A seis meses: los efectos de la eliminación de la visa temporal con motivos laborales

“Hemos puesto orden en la casa”, señaló el presidente Sebastián Piñera en abril al comentar la iniciativa visitando uno de los cuatro centros de regularización administrativa que dispuso el gobierno. Sin embargo, a seis meses de la eliminación de la Visa Temporaria con Motivos Laborales, las organizaciones pro migrantes y de migrantes tienen una mirada distinta.

Por Antonia Orellana

El 23 de abril pasado el gobierno chileno eliminó la posibilidad de solicitar una visa temporal por motivos laborales en el territorio nacional e instauró vía administrativa tres formas de visa temporales nueva, además de la tradicional sujeta a contrato.

La primera es la Visa Temporaria de Oportunidades, que se debe tramitar antes de llegar a Chile y cuya validez es de 12 meses, prorrogable por una vez y que permitirá luego la posibilidad de residencia definitiva. Esta modificación elimina la posibilidad de solicitar una visa temporaria en Chile por motivos laborales, tal y como se hacía hasta ahora.

La segunda es la Visa Temporaria “de Orientación Internacional” destinada a extranjeros que cuenten con un posgrado en las universidades de mayor prestigio mundial de acuerdo al QS World University Rankings. Esta visa se debe solicitar fuera de Chile y de cumplir los requisitos se otorga de forma automática por un período de 12 meses, prorrogable por una vez y posibilitando además optar luego a la Residencia Definitiva.

La tercera forma nueva de visa temporaria implementada desde abril es la de “Orientación Nacional”, solicitable por extranjeros que hayan cursado posgrados en universidades chilenas acreditadas y que deseen emprender y trabajar en nuestro país. De las tres nuevas visas temporales esta es la única que se puede solicitar en Chile, pero al igual que la de Orientación Internacional se otorga por un período de 12 meses, es prorrogable por una vez y entrega la posibilidad de pedir la Residencia Definitiva.

“Hemos puesto orden en la casa”, señaló el presidente Sebastián Piñera en abril al comentar la iniciativa visitando uno de los cuatro centros de regularización administrativa que dispuso el gobierno. Sin embargo, a seis meses de la eliminación de la Visa Temporaria con Motivos Laborales, las organizaciones pro migrantes y de migrantes tienen una mirada distinta.

Miriam Campusano tiene 49 años, es ciudadana ecuatoriana y reside desde el año 99’ en Chile. Forma parte de la población migrante que tiene su situación administrativa regularizada y, además, es de las pocas mujeres y migrantes que ha incursionado en el sindicalismo en Chile. Es dirigente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y participa desde allí en la Coordinadora No Más AFP. En su opinión “estas nuevas normas no son claras ni justas para todos los migrantes: le pone requerimientos a algunas nacionalidades pero libera de estos a otras”.

Respecto a las nuevas formas de visa temporales, Miriam considera que “son una forma de clasismo disfrazado. Es discriminatoria especialmente para los trabajadores no calificados y las mujeres, porque vienen a trabajar en puestos que son más informales, como en la agricultura o comercio. En especial es más difícil ser mujer migrante, sobre todo afrodescendiente. Hay muchas mujeres migrantes solas, jefas de hogar, que llegan para trabajar en el servicio doméstico y jamás formalizan. No conocen sus derechos ni la legislación y la mayor parte está aislada en su lugar de trabajo. Esta nueva visa dificultará todo aún más”, advierte.

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Organizaciones Migrantes y Promigrantes da a conocer las apreciaciones con respecto a la discusión y votación del proyecto de Ley de Migración y Extranjería

Fotografía: Agencia UNO

En 2014 había aproximadamente 416 mil extranjeros en Chile, que representaban el 2,3% de la población. Esta cifra aumentó drásticamente a casi un millón en 2017, lo que representa un 5,5% de la población total. Ese porcentaje es similar al que presentan países como Argentina (4,89%) y muy menor respecto al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, donde suponen un 15,27% de la población.

En promedio, las oficinas del Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) del Ministerio del Interior atienden unas 4 mil personas tan solo en la Región Metropolitana. La mayor parte de los trámites tienen que ver con la regularización de la categoría migratoria. Estas son los tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar las y los extranjeros en Chile, quienes pueden ingresar a Chile como titulares de permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

A su vez, existen las subcategoría o subtipos de permisos de residencia o permanencia en el país, asociados a una categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior.

En 2015 y a través de una medida administrativa, al igual que en la reforma actual, el gobierno de Michelle Bachelet creó la visa temporal por motivos laborales, que implicaba que las y los migrantes entraban a Chile como turistas y luego cambiaban su calidad migratoria a residentes al conseguir un trabajo.

En la mirada de las autoridades de Extranjería en ese momento, esto incentivaba la irregularidad laboral de las y los migrantes. “En 30 días ningún chileno puede conseguir un trabajo, menos ellos. Esto genera que gente esté dispuesta a trabajar en cualquier condición, de cualquier modo y, por lo tanto, creas una competencia desleal en cuanto a los trabajadores nacionales, porque tienes trabajadores extranjeros que por estar irregulares están dispuestos a desarrollar cualquier función a cualquier renta”, declaró en marzo del 2015 el entonces director del Servicio de Extranjería, Rodrigo Sandoval.

En la práctica, la eliminación de la Visa Temporaria con Motivos Laborales implementada por el gobierno de Sebastián Piñera en abril de este año lleva la situación al estado de 1975 cuando, con una fuerte influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dictadura chilena creó la visa sujeta a contrato de trabajo. Bajo esa figura quienes tenían visa sujeta a contrato solo disponían de 30 días de plazo para encontrar un trabajo en el caso de quedar cesante y volver a optar al beneficio. Fuera de ese periodo y sin contrato, quedaban en una situación migratoria irregular y con el consecuente riesgo de ser expulsados del territorio nacional.

Al respecto, Miriam Campusano señala que “hay discriminación en la postulación de la visa de Residencia Temporaria de Oportunidades respecto al grado académico. Los trabajadores sin maestrías, doctorados o título universitario también deben poder acceder a sus derechos, ya que de todas formas vienen a contribuir con la economía. Esto fomenta la informalidad laboral”, critica.

La informalidad laboral o la posible aceptación de malas condiciones laborales a cambio de poder acceder a un contrato de trabajo que permita la regularización migratoria no son situaciones que afecten solo a la comunidad migrante, sino que tienen efectos en las tendencias laborales nacionales. Así, según el economista y académico de la Universidad de Santiago José Gabriel Palma, con el estancamiento de los salarios y la escasez de mano de obra experimentadas a partir del año 2000, no se trabajó en pos de superar la desigualdad, lo que sumado a una política migratoria que promueve el trabajo informal y los bajos ingresos postergará en una década el alza de los salarios.

En palabras de Palma, el descenso en las tasas de natalidad de nuestro país provocó una sobredemanda de mano de obra barata. Frente a eso habían básicamente dos alternativas: subir productividad o abrir la inmigración. “Lo primero, para poder pagar esos salarios en aumento; lo segundo, para que todo pudiese seguir igual. La primera, que caracterizó a los países desarrollados en una etapa similar del desarrollo, era pedir demasiado, pues requería incrementar la inversión, la absorción tecnológica, la diversificación económica, etc. Era una pasada de cambio dinamizador”, señaló en la Universidad de Santiago luego de los resultados de la CASEN, agregando que “ahora la tarea de combatir la pobreza es muchísimo más compleja de lo que ya era. Lo mismo respecto a nuestra obscena desigualdad”.

“Muchas veces las personas salen desesperadas de su país o llegan con lo puesto, lo que les lleva a aceptar las condiciones laborales que se impongan. Las normativas laborales y los rangos de sueldo formales valen solo para los que están regularizados. En Chile además el bajo nivel de sindicalización impide que esos derechos se defienden, pero esto es algo que se debe abordar en conjunto como trabajadores” señala Miriam Campusano.

Una nueva regulación aún en camino

La eliminación de la Visa Temporaria de Oportunidades Laborales y la creación de las tres nuevas visas temporales se llevó a cabo en conjunto con una serie de medidas administrativas y parlamentarias el pasado 9 de abril. Los inmigrantes venezolanos y haitianos pasaron a tener un estatus aparte. En el caso de los primeros, su trámite migratorio se facilitó gracias a la “Visa de Responsabilidad Democrática”, que debe ser solicitada en el Consulado Chileno en Caracas y otorgará un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y que posibilita luego pedir la Residencia Definitiva.

Para la comunidad haitiana, en tanto, el panorama se restringió. El “Visado para Fines Humanitarios” tiene 12 meses de duración, sólo se puede solicitar en el Consulado Chileno en Haití, está enfocado en la reunificación familiar, es prorrogable por una vez y posibilita luego pedir la Residencia Definitiva. Desde su implementación la reunificación familiar solo ha llegado para una persona: la ciudadana haitiana Nativitita Jean Joseph Paulon que se reunió con su esposo Gens Jean Joseph, radicado en Concepción, el pasado lunes 29 de octubre.

Junto con las medidas administrativas ya mencionadas, el gobierno del presidente Sebastián Piñera reactivó e introdujo una serie de modificaciones al Proyecto de Ley de Migración ya presentado en su anterior gobierno, en 2013. Una de ellas es la modificación del artículo 19 del Código del Trabajo, que actualmente contempla que en empresas de más de 25 trabajadores deben tener un 85% de trabajadores nacionales, rebajando esto a un 60% y por lo tanto aumentando el cupo para trabajadores y trabajadoras extranjeras.

Además se modifica la institucionalidad para la migración, creando un Consejo Nacional de Migraciones -heredero de los Consejos de Política Migratoria y Consejo Técnico de Política Migratoria creados en 2014 y 2015 respectivamente- y un Servicio Nacional de Migraciones.

Bajo el actual proyecto, quien llegue como turista a país, deberá retornar a su país, y desde allí solicitar un permiso de residencia temporal. “El cambio de categoría migratoria supone reconocer el cambio en los planes y expectativas y proyectos de vidas de los migrantes”, explica la diputada por la región de Antofagasta Catalina Pérez (Revolución Democrática), quien forma parte de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, desde donde el proyecto de ley de migración salió la semana pasada para próximamente verse en sala.

La diputada señala que en la comisión de Gobierno Interior votaron varias modificaciones a la iniciativa del gobierno. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de optar a beneficios y subsidios estatales. El proyecto original establecía que los extranjeros que llevasen menos de dos años de residencia legal en el país, no podrían acceder a prestaciones de seguridad social financiadas enteramente por el Estado.

“Lo anterior es un problema al pensar, por ejemplo, en una persona que estuviese de forma regular en el país, trabajando e imponiendo, pero de aprobarse esto no pueda acceder a ningún beneficio a que tendría derecho un trabajador nacional. Por ejemplo, subsidio al empleo joven, o los programas “Chile Crece Contigo”, señala Catalina Pérez. La Comisión votó en contra de este inciso y fue suprimido, pero dado que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa es posible que el gobierno insista con esta indicación en sala.

Para la dirigente sindical y migrante Miriam Campusano esto tiene mucho que ver con la desinformación que existe respecto a las condiciones que enfrentan las y los migrantes en Chile. “Hay una visión muy hostil de la fuerza laboral migrante desde las y los trabajadores chilenos, y muchos mitos sobre los supuestos beneficios, como esos rumores sobre subsidios preferenciales. La verdad es que optar a un trabajo formal ya es muy difícil y en caso de lograrlo tienes todo derecho de acceder a la seguridad social”, explica.

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