El 22 de junio de 2018, Javier Aguilar Lema ingresó en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda laboral en que exigía al Estado el pago de $ 50 millones tras ser despedido de la administración pública.
Desde junio de 2015, el periodista era parte del equipo de prensa del entonces subsecretario del Trabajo de Michelle Bachelet, Francisco Javier Díaz, un reconocido militante socialista, exasesor del Segundo Piso de La Moneda y exredactor de los discursos de la exmandataria.
Durante tres años, Aguilar gestionó las comunicaciones y actividades de las autoridades de la cartera del Trabajo, labor por la cual recibía un sueldo mensual cercano a los $ 2,8 millones. Sin embargo, el 19 de abril su situación laboral cambió: “Era sabido por los funcionarios de la Subsecretaría del Trabajo que mi representado, si bien no tiene militancia política, era simpatizante del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que la llegada al gobierno de Sebastián Piñera no le agradaba. Pues bien, esta simpatía, finalmente, le costó su salida de la Subsecretaría del Trabajo”, detalla la demanda que interpuso.
Su despido dio paso a una batalla judicial en materia de tutela laboral, en la que el profesional acusaba haber sido discriminado y despedido injustificadamente por el gobierno entrante, haber sufrido daño moral y la vulneración de garantías constitucionales. El caso fue analizado por el tribunal laboral durante cinco meses, el que finalmente le dio la razón y ordenó al Fisco a pagar $ 36.677.039 al periodista despedido.
Lejos de ser un hecho aislado, las demandas por desvinculaciones se transformaron en una preocupación para el actual gobierno. Y también para el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Solo en 2018 el organismo se hizo parte en 774 demandas que presentaron exfuncionarios públicos despedidos del aparato estatal, quienes, en total, pedían como indemnización $ 29 mil millones.
Según cifras del CDE, de ese número de acciones legales presentadas en los tribunales laborales, se han resuelto 152 casos (ver infografía). En el 55,9%, el CDE ha ganado en representación del Estado. En el 17,7% ha perdido y en el 26,3% ha acordado una transacción con el demandante. El CDE destaca que el Fisco solo ha pagado el 10% de lo demandado en esas 152 causas, es decir $ 645 millones.
El alto número de casos mantiene estresado al organismo. Así lo hizo ver la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, en su última cuenta pública. “Al incremento de los juicios laborales, que aumentaron más de 100% en el último año (entre 2016 y 2017), se agrega que el procedimiento laboral, que es casi íntegramente oral y se desarrolla en audiencias, exige una gran dedicación de tiempo a nuestros abogados. Hemos enfrentado todos estos incrementos con los mismos 180 abogados litigantes”, señaló.
Tribunales “atochados”
Los Tribunales de Justicia también han resentido la avalancha de causas de exfuncionarios contra el Estado. Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, aseguró a La Tercera que existe preocupación en el máximo tribunal por el alto volumen de casos que ingresaron en 2018.
“El sistema de justicia laboral, que opera muy bien en Santiago, tiene muchísimo atoche. Evidentemente, el conflicto laboral ha aumentado, está este tema nuevo de los funcionarios estatales dentro del sistema del Código del Trabajo, pero hay un atoche que es bastante notable. Se están haciendo intentos por revertir esa situación”.
Según la autoridad, antes los empleados públicos “no acudían a los Juzgados Laborales. Este es un conflicto jurídico fuerte que se está ventilando en los tribunales, así que ahí se tendrán que generar convicciones jurisprudenciales que aclararán las cosas”.
El abogado Luis Lizama, profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica que el fenómeno de funcionarios acudiendo a tribunales laborales es reciente.
Tradicionalmente, los empleados públicos acudían solo a Contraloría, ya que se rigen por el estatuto administrativo y no por el Código del Trabajo.
Hace 10 años se incorporó la figura de la tutela laboral al Código del Trabajo, la cual permite a los trabajadores demandar a aquellos empleadores que lesionaban sus derechos fundamentales, como la vida, salud, libertad de expresión, etc. “Basta con que el trabajador muestre que hay indicios o señales de una lesión de sus derechos para que se obligue al empleador a demostrar lo contrario”, explica Lizama.
El cambio normativo se pensó originalmente para el sector privado, pero en 2014 las cosas cambiaron. Un fallo de la Corte Suprema interpretó que esta norma del Código del Trabajo también era aplicable para los funcionarios públicos.
Los trabajadores del Estado comenzaron a recurrir a tribunales laborales. No solo los del gobierno central, sino que también masivamente los de municipalidades y de organismos externos, como las universidades estatales.
En su discurso anual, la presidenta del CDE hizo ver su desacuerdo con el criterio de los tribunales que acogen las demandas por tutela laboral. “Es una tesis que no compartimos. No puede, a mi juicio, pretenderse igualar ni aplicar el mismo estatuto laboral a los funcionarios públicos y de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes por la naturaleza y funciones obedecen a estándares de conducta y regímenes de trabajo, retiro y de seguridad social propios, expresamente previstos en sus respectivas legislaciones, que no guarda relación con la que se aplica a los empleados del sector privado”, señaló la abogada.
Paralelamente, los tribunales comenzaron a acoger la doctrina de 2016 del contralor Jorge Bermúdez sobre la denominada “confianza legítima”. Este criterio establece que los funcionarios a contrata -quienes representan el 70% de los empleados públicos, pueden ser considerados en la práctica funcionarios “de planta” si cumplen tres años en sus cargos; es decir, han sido ratificados en dos ocasiones por sus jefaturas.
De esta forma, los funcionarios a contrata tampoco podrían ser removidos arbitrariamente de sus cargos, como ocurre cuando asume un nuevo gobierno.
Casos en la mira
El 10 de abril de 2014, Isabel de la Vega Morales fue designada directora regional del Serviu de Antofagasta, cargo en el que recibía un sueldo mensual de $ 8.493.334. Pero el 4 abril de 2018 recibió una carta firmada por el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, en que le informaba que “se ha resuelto solicitar su renuncia no voluntaria al cargo”.
Despido injustificado y la eventual vulneración de sus “derechos fundamentales de igualdad ante la ley” fueron parte de los argumentos que entregó la exautoridad regional en su demanda laboral contra el Estado, en la que pedía una indemnización superior a los $ 373 millones. Un caso similar es el del exdirector regional del Serviu del Maule, Omar Gutiérrez Mesina, quien también demandó al Estado y pidió $ 133 millones. Ambas causas están vigentes.
El fallo del Tribunal Constitucional del 6 de diciembre que señaló, respecto de un caso de la Municipalidad de San Miguel, que la tutela laboral no era aplicable para los exfuncionarios generará un efecto aún imprevisible, explica Luis Lizama.
Una posibilidad es que los tribunales laborales que hoy acogen estos casos se adapten al fallo del TC. Pero también es posible que sigan fallando a favor de los funcionarios, guiándose por la Corte Suprema.
En tal situación, cada servicio demandado podría recurrir al TC caso a caso para anular las sentencias. En el Congreso se tramitan varios proyectos de ley de la oposición que buscan establecer con claridad en el Código del Trabajo que los funcionarios del Estado sí pueden recurrir a tribunales laborales.
Denos su opinión