El nuevo gobierno, al no tener las mayorías necesarias para legislar y aprobar leyes en el congreso, buscará la vía alternativa para modificar la reforma laboral y adaptarla a su molde. La intención del gabinete de Piñera será flexibilizar las atribuciones de los grupos negociadores y aumentar la dotación de los servicios básicos.
A tres semanas del traspaso de mando, el equipo de Sebastián Piñera se prepara para comenzar con las primeras modificaciones administrativas a la Reforma Laboral que serán la impronta de su gobierno. El líder de la derecha, desde su anterior presidencia, tiene una fijación con la Ley Laboral, por lo que el primer paso que dará el equipo del mandatario electo será regular los grupos negociadores y procurar aumentar dotaciones para servicios mínimos.
Por su parte el sector minero, uno de los grupos sindicales más potentes del país, ha agendado más de treinta procesos de negociación colectiva para este año , aprovechando las condiciones de alza que ha presentado el precio del cobre. En 2017 el sindicato de Minera Escondida protagonizó la huelga más extensa de la historia reciente en el sector, lo que incluso afectó la economía nacional, al contraer el Imacec en 1,3 por ciento en febrero y costar al país 800 millones de dólares en exportaciones.
Las intenciones del próximo gobierno son claras: flexibilizar la capacidad de los grupos negociadores y aumentar las dotaciones para servicios mínimos, lo que “ante la dificultad de no tener las mayorías en el congreso para aprobar leyes que le den en el gusto, aún más de lo ya lo hace la actual legislación, el camino será dirigirse a la Dirección del Trabajo para que ésta, a través de un proceso de interpretación, extienda aún más la flexibilidad en lo que respecta a servicios mínimos y lo que tiene que ver con una reinterpretación en materia de grupo negociador”, explica el abogado laboral de la Universidad Diego Portales, César Toledo .
Este escenario abre una arista con un punto de inflexión administrativo que Piñera podría utilizar para cumplir su promesa y vulnerar aún más las condiciones de negociación para los sindicatos. El abogado Cesar Toledo explica que “la Dirección del Trabajo (DT) no puede pasar a llevar los límites de la ley le cabe interpretar la legislación laboral, pero no le corresponde legislar, eso es algo que no deja de ser paradojal, porque muchas veces quienes ahora pretenden dotar a la Dirección del Trabajo de esas facultades, que no tiene, lo han criticado frente a otros casos y yo diría bastante más discutibles en cuanto a que la dirección del trabajo se estaría extralimitando en sus facultades. Sería absolutamente poco consecuente que se pretendiera que la DT pasara a llevar los límites de la legislación, no corresponde”.
La titularidad sindical implica que solo pueden actuar como representantes de los trabajadores en la negociación colectiva los sindicatos, el que se valide organizaciones de otro tipo en dicha acción implica que se quiebre la titularidad sindical. “La gran diferencia de un grupo negociador y un sindicato es que el sindicato es un negociador permanente de los intereses de los trabajadores, por lo mismo, está en cualquier momento para la defensa esos intereses, en cambio el grupo negociador es un grupo con una precaria representación, temporalmente hablando. Es un grupo que se crea y luego se disuelve una vez que se termina la negociación, por cuanto esto precariza la forma de enfrentar las negociaciones y la defensa de los derechos de los trabajadores”, profundiza Toledo.
Otro de los puntos que ha sido promesa del gobierno entrante es el aumento de dotación para los servicios mínimos, lo que en definitiva ha hecho aligerar los efectos que podría haber significado la eliminación de la prohibición de los reemplazos en la huelga.
“Las estadísticas actuales muestran una menor sindicalización, con una huelga que no es tal y tampoco era antes de la reforma. Esto trae como consecuencia que no se logre tener movimientos sindicales robustos que defiendan los derechos de los trabajadores”, finalizó Toledo.
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