En cualquier país desarrollado —y ni siquiera tanto— del mundo, el que el director de la agencia tributaria haya permitido que durante su gestión y en un contexto de opacidad —cosa que reconoce hasta la Contraloría, de ahí la existencia de un sumario y de cargos— se condone una deuda tributaria en directo beneficio de un holding, del que fue asesor hasta hace unos poco tiempo atrás —y del que volverá a ser asesor casi sin lugar a dudas—, sería motivo de escándalo y de renuncia. Inmediata y sin retorno.
Pero esto es Chile y son los años de Piñera.
Y parece que pasarán los cuatros años de su gobierno y ni él y ni sus aliados entenderán el problema de los conflictos de interés, del que su gobierno ha estado plagado. Quizás por ello también existe la posibilidad, más realista por cierto, de que no quieran entender. Especialmente, entender que un conflicto de interés no es sólo una cuestión legal.
Es ante todo un problema de ética pública. Y eso no es tan difícil entenderlo.
¿Con qué cara el Estado y su brazo impositivo —Impuestos Internos— podrá exigir el celoso cumplimiento del pago de los impuestos a miles de contribuyentes atosigados de deudas, que juntan sus boletitas como buenos hijos de vecino, si a un gran holding se le “condona” en un contexto opaco y en “ventajosas condiciones” —según lo denuncian los propios funcionarios de SII— una importante deuda con el Fisco? Y que para peor, el principal funcionario a cargo de esa función impositiva en el Estado era hasta hace poco asesor de ese mismo holding.
Recuerda eso que la sabiduría popular llama la “ley del embudo”. Al Estado y a los que están transitoriamente a su cargo —como Piñera—, debe preocuparles como una prioridad fundamental que los ciudadanos sigan confiando que ese Estado garantizará el igual trato para todos y el mismo acceso a todos a ventajas de cualquier orden, incluidas las tributarias. Y especialmente que en el acceso a ellas, no se genere ni la más mínima sospecha de que cuentan como relevantes las influencias y las lealtades entre clientes y ex asesores.
Ese es el núcleo del problema de ética pública del caso Pereira y de quienes lo sostienen. Y nada tiene que ver en ese problema la Contraloría y sus opiniones jurídicas.
Ahora, en rigor, ni en esas cuestiones legales las cosas andan mejor. No existe ningún dictamen de Contraloría que señale o acredite una suerte de inocencia de Pereira, de hecho ese organismo ni siquiera ha cerrado el sumario administrativo en el que está involucrado el ex asesor tributario.
En una respuesta a una solicitud de una asociación de funcionarios, Contraloría sostiene que “no resulta posible en la especie, y por ahora, acceder a la petición formulada por las asociaciones recurrentes, en orden a que se les proporcione copia del referido sumario, por cuanto, a diferencia de lo sostenido por aquéllas, dicho procedimiento aún se encuentra en plena tramitación, razón por la cual, al no estar afinado rige a su respecto la obligación de observar su calidad de secreto” (Res. 14402 del 05.03.2013).
¿Cómo es posible que el ex director de Price Waterhouse haya salido a decir a todas luces que es inocente de los cargos que se le formulan, si la investigación es secreta? ¿Cómo se puede ser inocente si todavía el proceso administrativo no termina según el propio organismo que lo lleva adelante?
Todo un misterio. Y por supuesto, el enorme poder del que gozan algunos en los medios de comunicación para publicitar su inocencia.
Y, entonces, al fin ¿quién sostiene a Pereira?
La respuesta es sencilla y dura como el calor del verano. Carlos Larraín y su enigmático poder. Tan enigmático e intenso que lo sostiene cueste lo que cueste.
Fuente: www.elmostrador.cl
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