En septiembre, encapuchados rociaron con parafina a profesores. Dos semanas después, otro personaje vestido con traje blanco le lanzó una molotov, a un metro de distancia, a un carabinero. ¿De qué liceos son? ¿Cómo se organizan? ¿Qué buscan? Acá las respuestas.
Más de 20 jóvenes vestidos con uniforme escolar o con overoles blancos acorralaron a un carabinero de Fuerzas Especiales, al interior del Liceo de Aplicación, hasta dejarlo tirado en el suelo. Entre todos, lo golpearon con un balde, le tiraron sillas y mesas y luego, uno vestido de overol, le lanzó una bomba molotov a un metro de distancia. Él fue uno de los cinco uniformados heridos ese día. La escena fue registrada el 13 de septiembre pasado en un video que se viralizó por redes sociales y que generó una transversal condena en el gobierno y en la oposición.
Este tipo de violencia en manifestaciones estudiantiles se ha repetido e incluso ha aumentado. Por ejemplo, el sábado 3 de septiembre, al interior del Instituto Nacional José Miguel Carrera, en un día de recuperación de clases, los encapuchados rociaron con parafina a unos profesores.
Las agresiones registradas en los liceos emblemáticos de Santiago han sido un foco de preocupación tanto en el gobierno como en el Ministerio Público y las policías. A tal punto, que las autoridades están haciendo un mapeo para establecer qué es lo que está detrás de este fenómeno. A esto se suma que el Presidente Sebastián Piñera, el 20 de septiembre pasado, firmó un proyecto de ley para sancionar a “violentistas disfrazados de estudiantes” que cometen “hechos delictuales que no son compatibles con las normas básicas de comunidad”
Principales colectivos
Según información que maneja Carabineros, existen ocho tendencias violentistas distribuidas en cuatro establecimientos. Todas se desprenden del colectivo Secundarios en Rebeldía (SER), una organización fundada en 2013 de la mano de los colectivos Darío Rebelde (del Liceo Darío Salas) y Aplica Praxis (del Liceo Aplicación), dos grupos que apuestan por la llamada “acción callejera”.
“Ambas policías están desarrollando no solo el trabajo de contención cuando ellos (los encapuchados) actúan, y el trabajo de detención cuando cometen delitos, sino que también el trabajo de inteligencia, porque estas personas han desarrollado elementos de organización y planificación que requiere un trabajo investigativo”, explicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Según antecedentes policiales, el SER reconoce como héroes a los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo (asesinados el 29 de marzo de 1985 por una unidad de Carabineros). En estos colegios, la policía ha detectado grupos anarquistas o que promueven enfrentamientos y atentados incendiarios contra Carabineros, para exigir demandas estudiantiles, respaldar la liberación de presos políticos mapuche y conmemorar fechas de muertes de anarquistas o comuneros.
Entre ellos destaca el Liceo de Aplicación, donde están los Colectivos Aplícate, Acción Colectiva y Colectivo Autónomo: grupos compuestos por estudiantes de tendencia anarquista. Según la información policial, podrían haber agrupaciones de afinidad lautarina, debido a que el 30 de junio de 2014 se detectaron en ese recinto rayados vinculados al Movimiento Juvenil Lautaro, fecha en que estudiaba ahí el hijo del fallecido Guillermo Ossandón, fundador de esa entidad y que lideraba a un grupo de estudiantes. Además, desde este establecimiento salieron los hermanos Vergara Toledo y sus padres realizan todos los años un acto en el recinto.
Según Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, estos movimientos tienen una explicación lógica: “Es una expresión de violencia callejera en el contexto de la protesta social, que es producto de las desigualdades y la falta de oportunidades, en muchos casos por educación de mala calidad, etc.”.
Dijo que “para nosotros como Defensoría Popular no es algo especial ni alarmante. Desde 2006 que tenemos nuestros inicios en este tipo de defensa, ha habido centenares de casos de similares características. Desde 2006, desde el “pingüinazo”, se vienen desarrollando acciones de protesta demandando educación pública, gratuita y de calidad, lo que hasta la fecha no ha sido cumplido por parte del Estado”.
Otro establecimiento con células radicalizadas es el Liceo Manuel Barros Borgoño, donde se identifica a dos grupos de tendencia anarquista. Se trata del Borgoño Rebeldía Organizada (BRO) y el Trawun. Además, Mauricio Morales, más conocido como el “Punky Mauri”, quien falleció tras estallarle una bomba camino a la escuela de Gendarmería, en 2009, fue alumno de este recinto y su muerte se conmemora. “Vimos que afuera del Barros Borgoño lanzaron una bomba molotov que terminó en un departamento. Queman los contenedores de basura, destruyen el mobiliario urbano y finalmente la municipalidad tiene que invertir fortunas en reposición”, dijo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
El tercer colegio donde se detectó un grupo radicalizado es en el Confederación Suiza, que estaría integrado por jóvenes afines al ideario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y a tendencias anarquistas. Según la información que se maneja en Carabineros, hay una profesora que se ha encargado de incentivar las movilizaciones, la que estaría vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y a una sede diplomática.
El cuarto establecimiento con un grupo de activismo importante para la policía es el Internado Nacional Barros Arana: se llama Colectivo INBA Consciente y Rebelde (ICR) y agrupa a estudiantes radicales de tendencia mirista. Carabineros también identificó a un colectivo denominado Difusión INBANA, que se encargaría de las convocatorias y de la difusión del activismo. En este liceo, según antecedentes policiales, hay una profesora que hace un taller extraprogramático que es expareja de un conocido exlautarista y sería determinante para la promoción de actos radicales.
El ICR también tiene presencia en otros establecimientos, como los liceos Número 1 y Número 7 de Niñas, Instituto Nacional, Tajamar y Carmela Carvajal.
El general inspector de Carabineros José Rivera, jefe de la zona metropolitana, explicó que se han registrado eventos en que Carabineros ha detenido a los responsables y ha incautado medios de prueba, como overoles y elementos para la confección de estos artefactos incendiarios. “Estamos intensificando el trabajo de inteligencia, para la búsqueda de información de utilidad, a fin de que nuestros analistas la entreguen a los carabineros territoriales. No nos conformaremos hasta que este problema quede erradicado”, detalló.
El análisis de la policía uniformada también determinó que podría existir algún grado de influencia del colectivo llamado Los Monos Blancos, que nació en Italia en 1997 en contra del G-8 y el capitalismo, y que se caracterizaba por protestar usando overoles blancos.
El edil de Santiago señaló que la identificación de estas personas “es más bien un trabajo de inteligencia de Carabineros”. Destacó que, pese a que han tratado de dar con los cabecillas, “no es tan fácil, porque no tenemos un interlocutor válido a rostro descubierto. Aquí hay una organización y una concertación para tratar de generar este caos en la educación pública. Estoy seguro de que hay un grupo que los financia y coordina”.
En manos de las autoridades también se manejan antecedentes de que estos actos nacieron por una falta de legitimidad de las dirigencias tradicionales entre los secundarios de la comuna de Santiago. Ven que muchos de sus líderes se convirtieron en figuras públicas, lo que no fue bien visto por los grupos más radicales.
Defensora de la Niñez cuestiona a Aula Segura
Para combatir la violencia en los colegios, el gobierno presentó el proyecto Aula Segura, que reduce de veinticinco a cinco los días para expulsar un alumno, lo que ha generado críticas de expertos. A esos cuestionamientos se suma Patricia Muñoz, defensora nacional de la Niñez, quien advierte que no se está resguardando el debido proceso de los estudiantes. “Eso tiene que ver no solo con los plazos, sino que también con instancias efectivas de posibilidad de defensa de los adolescentes eventualmente involucrados”, explica.
A su juicio, el proyecto involucraría “un adelantamiento de la punitividad, porque se desarrollan sanciones en el ámbito administrativo, vinculadas a hechos que pueden ser perseguidos penalmente, en un proceso que de ninguna manera estará concluido en los cinco días que se plantea”.
Añade que Aula Segura “no se hace cargo del tema de fondo, que son las acciones delincuenciales que se han conocido, con medidas preventivas”.
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