En 2016 María Angélica Toro, psicóloga educacional y habitante de la comuna de Independencia, ejercía sus funciones en el Liceo San Francisco de Quito de la misma comuna. Dependiente del municipio este liceo es reconocido como el “instituto nacional” de la comuna por su férrea disciplina y resultados académicos. Pero por dentro se vivían situaciones de vulneración de derechos grave. Esta psicóloga por medio de una carta publicada el 13 de diciembre pasado resume largos años de hostigamiento a sus funciones, desprecio cotidiano, negación de vacaciones e hiper-vigilancia de sus labores, de parte del director Castro y su equipo directivo. Constantemente se le decía “no haces bien tu pega” lo que la llevó con el tiempo a una depresión reactiva que la mantuvo en licencia reiteradas veces. Tanto es así que un día su cuerpo le impidió seguir entrando al Liceo, su depresión evolucionó a un cuadro de pánico.
Recurrió a los jefes del Departamento de Educación (DEM), sin resultados. Tras eso decidió denunciar en contraloría las situaciones de las cuales era víctima. Al llegar marzo del 2017 María Angélica decide presentarse en el DEM todos los días hasta conseguir un traslado de establecimiento. Logra tras varios días ser trasladada al Liceo Gabriela Mistral. Allí rápidamente pudo recomponer sus relaciones laborales, convirtiéndose en una profesional proactiva, entusiasta y comprometida. Sin embargo, su proceso aún no había terminado.
Resultó que los trámites en Contraloría determinaron la realización de un sumario interno contra el director Castro. Extrañamente cuando se ordenó esto el director decide trasladarse a un establecimiento de la comuna de Conchalí, abandonando la comuna y con ello la investigación. Pero, en 2019 Castro vuelve a aparecer como director, esta vez del Liceo Gabriela Mistral donde María Angélica había sido reubicada. “Me está persiguiendo” fue lo que pensó de inmediato. El concurso de alta dirección pública contempló la postulación de 86 directores, y el alcalde eligió entre todos ellos precisamente a Arturo Castro.
Directivos en educación en Independencia: cuestionados por acoso, homofobia y autoritarismo
En 2018 María Angélica queda embarazada y ejerce su derecho a pre y pos natal, y en enero de 2020 se enteró que iba a ser “puesta a disposición”. La planta profesional es año a año confeccionada por los directores y el equipo administrativo, todo indicaba que él quería seguir la guerra. Se trata de una persona con un historial de denuncias y malas prácticas. En 2018 un miembro del equipo directivo de Castro, quien se encontraba con interino, despidió al profesor de Lenguaje que pretendía que sus estudiantes leyeran a Pedro Lemebel, y ese mismo año se destapó el caso de Alejandro Melo estudiante que sufrió acoso y discriminación por parte de sus pares y también por parte del equipo directivo, como mediaciones forzadas, que lo expusieron a sus agresores, sumado al historial de comentarios y prácticas homofóbicas del equipo directivo.
Hoy María Angélica no quiere volver porque en su lugar de trabajo está su acosador. Ninguna autoridad hasta la fecha se ha puesto en contacto con ella.
Hasta el momento el alcalde Gonzalo Durán (Concertación) no se ha pronunciado públicamente ante el despido de María Angélica y pareciera ser parte del problema al hacer retornar al odiado director Castro. Estamos hablando de educación pública, estamos hablando del derecho de miles de niños y jóvenes. ¿Es sano dejar la educación en manos de personas homofóbicas, acosadoras y autoritarias? Claramente no, se trata de tener un mínimo de ética. El alcalde debe pronunciarse e iniciar una investigación que contemple la participación de la comunidad. María Angélica debe volver a sus funciones y Castro debe ser suspendido por representar un peligro para la comunidad.
En Chile los directores de escuelas y liceos municipales son designados a dedo por los alcaldes. Se supone que existen “concursos públicos” pero todos sabemos que hay redes de influencia más fuertes y que terminan tolerando casos aberrantes como los del señor Castro. Hay que acabar con la herencia autoritaria en educación, los directores deberían ser electos por la propia comunidad y los establecimientos deberían poder auto determinar su proyecto educativo. Es necesario que la educación salga de las manos de los alcaldes y la política, volviendo al Estado y al patrimonio público, y pasen a manos de las comunidades por medio de Consejos Escolares democráticos y resolutivos.