Llevaba sólo tres meses trabajando como operaria en una planta de proceso de salmones cuando quedó atrapada entre los engranajes de la cadena transportadora. Sindy Araneda Alarcón murió en agosto de 2018, a los 28 años, en la sección de montaje y cajas de la salmonera Camanchaca de Tomé, en la región del Biobío.
Sindy y María Muñoz Vargas, cuyo cuerpo fue hallado en mayo de este año en Pargua (Los Lagos) junto al de otro trabajador tras una presunta intoxicación, son las dos únicas mujeres del total de 43 víctimas mortales que la industria del salmón ha dejado en los últimos seis años (2013-2019). Según el estudio “Salmones de Sangre”, elaborado por el Centro Ecoceanos, para poner de manifiesto la precarización e inseguridad laboral que enfrentan las trabajadoras y trabajadores del sector, entre los fallecidos, hay cuatro personas hasta ahora sin identificar.
Buzos, operarios, tripulantes y transportistas del rubro, en su mayoría hombres, han fallecido mientras desempeñaban sus labores en condiciones a menudo precarias o, al menos, cuestionables. Una precariedad que también afecta de pleno a las mujeres trabajadoras de esta industria, que en muchos casos sufren vulneraciones de sus derechos laborales y discriminaciones de género, como la pérdida del fuero maternal, la negación de permisos para controles médicos o la falta de tiempo para amamantar.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidas por Ecoceanos, de los más de 60.000 trabajadores y trabajadoras de la industria del salmón chilena, alrededor del 32% son mujeres. Ellas trabajan principalmente en centros de cultivo y plantas procesadoras industriales. Sus jornadas se alargan hasta las diez o doce horas en período de cosecha, durante las cuales permanecen de pie, a temperaturas bajo cero y con alta humedad.
“Poco productivas”
En 2015 Elena Levicoy empezó a trabajar en la empresa Salmones Aysén de Puerto Montt. Pese a que llevaba diez años como empleada de ese rubro y había pasado por varias empresas, empezó en la compañía sujeta a un contrato a plazos. Al poco tiempo, quedó embarazada de mellizos, por lo que tras finalizar los meses acordados, no le renovaron el contrato. Sin embargo, su estado obligó a la empresa a readmitirla, al menos, hasta que encontraran las grietas legales para desvincularla definitivamente. “Me mandaron a juicio para desaforarme”, cuenta Levicoy. “Es legal que te demanden para desaforarte si tienes un contrato a plazos”, dice. Este fue su caso. Una situación que tuvo que enfrentar esperando dos guaguas y con otra que entonces tenía un año. “La persona que ordenó mi desafuero fue una mujer, la nueva jefa de Recursos Humanos”, recuerda. “Entre nosotras nos hacemos esto”, lamenta.
La historia se repite con Carolina*, una ingeniera en prevención de riesgos que trabajaba para la empresa Naviera Frasal de Punta Arenas, asesorando y monitoreando la actividad de las embarcaciones que transportaban los salmones de los centros de cultivo hasta la ciudad. Fue despedida ad portas de firmar su contrato indefinido, luego de haber estado sujeta a varios meses de trabajo a honorarios y a un contrato por temporal de tres meses. “Me despidieron y luego me reincorporaron, pero después de tomar unas vacaciones que ellos mismos aprobaron, me llevaron a tribunales para pedir mi desafuero por incumplimiento de labores al no presentarme a trabajar”, relata la ingeniera.
Según establece el Código del Trabajo, toda mujer trabajadora y embarazada tiene derecho a no ser despedida por su empleador durante su embarazo y hasta un año después de expirado el período de postnatal. Sólo la autorización de un juez competente podría conceder la desvinculación en caso de vencimiento del plazo convenido en el contrato, conclusión del trabajo o servicio o hechos imputables a la conducta del trabajador.
El abogado Francisco Paredes, con amplia experiencia en litigios judiciales entre trabajadores de la salmonicultura y empresas del rubro, explica que estas compañías solicitan “de manera frecuente” los desafueros y obligan, así, a las trabajadoras embarazadas a concurrir al tribunal a defenderse, normalmente sin asesoría técnica . “No es ilegal, pero es éticamente reprochable porque una vez más las empresas imponen su voluntad en base a su supremacía económica”, asegura. “En los contratos a plazo es donde más desafueros hay”, añade.
En otros casos, las trabajadoras venden su fuero y negocian una salida con la empresa con la promesa de volver a incorporarse después del embarazo y el posnatal. En junio, la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón (Fetrasal) alegó en un petitorio público que “se dificulten [a las trabajadoras] los permisos para controles médicos y el tiempo para amamantar” y que los empresarios las consideren “poco productivas” hasta el punto de negarles o “comprarles” el fuero maternal, que en Chile protege a la madre trabajadora hasta los dos años de edad de su hijo.
Sea cual sea la fórmula, las mujeres casi nunca se atreven a denunciar esa práctica irregular porque en muchos casos esperan volver a trabajar para la misma compañía o optan por resguardar el lugar de empleo de su pareja o de un familiar. Eso, porque la expansión de la salmonicultura ha convertido esta industria en la principal fuente laboral de muchas de las familias de regiones como Los Lagos o Aysén.
Afectaciones en la salud
Foto: Agencia Uno
El sistema de trabajo en la industria del salmón incentiva la autoexplotación y el sobreesfuerzo laboral, según denuncian sus trabajadores. La producción influye directamente en los salarios a través de bonos que complementan unos sueldos que oscilan entre los 300.000 pesos –el mínimo legal– y los 500.000 pesos. Trabajadoras y líderes sindicales también señalan el riesgo de sufrir accidentes laborales, como amputaciones o enfermedades musculares invalidantes asociadas a extensas jornadas de trabajo que se alargan a base de horas extra. Además de las dificultades para conciliar la vida familiar, existe unalto costo para la salud por realizar actividades manuales repetitivas durante muchas horas en condiciones de alta humedad y temperaturas muchas veces bajo cero.
Ruth Caicheo, dirigenta de una comunidad mapuche huilliche y vecina de Ancud, trabajó dos años sacando espinas en una planta de proceso y hoy, con 46, padece tendinitis crónica: “A menudo trabajábamos más de 10 horas seguidas porque nos pagaban un bono de producción que todos queríamos; trabajábamos siempre de pie, con el frío que te calaba las rodillas. Querían que te convirtieras en una máquina de producir”, opina. “Tengo secuelas hasta hoy del trabajo de aquella época: no puedo cargar el hervidor con una sola mano porque es mucho peso, ni colgar la ropa en el tendedero porque mi brazo no llega hasta arriba”, se queja.
Al desgaste físico se suman las dificultades para acceder a tratamientos médicos y paliativos para el dolor provocado por estas enfermedades. Las trabajadoras de Fetrasal también denunciaron en su petitorio los “acuerdos ilegales entre las mutualidades y las empresas salmoneras” para que las atenciones médicas cubiertas por las primas “no siempre sean catalogadas como una patología de origen laboral”. Así, dolencias como la tendinitis, lesiones al túnel carpiano o al manguito rotador, o lumbago son, en muchos casos, consideradas enfermedades comunes, desvinculadas del ámbito laboral en el que se originan.
Paula Arriagada preside el Sindicato Número 2 de la empresa Los Fiordos, una de las filiales de AquaChile que hoy integra el holding Agrosuper, el mayor grupo exportador de salmón chileno. Trabaja en una planta de procesos de Quellón sacando espinas de los peces y denuncia que en su línea de producción incluso existen restricciones para ir al baño. 250 trabajadoras –todas mujeres– están obligadas a ir al W.C. con un sistema de turnos, según dice, para evitar que disminuyan la productividad y el rendimiento.
“La planillera, que tiene un rango superior, entrega a cada operaria una ficha con un número, según el orden que seguimos en la línea de producción, y cronometra el tiempo que te demoras: si tardas poco, podrás salir antes al baño, pero si vuelves demasiado tarde por lo que sea, te tocarán los números del final”, explica. La dirigenta cuenta que ha habido trabajadoras que han sufrido cistitis (infección urinaria) y que además esta línea es la que registra más enfermedades profesionales.
Las diferencias salariales con los trabajadores hombres y la falta de mujeres en las gerencias de las empresas son otras de las quejas que plantean las mujeres del sector salmonicultor. Sin embargo, para ellas, las dificultades no se limitan a las discriminaciones de género: son también una cuestión de clase. “Necesitamos que el Estado fiscalice nuestras condiciones de trabajo para resolver estos problemas y todos los demás que tiene esta industria con sus trabajadores”, sintetiza Arriagada. Su petición va más allá de las demandas de las trabajadoras y engloba las reivindicaciones de un sector que reclama un trabajo justo, decente y respetuoso con las personas y el medioambiente.
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