Los trabajadores de las 102 compañías estratégicas determinadas por el Gobierno, no podrán ejercer su derecho a movilizarse. Mientras, el sindicato nacional de BancoEstado firmó un acuerdo anticipado para evitar un conflicto en materia de servicios mínimos, otro aspecto criticado por los trabajadores.
“Sin huelga lo que hay es mendicidad colectiva”, en estos términos se refirió el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, a las llamadas empresas estratégicas que fueron nominadas por el Gobierno.
Los respectivos sindicatos de estas compañías, principalmente de servicios, no podrán paralizar actividades durante un eventual proceso de negociación colectiva.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el abogado experto en temas laborales, indicó que este grupo de trabajadores quedan entregados a la voluntad de los dueños de estas empresas de servicios como son Enel, CGE, Aguas Andinas, entre otras. Compañías, precisó, donde la mayoría de sus empleados está bajo condición de subcontrato y que además cuentan con una mala evaluación por parte de los usuarios.
“La huelga es la única herramienta de presión y no necesariamente debe ejercerse, incluso uno podría decir que es más eficaz mientras no se ejerce, mientras está latente, pero sin ese mecanismo de presión la contraparte sabe que no tienes ninguna capacidad de producirle daño y es lo que pasa con los trabajadores de estas 102 empresas, lo que estos van a ir a hacer es casi a rogar, convencer, persuadir al empleador de que le otorgue ciertas condiciones laborales”, argumentó.
El académico de la Universidad Diego Portales, se refirió además a la normativa que establece servicios mínimos durante una paralización laboral, especialmente lo que ocurre en el sector bancario.
Al respecto, el jurista aseveró que existió una fuerte presión hacia la Dirección del Trabajo por parte de la Superintendencia de Bancos, que determinó una sobre dotación de emergencia, en un rubro, precisó, donde no hay necesidad de fijar servicios mínimos.
“La Dirección del Trabajo se sometió absolutamente a los dictados de la Superintendencia de Bancos y fijo servicios mínimos donde no habían que fijarlos, eso muestra una debilidad, un sometimiento político de la Dirección a la Superintendencia de Bancos. Poner esta decisión en manos de un órgano que depende del Gobierno, es una decisión incorrecta por que la instancia laboral va siempre estar sometida a las presiones del presidente de turno. No me cabe duda que en un eventual Gobierno de Piñera, los servicios mínimos se irán a la nubes”, subrayó.
Para evitar precisamente un conflicto por el tema fijación de personal de emergencia, el Sindicato BancoEstado logró llegar a un acuerdo anticipado con la plana ejecutiva, la que es nominada por el Gobierno.
Las partes firmaron un convenio colectivo por dos años para más de 9 mil trabajadores que componen la dotación.
El presidente del Sindicato, Marco Beas afirmó que el acuerdo consistió en un bono de término de conflicto de 4,5 millones de pesos y un reajuste salarial de hasta un 3,5 por ciento.
“Esta es la intervención de los empresarios, hecha la ley hecha la trampa, la idea original de los servicios mínimos era para terminar con el reemplazo en huelga, pero ellos la dejaron de tal forma que se están pasando de la raya, se ha transformado en un zapato chino”
Además agregó que “nosotros hemos negociado anticipadamente para poder hacer frente y pasar por el lado este tema de la reforma, ya que si nosotros no tomamos este acuerdo de adelantarla, terminaba la negociación colectiva en noviembre y podríamos haber pasado diciembre, enero, febrero y nadie nos daba garantías de cuando los Tribunales del Trabajo nos podían dar una respuesta, eso era el caos, además ante un futuro cambio de Gobierno”, aseveró.
Una situación distinta viven los trabajadores de Banco Ripley, ya que hace algunos días, la justicia rechazó deliberar sobre los servicios mínimos determinados por la Dirección del Trabajo y que en la práctica, según los propios dirigentes sindicales, tal dotación significaba anular cualquier tipo de forma de presión para mejorar sus condiciones contractuales.
Los jueces habían declarado que los tribunales laborales carecían de competencia, mientras, desde el sindicato de Banco Ripley ya están preparando una apelación ante instancias judiciales superiores.
Denos su opinión