Ante la promulgación y entrada en vigencia de la Ley que faculta el acceso al seguro de cesantía por suspensión de la relación laboral debido al cierre de empresas decretado por cuarentena ordenada por la autoridad y cuando exista pacto de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, queremos expresar que nuevamente tenemos que lamentar la insistencia del Gobierno y del mundo empresarial por imponer respuestas a la crisis sanitaria actual, bajo la lógica de que “La crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras de Chile”, tal como sucedió con el dictamen de la dirección del trabajo sobre los efectos del cierre de empresas.
En dicho sentido, queremos aclarar que la Central Unitaria de Trabajadores ha promovido de forma urgente la necesidad de implementar mecanismos de efectiva protección social que permitan dar cobertura integral las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en el marco de esta crisis. Fuimos los primeros en entregar formalmente a la Ministra del Trabajo y Previsión Social un Plan Nacional de Emergencia que contenía una serie de propuestas para afrontar integralmente la crisis sanitaria y económica que se nos avecina, con tres pilares similares a los que con posterioridad ha promovido la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, el Gobierno y el mundo empresarial, insisten en avanzar en este tipo de iniciativas que recargan todos los efectos de la paralización de funciones en los trabajadores y trabajadoras por la vía de cubrir el no pago de salarios con cargo a sus cuentas de ahorro individual, es decir, con sus propios recursos. Como se puede apreciar, este proyecto es un mecanismo ideal para proteger a los empresarios que han acumulado utilidades millonarias durante años, ya que en definitiva, serán los propios trabajadores y trabajadoras quienes financiarán la crisis, ya que la ley no distingue por tamaño y tipo de empleador.
Lo anterior, a pesar de que durante el trámite legislativo existieron propuestas para dar otro sentido y orientación al Proyecto de Ley, por ejemplo, en el sentido de reducir requisitos de acceso, ampliar la cobertura a los informales e independientes y dar mayor fortaleza al mundo sindical, todas las que tuvieron amplio respaldo técnico y político, pero que finalmente no avanzaron en el Congreso Nacional.
En efecto, se propuso acotar la amplitud de los mecanismos que contiene la ley para que sólo fuesen aplicados durante la crisis y no mas allá de ella evitando abusos, se trató de establecer que primero fuese el fondo solidario de cesantía el que cubriera las prestaciones, se planteo que donde existieran sindicatos fueran ellos los que negociaran los acuerdos para proteger a los trabajadores y evitar abusos, se quizo rebajar los requisitos de acceso al seguro, se buscaron formulas para proteger a los trabajadores y trabajadoras que quedaran sin fondos despues de la crisis y fuesen despedidos y fue mayoritaria la demanda por incorporar a los independientes que son el 30,2% de la población trabajadora.
Sin embargo, todo lo anterior no quedó en la Ley, a pesar de ser aprobado en la Cámara de Diputados, atendido que el Gobierno y los parlamentarios oficialistas chantajearon con solicitar la declaración de inconstitucionaliudad de las propuestas en la comisión mixta, tal como ha ocurrido anteriormente con otras iniciativas que pretenden tocar las lógicas del modelo imperante. Un modelo pro empresarial que debilita al trabajador y a sus organizaciones en defensa de sus derechos.
Por todo lo anterior, como Central Unitaria de Trabajadores, no podemos valorar un proyecto como éste, pese a entender la urgente necesidad de proteger los empleos y el gran temor que existe en los trabajadores y trabajadoras de perder el empleo, pues con medidas como las que sanciona esta iniciativa, lo que se hace es mantenernos en la máxima precariedad y dejar en mejores condiciones al empleador quien podrá imponer siempre sus términos, bajo la eterna amenaza del despido para impedir que trabajadores y trabajadoras defiendan sus derechos. Mientras otros países han suspendido los despidos de trabajadores y trabajadoras durante la crisis, la señal que da Chile es que es más importante proteger a las empresas por sobre los trabajadores y sus salarios, olvidando que mañana, tras la crisis sanitaria, serán nuestros salarios los únicos que podrán rescatar la pequeña economía. Aquí no se trata de medidas asistencialistas, se trata de entender que solo el trabajo crea valor y requiere medidas de protección social efectivas.
Como CUT persistiremos en nuestras propuestas del Plan Nacional de Emergencia y especialmente en que se prohíba todo despido durante la crisis. Seguiremos defendiendo los derechos de todas y todos los trabajadores presionando y exigiendo al gobierno y parlamento que acojan tales medidas, ya que es la única forma de evitar que nuevamente los trabajadores y trabajadoras paguemos esta crisis.