Los partidos del oficialismo han presionado al gobierno para que avance más rápido en los cambios a la reforma laboral. Desde el Ejecutivo afirman que las modificaciones no se han postergado, sino que dentro de la planificación se estableció el segundo semestre como plazo.
La última encuesta Cadem mostró que la principal causa de la desaprobación de la gestión del Presidente Sebastián Piñera se debía a las expectativas económicas y el empleo. Si bien los datos duros reflejan que la economía crece a su mayor nivel en seis años -4,7% en el primer semestre-, eso no se está reflejando en el empleo. Es más, la tasa de desocupación para el trimestre abril-junio subió a 7,2%. Explicaciones más, explicaciones menos, el tema del empleo se coló como invitado de piedra en la agenda del gobierno, afectando la popularidad del Mandatario y, por ende, de todo el gobierno.
Consciente de este escenario, el Ministerio del Trabajo comenzó con una estrategia más ofensiva con el objetivo de tomar un rol más activo en la agenda pública y, por ello, ayer lanzó la Estrategia Nacional de Empleo, donde se dio a conocer el detalle de las políticas gubernamentales para crear más puestos de trabajo. Hoy esa meta es generar 600 mil plazas laborales en cuatro años.
Pero esa política es solo el inicio de un plan mayor que el Ejecutivo comenzará a realizar durante los próximos meses, puesto que se espera que durante el segundo semestre el gobierno comience a materializar los cambios a la reforma laboral, a través de proyectos de ley, ya que hasta hoy sigue en segundo plano de las prioridades legislativas del gobierno.
Desde La Moneda señalan que las modificaciones a la reforma laboral no están siendo relegadas por la reforma tributaria ni tampoco por la de pensiones, sino que dentro del cronograma legislativo siempre se consideró que los cambios se realizarían durante el segundo semestre. Así, de acuerdo a fuentes del gobierno, el plan ha consistido primero en avanzar perfeccionando la reforma vía dictámenes. De hecho, hace pocas semanas la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que reconoció a los grupos negociadores como sujetos de la negociación colectiva. Ese hecho fue el inicio de los cambios más profundos que esperan impulsar a través de un proyecto de ley.
Y también marcó el inicio de lo que puede ser la discusión en el Congreso. Esto, porque una vez conocido este dictamen, un grupo de 19 expertos, entre ellos exdirectores del Trabajo como Christian Melis y Patricia Silva, firmaron una carta, en rechazo de este dictamen. Como contrapartida, otros 30 expertos laborales, entre los que se encuentran la exdirectora del Trabajo Cecilia Sánchez y reconocidos abogados asesores de empresas, como Enrique Uribe, Héctor Humeres y Enrique Munita, entre otros, han hecho circular una carta en favor del dictamen. Este hecho marca que la discusión que se avecina no será fácil.
Los pasos a seguir
De acuerdo a altas fuentes del gobierno, la iniciativa que se ingresará al Parlamento busca perfeccionar los nudos más complejos que dejó la legislación laboral. En esa lista están presentes temáticas como la de grupos negociadores, servicios mínimos y extensión de beneficios. Todos ellos, de acuerdo al diagnóstico del gobierno, han generado un freno a la contratación y la generación de empleo. Respecto de la demora en hacer los cambios y el impacto que está teniendo en la aprobación de la gestión, en el Ejecutivo reconocen que ha habido un problema en el manejo de las expectativas, ya que se generó un ambiente demasiado optimista de que el crecimiento se iba a sentir rápidamente en el empleo y en los salarios, y como eso no ha sucedido, hay algo de descontento.
El fuego amigo
Desde el oficialismo, los partidos han presionado al gobierno para que avance más rápidamente en los cambios a la reforma laboral. El primero en expresarlo públicamente ha sido Evópoli, quienes señalaron que si bien hoy la prioridad es cambiar el sistema impositivo, la segunda prioridad del gobierno debe ser impulsar cambios a la reforma laboral. Desde esa colectividad aseguran que presentarán una propuesta al gobierno al igual como lo harán con lo tributario. Desde Renovación Nacional (RN) concuerdan con la necesidad de mejorar la legislación actual y, por ende, el encargado de hacer las gestiones con el gobierno es el senador Andrés Allamand, quien integra la Comisión de Trabajo.
Desde la UDI, en tanto, afirman que los cambios a la reforma laboral se realizarán dentro de los próximos meses, ya que es algo que el gobierno está trabajando. No obstante, no comparten las críticas que han hecho sus pares sobre la lentitud de los cambios, puesto que para ellos, al no contar con mayoría en el Congreso, el trabajo prelegislativo y de diálogo se torna aún más relevante. De todas formas, añaden que para mejorar la empleabilidad no es suficiente solo con mejoras a la reforma, sino que también plantean que se debe avanzar con cambios profundos al sistema de capacitación para que se adapte a las nuevas tecnologías y la automatización, que es la problemática que se avecina.
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