Una observación que hizo la Contraloría General de la República a Carabineros en 2010 es el origen de una de las últimas aristas abiertas en la investigación por la millonaria malversación en Carabineros, en que se evalúa formalizar por primera vez a un retirado general director de la institución, además de un miembro activo del actual Alto Mando.
En esa oportunidad, el órgano fiscalizador cuestionó el gasto de $ 21.703.191 que hizo el Departamento de Relaciones Públicas de la institución en el ítem “gastos de representación”, en que se advirtió que los servicios exteriorizados “no guardan relación con las funciones del organismo”.
Fue la propia Contraloría la que dio por subsanada en 2011 la mencionada observación, luego de que el jefe del Departamento de Relaciones Públicas, el entonces coronel Jorge Serrano (hoy general y miembro del Alto Mando), informara que dicho monto cuestionado ya había sido reintegrado a las arcas de la policía uniformada.
Para los funcionarios de la División de Auditoría Administrativa del órgano fiscalizador -según el informe 97 del año 2011-, la respuesta de Serrano bastó en esa oportunidad para dar por superada la advertencia, sin embargo, la investigación que lleva por estos días a cabo el fiscal Eugenio Campos encontró diversas situaciones anómalas que han permitido reconstruir lo sucedido.
Fuentes que conocen del caso aseguran que la explicación que hay detrás de esa restitución de fondos -que ha sido reflotada en las diligencias que lleva el equipo que indaga la millonaria malversación en Carabineros- es la que ha generado una serie de interrogatorios y reuniones entre el fiscal Campos y personeros de la Contraloría. Situación que, además, sería el sustento de las imputaciones que realizaría este equipo a los involucrados en ese episodio.
A medida que han avanzado las diligencias por la millonaria malversación de caudales públicos, cuyo monto ya asciende a $ 25.500 millones, ha salido a la luz la forma en que esos $ 21 millones de gastos de representación se restituyeron, lo que hace que el Ministerio Público esté evaluando formalizar por este hecho al ex general director Eduardo Gordon, al actual general Jorge Serrano y al general (R) de Intendencia Iván Whipple. Estos, además, aparecen en los listados de receptores de gastos reservados, por lo que son investigados también en la causa que dirige la fiscal de Alta Complejidad Macarena Cañas, aunque ni Serrano ni Gordon han sido citados aún.
Hasta ahora, en la causa que lleva Campos sólo hay un general imputado. Se trata de Flavio Echeverría, quien fue llamado a retiro el mismo día -6 de marzo pasado- que el general director, Bruno Villalobos, dio a conocer la millonaria malversación en Carabineros.
Días después, Echeverría fue detenido y hasta hoy se mantiene en prisión preventiva en la Comisaría de Pudahuel Norte, sindicado como uno de los líderes de “la mafia de la Intendencia”, agrupación al interior de Carabineros que operó -según la fiscalía- durante una década triangulando dinero institucional a favor de los miembros del grupo y terceros usados como testaferros.
Los antecedentes
En su respuesta a la Contraloría -en junio de 2011-, el entonces jefe del Departamento de Relaciones Públicas Jorge Serrano informa que ya se devolvieron los fondos cuestionados, “por constituir la observación efectuada (por Contraloría) un hecho relevante y altamente sensible a la imagen institucional, considerando al máximo el apego a las normas en su contexto general del actuar que debe proyectar la institución”.
Así, en el mismo documento Serrano informó que se reintegraron los más de $ 21 millones a la cuenta corriente N° 9004165 de giros globales de la Dirección General de Carabineros.
En el marco de la investigación que lleva el equipo de Campos por la millonaria malversación en Carabineros se revisaron las distintas auditorías realizadas por la Contraloría. Y a los fiscales que dirige Campos, junto al OS-7 de Carabineros que apoyan las pesquisas, les pareció extraña la forma en que se reintegraron los fondos cuestionados por el ente fiscalizador en ese episodio.
Y es que tras las primeras diligencias se habría establecido que luego de que la Contraloría objetara el señalado monto, Serrano devolvió de su propio bolsillo el dinero. Para eso, solicitó un préstamo de alrededor $ 22 millones a la propia institución. De esta manera, el 21 de junio de 2011, y con un vale a la vista a su nombre, se restituyó el monto que el ente fiscalizador había dejado en el ítem de “observaciones”.
Por esa época, el jefe de Finanzas de Carabineros era el general Whipple. Fuentes del caso aseguran que la alerta de los fiscales se produjo debido a que Serrano no siguió los protocolos exigidos en casos de restitución de dineros. Estos establecen que los funcionarios públicos están obligados a restituir dineros mediante oficios que deben estar sujetos al conocimiento de Contraloría y, además, deben ser “reintegrados” en cuentas especiales para tales efectos. De la operación de Serrano, tanto Whipple como Gordon habrían estado al tanto.
Las interrogantes de los investigadores se profundizaron luego de que -en el marco de testimonios vinculados a la millonaria malversación- pudieran percatarse de que tiempo después de la supuesta restitución, Gordon le entregara $ 21 millones a Serrano.
Este último traspaso de dinero, de Gordon a Serrano, fue abordado por este último en la versión web de The Clinic. En esa oportunidad, Serrano explicó que “la última semana de junio (de 2011), el director general de la época, el general Gordon, me citó a su oficina y me expresó que era injusto que yo asumiera pagar una deuda que no era mía, sino institucional, por una mala gestión, un error involuntario, desconocimiento”.
“Me dice que él asumirá el pago y me entrega un documento bancario, que es un depósito bancario donde él me devuelve la plata y, además, me explica que este dinero corresponde a un depósito que él tenía desde el mes de abril”, continúa Serrano en su relato.
“Para eso también me entrega el récord de su depósito, donde efectivamente aparece que él lo deposita en abril, lo renueva en mayo y lo liquida el mismo día en que me devuelve la plata. Yo se lo recibí, no tenía ninguna duda de que era dinero lícito, particularmente porque él fue director de Codelco dos años, fue presidente del directorio de la Mutualidad, lo que le genera un ingreso extra importante, entonces nunca tuve dudas de que esa plata fuera de él”, remata el hoy general.
Según fuentes que conocen el caso, la hipótesis de la fiscalía apunta a que en los delitos de malversación de arcas fiscales que se imputan a funcionarios públicos existe la posibilidad de rebajar las penas que se arriesgan cuando se restituyen los montos defraudados, lo que explicaría la triangulación efectuada por Gordon y Serrano.
Sin embargo, la imputación que se estudia hoy en el caso de los generales tiene que ver con el supuesto conocimiento que tuvieron de estos hechos Gordon, Whipple y Serrano, a lo que se suma que el modus operandi es parecido a lo que se ha descubierto en el marco de la malversación en Carabineros, donde se comienza a establecer que miembros del Alto Mando habrían desviado dineros del ítem “gastos de representación” para su posterior restitución.
La fiscalía evalúa pedir la formalización de los implicados en esta arista, mientras en paralelo la Contraloría alista informes respecto de la auditoría que dio el origen a los hechos que salpican a los generales.
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