Por Francisco Sepúlveda, Médico y Militante Agrupación de Trabajadores de la Salud «Abran Paso»
El pasado día Jueves a través del diario Oficial, el gobierno dio a conocer el listado de empresas calificadas como estratégicas, y que por lo tanto sus trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga. Desde los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa determinaron a las 72 empresas que recibirán esta calificación, las cuáles se vinculan a provisión de servicios básicos.
Entre las empresas se encuentran prestadores de servicios como electricidad, agua y gas a nivel nacional, aunque también se incluyen prestadores de servicios de diálisis del sector de salud y el Banco Central. También se encuentran, ventajosamente, dentro de estas empresas Antofagasta Terminal Internacional (donde invierte el grupo Luksic) y Terminal Puerto Arica de los Von Appen por razones ligadas a los tratados internacionales con Perú y Bolivia, a pesar de que por ejemplo el TPS Valparaíso (propiedad de los mismos Von Appen) tuvo rechazo a su postulación.
Esto implica finalmente que en los próximos dos años, sus trabajadores no podrán ir a huelga, aunque sí tienen el derecho a negociación colectiva mediante un arbitraje obligatorio. A pesar de la determinación del gobierno que redujo de 100 a 72 el número de empresas estratégicas, y que rechazó la postulación de 19 de ellas en este proceso (postularon 91), las empresas y los sindicatos pueden apelar a la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 15 días corridos.
Esta última situación, incluida en la última reforma laboral de Bachelet (donde también se incluyó que fuera cada dos años la designación de empresas estratégicas), a pesar de la posibilidad de que los sindicatos apelen a la inclusión de las empresas de las cuales sus trabajadores afiliados sacan a flote y generan las ganancias, ha sido más favorable para los empresarios.
En 2017 ante la apelación de los sindicatos de empresas como CGE, Metrogas y Gas Sur, la Corte falló a favor de la inclusión de estas en el listado. El vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, ratificó esto mencionando que de las 15 apelaciones que presentaron en 2017 “la Corte Suprema las rechazó todas, porque se pronunció sobre la forma y no el fondo. Y el fondo es la libertad sindical”.
Mantener este tipo de restricciones hacia la organización de las y los trabajadores, sin duda, son herramientas para poner piedras de tope a que hoy las y los trabajadores puedan enfrentar a un gobierno de empresarios, cobrando mayor importancia al encontrarnos hoy ante una ofensiva del gobierno por imponer más precarización laboral bajo el disfraz de la «flexibilidad».
Y es que finalmente la mera existencia de estas “empresas estratégicas” no solo se convierte en un ataque directo a la organización y el derecho de movilizarse de las y los trabajadores por demandas mínimas en pos de mejores condiciones de vida, sino que también mantiene la lógica de defender las ganancias empresariales en sectores que deberían estar garantizados por el mismo Estado y no por empresas privadas quienes ven como en el modelo neoliberal Chileno pueden lucrar a destajo con los servicios mínimos necesarios para mantener la vida de millones de trabajadores y sus familias.