Manuel Figueroa es maestro marmolero y lleva tres años sin poder trabajar debido a una discopatía lumbar y a una fribromialgia, enfermedades que no le permiten ejercer con normalidad su oficio, por lo que se dirige todas las semanas a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) – ubicado en Moneda 1040- para obtener información respecto al estado de sus licencias médicas, las que no han sido aprobadas desde febrero de este año.
Figueroa asegura haber entregado más de una vez los papeles médicos que solicitan para aprobar el pago de su dinero. Sin embargo, al verificar el estado de su trámite le informan que lo rechazaron por no estar registrados los documentos en el sistema.
“Yo no entiendo, aquí sólo te dicen que te faltan papeles, y cuando los traes tienes que esperar 15 días hábiles más, para que después vengan y te digan que te rechazaron el pago por falta de antecedentes médicos, los que ya entregué hace meses”, relató.
“Por el no pago de mis licencias me he visto perjudicado al pagar mis cuentas, tengo tres hijos, uno de ellos en la universidad y otro en el liceo. La situación económica es insostenible”, concluyó.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, hasta abril de 2018 había 274 mil licencias impagas, por lo que la historia de Manuel es el reflejo de la situación que viven miles de personas en Chile.
Crisis
Durante junio se han registrado tres episodios que evidencian la desesperación que sienten afectados por esta situación.
El primero, ocurrió el pasado 5 de junio cuando un hombre en silla de ruedas utilizó un extintor para agredir a las funcionarias de la Compin; nueve días después, un adulto mayor realizó cortes en sus brazos.Mientras que la última manifestación tuvo como protagonista a una mujer que amenazó con desnudarse si no le pagaban los siete meses de licencia que le deben.
Ante estas situaciones, Contraloría señaló que se está realizando una auditoría que busca determinar si los funcionarios de la Comisión Preventiva de Medicina e Invalidez cumplieron sus funciones y metas, correspondientes a la recepción, validación y tramitación de licencias en el periodo entre enero y junio de 2018.
Por su parte, el ministro de Salud Jaime Mañalich, anunció una “profunda intervención desde el nivel central”, para terminar con la crisis que afecta al departamento de Salud Pública.
Según lo detallado a El Dínamo por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, los cambios a corto plazo consisten en nombrar “un interventor en la oficina de Moneda. Esto significa que una persona externa a ese servicio tomará el control de esa unidad”.
El principal trabajo del nuevo interventor consistirá en mejorar el servicio, aumentar la cantidad de personal, además de ordenar y coordinar los procesos administrativos de la mencionada sucursal.
Daza destacó que la persona que tomará el control de la unidad “tendrá plenas atribuciones para implementar los cambios sobre el modelo de atención, el personal y los protocolos de servicio existentes, para resolver todos los casos de licencias que presentan retrasos en su tramitación”.
En ese sentido confirmó que se realizará una investigación para “detectar si hay irregularidades, que se entregará a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público, en caso que sea necesario”.
Respecto a la atención de los usuarios, Daza señaló que las oficinas del Compin que se encuentran en Moneda serán trasladadas durante el segundo semestre a la calle Huérfanos. El recinto contará con “más módulos, mejores centros de espera, sala de lactancia, capacitación de administrativos y lugares para realizar peritajes de forma privada”.
Resolver el problema por decreto
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Secretaria Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, Macia Lara Acuña, explicó que “es todo muy complicado, nuestros compañeros han sido lapidados cuando, en realidad, el tema es político por lo que el ambiente se torna difícil, porque no hay un flujo de información que le indique a la gente cómo se tramita una licencia médica”.
“Hoy el tema no pasa por tener un edificio más bonito, ni tener 100 personas trabajando. Hoy lo que se debe aplicar es el artículo 25 del decreto 3, que indica que si en 30 días no se ha resuelto una licencia, se debe pagar”.
Según lo expuesto por Marcia, las manifestaciones del último mes “han provocado grandes problemas. Los funcionarios ya no quieren venir a trabajar, muchos están con licencia médica porque hay un impacto psicológico”.
“Este problema lo hemos denunciado en todos los gobiernos, hay algunos más eficientes que toman medidas de contención para la época de invierno. Mientras que otros son mucho más lentos- como en este caso- entonces los trabajadores y los usuarios del sistema estamos sufriendo la falta de políticas públicas”, explica.
Engorroso, lento, repetitivo y confuso
Todos los actores llegan a la misma conclusión: el proceso es engorroso, lento, sumamente repetitivo y confuso. La subsecretaria Daza explica de entrada que para modificar la forma en que funciona el sistema, primero hay que reformular la ley. “El proceso es complejo y es por ley. Quiero decir: esto es una ley y habría que cambiar la ley para cambiar todo el proceso. En eso estamos trabajando hoy en día”, explica.
El proceso se inicia con la licencia médica emitida por el doctor, la cual puede ser en papel o electrónica. Si es en papel, debe ser el paciente -que se encuentra enfermo- quien llevará la licencia donde el empleador. Es éste quien debe hacer llegar al Compin, en un período de tiempo determinado, todos los antecedentes solicitados anexos a la licencia, como el contrato de trabajo e imposiciones. Es el empleador quien muchas veces retrasa el proceso al no responder a tiempo con las solicitudes y documentación.
“Los trabajadores tienen que asegurarse de que el empleador lleve los documentos a la Compin. A veces los pacientes van y las licencias no han llegado, pero es el empleador quien debe llevar la licencia de su trabajador con los antecedentes”, explica la subsecretaria Daza.
Luego se inicia la evaluación por parte de la contraloría médica, quien puede rechazar o aprobar la licencia. Aquí el contralor puede solicitar más antecedentes para tomar la decisión. De ser aprobada, continúa el cálculo del subsidio, una de las mejoras que ha tenido el sistema con el tiempo
“Antes existía una persona que lo hacía a mano, pero ahora hay tecnología y afortunadamente el cálculo es automático y eso ha agilizado el proceso”, confiesa Daza.
Con el cálculo realizado se pasa a las cajas. “En este proceso pueden quedarse porque piden más antecedentes ya sea de la contraloría médica o piden más antecedentes porque, por ejemplo, el trabajador no mandó el contrato. De 10 personas que van a la Compin 4 van a saber en qué estado se encuentra su licencia médica. Y de todas aquellas licencias que se rechazan, el 60% es por falta de antecedentes. El proceso es engorroso, lento y nos parece que es demasiado complejo hoy en día y hay que simplificarlo”, destaca.
Hoy el Ministerio de Salud nombrará un interventor en el Compin Metropolitano.
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