La propuesta la hizo el pasado jueves 9 de enero, a las 17.30 horas, en una bilateral con el Presidente Sebastián Piñera, en las oficinas de la Presidencia. Pero cuatro días después, el Mandatario notificó que la dejó en el congelador.
En nueve láminas de un powerpoint titulado “Presentación bilateral: nuevo ministerio de Seguridad Pública”, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, detalló una propuesta cuyo equipo había estado trabajando desde hace días.
Terminaba una semana marcada por la filtración y sabotaje a la PSU, en la cual se pusieron a prueba los planes de contingencia que tanto Carabineros como el gobierno habían dibujado para evitar lo que finalmente ocurrió. Un día después, sería el consejo general de la UDI, en el cual se debatiría si el partido “descongelaba” sus relaciones con el Gobierno, que habían puesto en stand by luego de que Renovación Nacional y Evópoli votaran a favor de la paridad en una eventual convención constitucional.
En la reunión del jueves, Blumel expuso ante el jefe de asesores de la Presidencia, Cristián Larroulet; el asesor especial en Modernización del Estado de la Presidencia, Rafael Ariztía; los subsecretarios Juan Francisco Galli (Interior) y Katherine Martorell (Prevención del Delito); y un puñado de asesores de la Segpres y la Dipres. El titular de Interior fue el único miembro del comité político en la cita.
La propuesta -que desde La Moneda describieron como “preliminar”, respecto de la cual no hay una decisión tomada- se trata de una reestructuración completa del “centro de gobierno”. Es decir, de los ministerios que se radican en La Moneda y que –en definición de los expertos- son el núcleo estratégico del Estado, que presta directo apoyo al Presidente.
El planteamiento de Blumel divide al ministerio del Interior y Seguridad Pública –el que fue aprobado en 2011 mediante una reforma constitucional- en dos y reacomoda las principales funciones de éste, de la Segegob y de la Segpres, disolviendo a estos dos últimos.
Por un lado, plantea crear un ministerio del Interior, que maneja el rol de coordinación política interna del gabinete y regional, absorbiendo además el rol de relaciones políticas e institucionales de la Segpres, una de las principales labores de ese ministerio. El ministro, entonces, se transforma en jefe político del gabinete.
En segundo lugar, radica todos los temas de orden público en el ministerio de Seguridad. Este concentraría las tareas de seguridad y desastres, extranjería, drogas e inteligencia, todas actualmente en manos del ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para ello crea dos subsecretarías: la de Seguridad (que maneja temas como el crimen organizado, orden público, ciberseguridad, prevención del delito y otros); y la de Gestión y Control Policial, que reúne a las actuales divisiones de Carabineros y la PDI.
Como se dijo anteriormente, tanto la Segpres como la Segegob desaparecen, y parte de sus roles se funden para crear la Oficina de la Presidencia, que depende directamente del Mandatario. De la Segpres, ésta toma su división Jurídica (hoy a cargo de la abogada Fernanda Garcés) y de Estudios (cuya cabeza es el abogado Roberto Munita) junto con las tareas de seguimiento. Y de la Segegob, toma su rol fundamental, el de las comunicaciones, creando la figura de un vocero o “speaker”.
Ya en el programa para el primer periodo de Piñera –realizado por los grupos Tantauco- se había planteado un cambio en el núcleo de poder de un gobierno. Para la segunda campaña –cuyo programa dirigió el propio Blumel- se retomó la idea. En la página 151 del documento que consolidó las propuestas, se propone “modernizar el Centro de Gobierno a 4 años plazo”; “modernizar la Asesoría Presidencial, delimitando sus funciones, incrementando las capacidades profesionales de los equipos y mejorando la coordinación con las comisiones asesoras presidenciales”; y “evaluar la eliminación de la Segegob como ministerio, reemplazándola por una oficina con un vocero con rango ministerial responsable de las comunicaciones”. La diferencia está en que si en el documento se planteaba “fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría General de la Presidencia” respecto de determinados temas, no planteaba su disolución.
¿Por qué ahora?
Aunque la reforma al “centro de gobierno” había sido planteada antes, parte del diagnóstico para impulsar la medida ahora –en plena crisis- tiene justamente que ver con eso. En las primeras láminas de su exposición, Blumel plantea que la ley que creó el ministerio del Interior y Seguridad Pública solucionó el problema de la dependencia de las policías, pero no previó otro conflicto: que para el jefe político del gabinete es cada vez más complejo dedicarse a la seguridad y el orden público.
El caso de Andrés Chadwick –que terminó siendo acusado constitucionalmente por supuestas violaciones a los DD.HH. cometidas por funcionarios de Carabineros dependientes de su ministerio- es un argumento que refuerza el punto. Además, cuando Galli asumió como subsecretario del Interior, desde La Moneda se encargaron de enfatizar que Blumel pretendía delegar en él las tareas de orden público y las reformas a Carabineros, para enfocarse más en su rol de jefe político del gabinete.
Una propuesta similar está por emanar de la comisión modernizadora de Carabineros que encabeza el senador PPD Felipe Harboe y que corre en paralelo a la creada por el ministro del Interior para la misma tarea. El próximo 27 de enero el primer grupo dará a conocer su proyecto, el que incluye un reordenamiento de La Moneda, en particular de Interior y la responsabilidad que tiene sobre las fuerzas de seguridad. Blumel, además, está a la espera de las definiciones que tome la comisión sobre la fuerza policial que lidera en La Moneda, las que también podrían tocar el punto.
Como sea, para cuando el Presidente Piñera se reunió el lunes con los ministros del comité político, ya había notificado que -por ahora- el proyecto de Gonzalo Blumel quedaba en stand by.
Según afirmaron altas fuentes de La Moneda y de los partidos de Chile Vamos, el Mandatario sopesó que no era el momento para abrir un debate constitucional cuando éste ya está en pleno desarrollo por el proceso constituyente que se acordó el pasado 15 de noviembre. A ello se suma el hecho que el proyecto no habría sido consultado con los ministros incumbentes: la vocera Karla Rubilar y el ministro Felipe Ward.
Otra alta fuente de Palacio refrendó el punto y dijo a La Tercera PM que “las prioridades son el tema constitucional, las reformas sociales y la modernización de las policías, por lo que no está contemplado en este momento avanzar con cambios institucionales”.