La Dirección del Trabajo resolvió acoger la petición de Televisión Nacional de Chile (TVN) y concedió servicios mínimos y equipos de emergencia al canal estatal, revirtiendo la resolución de finales de octubre de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente.
Según la resolución que cuenta con la firma del director nacional del Trabajo, Mauricio Peñaloza, concluyó que “TVN al contar con el único sistema por el cual los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción acceden al resto de regiones del país, presta un servicio de utilidad pública que no puede ser interrumpido, toda vez que en caso de detención genera una afectación a la generalidad de la población que accede a contenidos a través de la televisión abierta”.
Para la Dirección del Trabajo existen al menos tres situaciones en las cuales los canales de televisión se ven en la obligación legal de transmitir determinados contenidos dispuestos por la autoridad pública respectiva. Se trata de campañas de utilidad e interés público, propaganda electoral y situaciones de catástrofe.
“De lo anterior, se colige expresamente la misión pública del canal, lo cual da cuenta que la trascendencia del servicio que presta a la población en general respecto de la necesidad de información bajo una serie de valores de que da cuenta la disposición legal”, consignó el documento al que tuvo acceso La Tercera PM.
La autoridad definió que los grupos que deben contar con servicios mínimos son el área técnica, prensa, programación y producción, considerando en total a 35 trabajadores al interior de TVN, según la resolución.
El área que concentra el mayor número de trabajadores bajo esta modalidad es el área de prensa con periodistas, comunicadores audiovisuales y diseñadores gráficos. A ellos se suman: técnicos en audiovisual, ingenieros y técnicos en electricidad.
La resolución de la autoridad se produce a solo semanas que la gerente general de TVN, Alicia Zaldívar junto al abogado de Luis Lizama se reunieran a través de una reunión por Ley de Lobby con el propio Director Nacional del Trabajo. En concreto, en la audiencia solicitada se buscó “aclarar personalmente al Director Nacional del Trabajo las consecuencias de una eventual huelga a nivel nacional y sus efectos en el interés público”.
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