La realidad de los trabajadores a honorarios del servicio público siempre va acompañada de la inestabilidad, ya que en estricto rigor, no tienen la calidad de funcionarios públicos, si no que prestan los servicios establecidos en su acuerdo laboral, sin tener los derechos de un trabajador regular. Esto se traduce, en muchas ocasiones, en retrasos en los pagos de sus sueldos, en especial en estas fechas.
Fuente: El Ciudadano
De acuerdo al dictamen N° 004372N19 emitido por la Contraloría General de la República en febrero de 2019, luego de reclamos de trabajadores del FOSIS, no debería haber impedimento para que los funcionarios reciban sus sueldos, siempre y cuando el trabajo haya sido realizado. Y si bien en algunos servicios esto se ha cumplido según cuentan algunos trabajadores del mismo FOSIS, en otros organismos y en distintos municipios la situación no es así.
Claudia Barriga Riveros, presidenta de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Sector Público del Biobío, explicó al portal Sindical que hay empleadores “con una clara voluntad de no generar este impacto y desmedro en los trabajadores, pero otros, sin embargo, de manera indiferente y apelando a no caer en alguna irregularidad, no tienen esta voluntad y dejan a muchos colegas sin pago por varios meses y en algunos casos hasta sin contrato”.
Esto sucede, por poner un ejemplo, en la comuna de Cañete, donde trabajadores de los programas Prodesal y PDTI de INDAP comienzan a trabajar en enero, pero recibirán sus sueldos en marzo. Mientras, en los municipios sucede que no pagan los sueldos mientras la remesa de dineros no sea ingresada a la entidad; pero en otros casos, la municipalidad presta con aprobación del Concejo los fondos para el pago de remuneraciones, y una vez ingresados los fondos del programa, se devuelven al municipio.
¿Qué sucede entonces con el dictamen de la Contraloría? Para la dirigenta Claudia Barriga, “literalmente lo pasan por alto al no tener vínculo laboral. En muchos casos la indiferencia de las autoridades convierte a los trabajadores a honorarios en trabajadores de tercera categoría, expuestos a vulneraciones, acoso y hasta desvinculación si se exigen este tipo de cosas”.
Se trata de un problema de larga data y con un horizonte poco claro, ya que como cuenta Barriga, “el problema más grave que tenemos como trabajadores a honorarios es la vulneración de derechos, porque la ley de planta no permite ampliar la planta del Estado. Sin los honorarios en el sector público no funciona ninguna política pública, y aun así, el Estado sigue manteniéndonos en esta condición. Y ahora, con la obligación de cotizar el margen que vamos a tener es muy bajo, más aún con la reforma a las pensiones con el 6% de aporte patronal, que en este caso lo vamos a tener que pagar nosotros y eso sí que es un retroceso, porque es prácticamente un impuesto por trabajar”, concluyó la dirigente.