Las sirenas se oían con fuerza en el quinto piso de la Dirección General de Carabineros, ubicada en calle Zenteno, a pasos de La Moneda. Eran sonidos tan intensos y constantes que el general director de la policía uniformada, Mario Rozas, se levantó de su silla, abandonó la sala de reuniones y se asomó por una azotea para ver lo que ocurría en el exterior.
La escena que vería cerca de las 22 horas del viernes 18 de octubre de 2019 -aseguran en su entorno- lo ayudó a dimensionar la magnitud de lo que se avecinaba esa noche en Santiago. Los carros de Bomberos, con sus balizas encendidas, circulaban rápidamente para extinguir las llamas que destruían un costado de la Torre Enel, en Avenida Santa Rosa. Encima de las sirenas también se oían gritos.
El estallido social había comenzado.
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“Espero que el atentado que mañana va sobre ti se realice. Que en paz descanses Mario Rozas”, decía uno de los mensajes de Whatsapp que ingresó al teléfono del general director, la noche del 17 de noviembre. Y no fue el único. Pocas horas antes, los antecedentes personales de la máxima autoridad de Carabineros habían sido divulgados en redes sociales, al igual que su número de contacto y la dirección de su casa en el sector oriente.
“Vamos a matar a tu familia (…) los secuestraremos y les sacaremos los dientes con alicate”, amenazaba otro de los mensajes que cerca de la medianoche recibió el alto oficial.
“Ministro, mi cargo está a su disposición, no quiero ser un obstáculo para el gobierno”, les ha dicho en reiteradas oportunidades el general Mario Rozas a las tres personas que han liderado la cartera de Interior durante la crisis.
Las primeras 72 horas desde el inicio de los desórdenes y ataques incendiarios del 18 de octubre de 2019, apuntaron a poner en marcha un sistema de acción en puntos críticos y control de orden público en la Región Metropolitana. A pocas horas del inicio del Estado de Emergencia decretado por el gobierno, el alto mando de Carabineros delineó las primeras estrategias para afrontar incidentes graves y resguardar la infraestructura crítica, como el Metro, aeropuertos, carreteras y sistemas de agua potable. La gravedad y simultaneidad de los ataques también llevó a que Carabineros diera protección a los medios de comunicación, a fin de no impedir la entrega de información oficial.
Un extenso mapeo de Santiago, en el cual se resaltaba con puntos rojos los hechos más graves de violencia, llevó al general Mario Rozas a ordenar el acuartelamiento de los uniformados, poner fin a sus vacaciones y requerir refuerzos desde Rancagua, Valparaíso y Talca. En total, 300 carabineros se sumaron al servicio en la capital. “Hasta el 18 de octubre, Carabineros tenía 1.200 carabineros especializados en control de orden público, y literalmente, de un día para otro, necesitó 25 mil. La realidad de Chile hasta entonces no requería esa cantidad”, detalla un documento de la policía.
El centro de monitoreo y comunicaciones ubicado en el tercer piso de la Dirección General se transformó en el lugar de las decisiones operativas. Fue allí, además, donde se conoció el primer ataque armado contra una unidad policial. La comunicación entre la Central de Comunicaciones (Cenco) y los policías de la Subcomisaría de Padre Hurtado así lo registró en la madrugada del 19 de octubre. Los ataques con armas y bombas molotov graficaban la escalada de violencia que a esa hora se vivía en distintos puntos de Santiago, detallan en el alto mando, y que impedía enviar refuerzos a la unidad atacada.
El paso de las horas, los actos de violencia y las constantes manifestaciones generaron una fuerte respuesta de Carabineros, lo que, a su vez, dio lugar a las primeras denuncias por violencia excesiva. Había acusaciones de lesiones oculares por el uso de armamento antidisturbios. “Cada denuncia que recibimos se investigó o se denunció a la fiscalía. Así, el uso del armamento no letal se restringió. No todos los carabineros podían disparar estas armas, solo el personal certificado para hacerlo. Con las denuncias, se decidió usar estas armas solo para defensa, cuando la vida del carabinero estuviera en peligro”, detalla un alto oficial.
En total, Carabineros abrió “1.270 procesos administrativos, de los cuales cerca de un 90% correspondió a autodenuncias e investigaciones de oficio al tomarse conocimiento de diversas situaciones”. Finalmente, se sancionó a 170 efectivos, a quienes se les dio de baja o se les aplicaron amonestaciones por incurrir en “actuaciones alejadas de los protocolos, normas o la ley”, indica un informe de la policía. El mismo documento asegura que entre marzo de 2019 y septiembre de 2020 se difundieron 110 acusaciones falsas o distorsionadas contra Carabineros, entre ellas el supuesto centro de tortura de la estación del Metro Baquedano.
Desde el entorno del general Rozas aseguran que una de sus principales preocupaciones en las primeras semanas del estallido social era que la violencia no siguiera escalando, como tampoco la cantidad de civiles lesionados. El respeto por los Derechos Humanos, aseguran las mismas fuentes, fue uno los focos prioritarios tanto para La Moneda como para el general director. Por esta razón, Rozas emplazó a su alto mando a contener al personal y controlar cada operación, a fin de reducir el riesgo de civiles heridos.
Con 4.817 policías lesionados y 405 manifestantes con daño ocular -372 con lesión o trauma y 33 con estallido-, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la crisis social abrió nuevas grietas en Carabineros. La institución está preocupada de impedir nuevos hechos de violencia como los ocurridos hace un año, pero sus actuaciones están en la mira de las autoridades del oficialismo y de la oposición como nunca antes.