Por Daniel Matamala/ Periodista
«Los peces gordos siguen confiados. Tanto que, después de ser sorprendidos in fraganti, con las manos en la masa, siguen desafiantes como si nada hubiera ocurrido, amenazando al Estado con demandas si se toca el punto clave: el obsequio de los 20 años renovables a perpetuidad para las grandes pesqueras».
“La empresa como tal es totalmente ajena”. La expresión de Roberto Angelini es de esas que hay que leer una y otra vez para convencerse de que es cierta.
Pero lo es: el dueño y presidente de Corpesca, en una carta a sus accionistas, sostiene que la empresa no tiene ninguna relación con el cohecho que acusa la fiscalía sobre los exparlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi en ese caso.
Sabemos que el entonces gerente general de la firma, Francisco Mujica, pagaba una mesada a parlamentarios mientras les daba instrucciones explícitas sobre cómo votar, qué gestiones hacer, qué discursos dar. Todo con formularios del tipo “firme aquí”, muchas veces en los mismos correos en que se discutían detalles de los pagos. Y no solo sobre la Ley de Pesca. Presentaciones a la Contraloría, ratificación de tratados internacionales, cuotas de captura del jurel, todo era controlado, con puntos y comas, desde la gerencia general.
Pero todo eso -nos enteramos ahora- es “totalmente ajeno” a Corpesca. Al parecer, el gerente general pagaba a parlamentarios como un hobby personal, en sus ratos libres, tal como otros riegan el jardín o ven un partido de fútbol.
La acusación de la fiscalía es solo la punta de un iceberg de platas e influencias, tanto legales como ilegales. Sabemos que al menos 20 compañías pesqueras financiaron campañas vía aportes reservados, y que, sumando los aportes de sólo siete de ellas, un mínimo de $ 333 millones pasaron, por la vía legal, de las pesqueras a las campañas de 35 políticos. Los casos de boletas por supuestas asesorías a parlamentarios y sus cercanos suman decenas.
Fue, sin duda, plata muy bien invertida. Tras aprobarse la Ley de Pesca, una de las empresas, Blumar, pudo anunciar orgullosamente en su memoria como parte de sus activos 48 millones de dólares en “derechos de permisos de pesca” con una vida útil “indefinida”.
Fue el generoso regalo de todos nosotros a las pesqueras. Luego, Michelle Bachelet prometió cambios sustanciales a la ley. En vez de eso, nombró a uno de los favoritos de la billetera de las pesqueras como subsecretario del ramo. Raúl Súnico recibió aportes reservados para sus campañas, y su esposa boleteó para las pesqueras mientras él operaba en su favor desde el municipio de Talcahuano. La ley, por supuesto, sobrevivió incólume al gobierno de Bachelet.
Cambio de mando. Y Jorge Ulloa, principal defensor del lobby pesquero en el Congreso (boletas cruzadas mediante), es el nuevo intendente del Biobío. Francisco Orrego, expresidente de Sonapesca, ha sido nombrado en la presidencia de TVN.
Orrego asumió el liderazgo de las pesqueras después del trámite de la ley. Pero fue su principal defensor, llegando a acusar de “chavistas” a quienes piden anularla.
La verdad es que si algo es chavista, es la Ley de Pesca vigente. Hace lo que ocurre en las autocracias como Venezuela; beneficiar con un regalo regulatorio a los incumbentes que tienen el poder y saben cómo aceitar a las autoridades. Es un ejemplo de libro de cómo el poder económico puede extraer rentas cooptando a la política. Y es una vergüenza para un país que dice practicar la libre competencia…, mientras no haya un interés suficientemente poderoso al que no le convenga.
Los peces gordos siguen confiados. Tanto que, después de ser sorprendidos in fraganti, con las manos en la masa, siguen desafiantes como si nada hubiera ocurrido, amenazando al Estado con demandas si se toca el punto clave: el obsequio de los 20 años renovables a perpetuidad para las grandes pesqueras.
Ese es el dilema que definirá si la anunciada reforma a la Ley de Pesca será cosmética o de fondo. Como senador, en los años 90, Sebastián Piñera fue un importante adversario de las regalías a los Angelini y los otros colosos del sector pesquero. Pero en su campaña de 2009 fue el principal receptor de aportes reservados de las pesqueras, y ya sabemos lo que hizo en su primer gobierno.
¿Será capaz ahora Piñera de enmendar uno de los legados más impresentables de su primer mandato? ¿Se atreverá a enfrentar -como lo hizo siendo un joven senador- el poder de los peces gordos de la industria?
Es una prueba de fuego.
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