Esta semana se dieron a conocer, por parte de la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento (SUPERIR), el número de empresas que han iniciado un proceso de quiebra hasta Agosto del presente año. La cifra alcanza las 1132 empresas, y significa un aumento de un 30% comparado con igual periodo el año pasado en nuestro país.
Las más afectadas serían empresas de las regiones Metropolitana, Bío Bío y Maule, y principalmente en los sectores de “construcción” y “comercio”. Las razones involucrarían una disminución en el consumo, así como también el precio de los arriendos, esto último va de la mano con la “burbuja inmobiliaria” en nuestro país.
Dentro del comercio, del rubro del calzado, empresas como Guante, Gacel, Albano o incluso Calzados Beba, son empresas que han cerrado o se han reestructurado cerrando su producción local y optando por la importación. También se suman los miles de despidos durante 2018, como en FCAB, Maersk, Pastas Suazo, Iansa, con despidos masivos en donde finalmente quienes pagan el precio de la crisis son las y los trabajadores.
Y es que, son las y los trabajadores despedidos quienes deben cargar con el precio de los procesos de quiebra de los negocios de los empresarios, y que finalmente pueden mantener sus ganancias y sus patrimonios para iniciar nuevos “emprendimientos”, donde la oposición parlamentaria encuentra un límite en la legalidad mientras las familias de estos trabajadores pasan por semanas de incertidumbre producto de los despidos y de las falsas promesas del gobierno de derecha de Sebastián Piñera y de los tiempos mejores que nunca llegaron, y en donde toma relevancia la lucha por las reincorporaciones y el refuncionamiento de la fabrica bajo gestión de las y los trabajadores, como la fábrica sin patrones «Zanon» en Argentina.