Luego del acuerdo suscrito durante la madrugada de este viernes, el abogado constitucionalista Jaime Bassa -conocido por sus exposiciones en el Congreso-, realizó un análisis de este hito político y social.
El profesional indica que este acuerdo es “es positivo en clave constituyente”, ya que “no se cierra la discusión entre cuatro paredes, sino que se abre un espacio de decisión ciudadana”.
Bassa destaca que “la Constitución del 80 ha sido definitivamente desahuciada por la ciudadanía” y que “la nueva Constitución será discutida sin el fantasma de la anterior”.
“Una hoja en blanco garantiza una discusión libre, sin las amarras del pasado”, expresa, agregando que aquello significa que la actual constitución “no tendrá, jurídicamente, ningún valor vinculante sobre la discusión constituyente”.
Otro de los detalles positivos, según Bassa, es que se consiguió la convocatoria a un plebiscito de entrada y otro de salida. “Así, el pueblo decidirá sobre el mecanismo y podrá ratificar o rechazar el texto de nueva Constitución que se nos proponga”, explica.
El abogado además aclara que el mandato al órgano constituyente es claro y acotado, contemplando “un plazo fijo de extensión razonable y prorrogable”, además de “no podrá ejercer otras funciones que no sean propiamente constituyentes y se disolverá una vez cumplido su trabajo”. De paso, señala que “el aparato estatal seguirá en funciones”.
En esa línea, Bassa aclara que la “Convención Constitucional” es lo mismo que la “Asamblea Constituyente”.
Igualmente, el profesional reconoce que el quórum de 2/3 “es muy alto”, pero asegura que “como el órgano constituyente no será binominal, será muy difícil que opere como una trampa”.
Eso sí, hace hincapié en que “no podemos confiarnos: nuestra participación en las elecciones constituyentes y en las deliberaciones es clave”.
“Esos 2/3 serán el piso para que cualquier materia entre en la Constitución y funciona para todos los sectores por igual. Eso obligará a negociar en la constituyente, con los votos en la mano y no con la Constitución del 80 como trinchera”, añade.
Por otra parte, Bassa indica que también se contempla una “inhabilidad sobreviviente”, que evitaría que “los constituyentes sean candidatos/as a elecciones luego de un año”. En este punto, el abogado marca un contrapunto y expresa que “ese plazo parece bajo, considerando que los ciclos electorales son de cuatro años”. “Una inhabilidad de cinco años da mayores garantías”, plantea.
Finalmente, el abogado señala que aún quedan pendientes algunos temas, tales como que “la constituyente debiera ser paritaria y con escaños para pueblos originarios. Además, debe generar las condiciones para evitar que los problemas de representatividad se proyecten a esta instancia: democracia participativa y directa”.