La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) denunció que más de 100 funcionarios pertenecientes a varios ministerios e instituciones gubernamentales han sido despedidos injustificadamente en la últimas semanas.
De acuerdo a la información entregada por la organización, muchas de estas desvinculaciones han ocurrido en los ministerios de Desarrollo Social y Obras Públicas (MOP). En esta última cartera, agregaron desde la ANEF, se instruyó desligar al 13 por ciento de su personal, lo que corresponde aproximadamente a 1.000 funcionarios.
Esto se suma a los más de 100 trabajadores despedidos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), y a la desvinculación de más de 30 funcionarios del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).
Al respecto, el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, afirmó a radio Cooperativa que en el caso del MOP “no les importa que la infraestructura de nuestro país siga teniendo problemas, tal como ha tenido durante los últimos años por la falta de fiscalización, porque prefieren despedir a quienes afectan los intereses de las empresas privadas”.
En esta línea, Insunza llamó a los ministros Fontaine y Moreno a “ordenar la casa” y a preocuparse de la función pública, “porque si no hay un cambio de actitud, las movilizaciones que ya hemos emprendido se van a profundizar y se van a ampliar para detener esta verdadera razzia en el Estado”
En tanto, la dirigente de la Dirección General de Obras Públicas, Analía Inostroza, dijo a la misma emisora que estos despidos afectan a administrativos, técnicos y profesionales, y considera que “ya es hora de que transparentemos esta situación y que el Gobierno respete a los funcionarios de carrera que tenemos en el Ministerio”.
“Tenemos funcionarios de más de 20 años de servicio que se están desvinculando. En el caso de concesiones, el Estado es un mal empleador, por lo tanto, han estado toda su vida a honorarios y no tienen derecho a tener asociación gremial, siempre se les pasó a llevar”, explicó.
Ante este panorama, desde la ANEF reiteraron su solicitud al Presidente para que responda a la petición de la Cámara de Diputados de entregar más antecedentes respecto a los despidos, realizada hace más de treinta días y que se mantiene sin respuesta.
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