meses bastante inferior a los países europeos mencionados incluso con los recortes pos reforma laboral.
Respecto de las modalidades contractuales en el sector privado estas son amplísimas y flexibles, desde las que definen funciones permanentes con plazos indefinidos, las permanentes con plazos acotados, las parciales por hora, las por faenas, etc. En el sector publico las modalidades son más restringidas (planta, contrata y honorarios). Sin embargo, el peso del trabajo público sobre el total de puestos de trabajo es muy inferior si se lo compara tanto con los países europeos, como los de la región y de igual manera las plantas, -modalidad más estable de trabajo- ha tendido a reducirse orientando las nuevas contrataciones en la última década a las formas de contrata o adscritos a programas.
La filiación sindical es de carácter voluntaria y solo se requiere el concurso de 8 trabajadores para conformar una organización sindical en empresas MIYPME y en las grandes con 25 trabajadores que representen a un10% del total. En el sector público existen las denominadas Asociaciones de funcionarios, organizaciones de trabajadores sin derecho a negociación reglada ni a huelga.
Se establece en derecho a negociación colectiva aunque restringido solo en el sector privado y bajo una modalidad única de negociación colectiva intraempresa, pero es una negociación debilitada y restringida en el origen, porque permite el reemplazo de los trabajadores desde el 1° día (si la última oferta considera incluir el Índice de Precios al consumidor -IPC-, como mecanismo para restituir la pérdida de poder adquisitivo ) y si no considera a partir del día 15 también puede recurrir a trabajadores temporarios de reemplazo, incluso se autoriza el descuelgue individual al cabo del día 15 o 30 días iniciado el movimiento según se haya ofertado incluyendo no el IPC.
En relación al sistema de previsión social, eso ya también fue considerado en los días de dictadura, cambiando el sistema fiscal de capitalización colectiva y reparto solidario e introduciendo el libre mercado en el sistema, bajo la modalidad de capitalización individual, que crea la figura de las AFP delegando al sector privado la suerte de las /los trabajadores chilenos.
Respecto del Estado chileno, no queda mucho de donde potencialmente ajustar, pues hay que recordar que la acción privatizadora fue implacable, iniciándose en la década de los ´70 con la trasferencia de derechos de explotación minera, empresas de, transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. En los ´80 se continúo con producción industrial como el acero y el azúcar y el sistema previsional y aun en los 90 se aplicaron dichas medidas especialmente en lo relativo a autopistas y servicios sanitarios este último proceso finalmente terminado el 2011. Agreguemos a ello que el aporte del sector público a la creación neta de puestos de trabajo fue de 12 por cada 100 nuevos puestos de trabajo entre 1990 y el 2003 muy inferior la década de los años 80 que fue de 15 .
En síntesis, a juicio nuestro no hay margen para considerar el mercado laboral chileno como rígido, no es razonable alegar que de haber una posible crisis global futura, o paliar los eventuales efectos de la europea sobre la economía nacional, se podría prevenir, aminorar o solucionar reduciendo el Estado o flexibilizando un mercado laboral como lo están haciendo los Europeos. El actual escenario laboral para los trabajadores es de suyo asimétrico, con baja sindicalización, una capacidad negociadora absolutamente disminuida, un Estado pequeño y con menguada capacidad de intervenir en las relaciones y condiciones laborales… ya no hay más.
Pero sabemos que este juicio no constituye un consenso. El sector empresarial, a pesar de la evidencia, considera que nuestro marco normativo es excesivamente rígido particularmente le parece excesiva la indemnización por años de despido y siempre está reactualizando el esfuerzo por eliminarlo. Los días feriados también parecen ser una fuente de un potencial debacle del mercado para lo cual se insinúan proyectos de ajustes como el denominado “Banco de horas” . Aunque desde ya para ese debate debe tomarse en consideración que el promedio de vacaciones anuales en la región es de 28 días, seis menos que el promedio de la Unión Europea (UE) y muy por debajo de los 15 días hábiles nacionales.
Pero no sería una reflexión completa si al menos no diéramos cuenta de lo ocurrido en otros lugares de la vieja Europa. En efecto con el cambio en el escenario político de Francia F. Hollande llega a convertirse en el 2° presidente socialista de la Republica comprometiendo el fin de la austeridad y planteando la necesidad de un nuevo pacto franco-alemán, (pues se planteo como opositor al pacto de ajuste al que llegaron marzo de este por 23 de los 25 países de la eurozona). Señala además como parte de su programa de 60 propuestas la creación de 200.000 empleos, preferentemente destinados a los jóvenes con el denominado “contrato generacional”. Compromete una Reforma del sistema bancario y la creación de un banco público de inversión destinado a las empresas de menor tamaño y elevar a 45% el pago de impuestos para quienes tengan ingresos de más de € 150.000 (euros).
Luego de los primero 100 días de gobierno, lejos de mejorar la situación hacen necesario nuevos ajustes y las encuestas muestran a un 54% de los franceses descontentos de la situación del país. A pesar de ello, Hollande intenta hacer las cosas de una forma distinta de modo tal que cumpliendo sus promesas restablece la edad de jubilación a los 60 años, aumenta por segunda vez los impuestos pero a las rentas más elevadas, incrementa las ayudas sociales (escolares) y los subsidios de cesantía haciendo por ahora más llevadera la situación para las población más vulnerable.
Establece que el ajuste será más equitativo- en comparación a lo que ha sido la aplicación ortodoxa del resto de Europa – señalando que aspira a “construir una sociedad más humana y solidaria”. El recorte plateado será de €33.000 millones sólo en 2013 y se traducirán en una diminución del presupuesto fiscal (a excepción de las partidas destinadas a educación, justicia y seguridad que no serán tocadas), un aporte de las empresas y una segunda aplicación de aumento impositivo temporal de 75% a los más ricos (ingresos superiores al millón de euros anuales).
De igual modo años antes, en la crisis económico financiera del 2009 vivida en Islandia cuya máxima expresión fue la quiebra de la banca y la dimisión del gobierno de derecha gobernante ese país es otro interesante ejemplo de la factibilidad de asumir una opción distinta – a las conocidas reglas del FMI- para avanzar en resolver los problemas de un país y sanear su economía. En la pequeña isla junto con una amplia movilización social, el inicio de un proceso de redacción de una nueva constitución política , un referéndum ciudadano que no permitió entregar recursos de salvataje a la Banca, un nuevo gobierno de coalición dirigido por una mujer logró que los bancos generaran un plan de condonación de créditos e intereses de gran magnitud equivalentes al 13% del PIB del país, lo que significó disminuir la deuda de más de un 25% de la población. De igual modo se aplicó justicia para quienes resultaron responsables políticos y económicos de la crisis y los recortes a las prestaciones sociales fueron menores y sin que afectaran estructuralmente la red de protección y seguridad social del Estado. Hoy a tres años ciertamente están lejos de haber ha resuelto todos sus problemas, pero ya Islandia crece más que el promedio del resto de la Unión Europea y respira más tranquila.
El mensaje es claro, guardando todas las diferencias que correspondan, hay maneras distintas de enfrentar los problemas económicos de un país. Las crisis, parte constitutiva de este estadio de desarrollo del capitalismo post industrial busca transformar estas en un sistema “natural de ajustes” como lo han sido las guerras en el pasado o las epidemias de la edad media.
Sin embargo, aún dentro de los límites del sistema, las correcciones pueden hacerse responsabilizando a los que corresponde de los orígenes y aplicando medidas de sanción a aquellos que han profitado del sistema y que tradicionalmente se han llevado las ganancia en las épocas doradas de las economías. Sin embargo lo anterior supone la capacidad de los pueblos de oponerse y ejercer control ciudadano activo, la voluntad y decisión política de los partidos políticos a quienes se les ha conferido el poder de administrar el Estado y los mecanismos institucionales para ejercer eficazmente el derecho de pronunciarse y decidir respecto de asuntos vitales para la comunidad.
En Chile, los estudiantes han demostrado que de lo primero algo existe, el segundo requerimiento parece inexistente o al menos parece afectado de ceguera y sordera y la último requisito, inexistente en la actual constitución, forma parte de lo que hace parte a esta democracia inconclusa.
Por Maria Fernanda Villegas
Centro de Estudios del Trabajo
CETRA
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