Por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, este jueves finalmente la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de Royalty Minero que propone una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y litio, a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales, que aumenta a medida que el valor del metal sube.
Se trata de un cobro que cambia la lógica de la actual tributación minera, que grava la utilidad operacional, para pasar a cobrarse directamente sobre las ventas de las empresas del sector. Además, no deroga el esquema vigente, por lo que ambos convivirían.
Dentro de los votos favorables, tres de ellos correspondieron al oficialismo y provinieron de los diputados Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Ramón Galleguillos (RN) y Leonidas Romero (RN). Ello, pese a las gestiones hechas por el gobierno que, además de señalar que el proyecto en su visión es inconstitucional -dado que se trata de iniciativa exclusiva del Presidente, al tratarse de ingresos públicos- acusó que si llegara a entrar en vigencia, la carga tributaria para una empresa tipo, en un escenario de precios del cobre de US$4,5 por libra, podría hasta duplicar la de los países que compiten con Chile.
El proyecto establece una serie de reducciones en la tasa de impuestos, en caso que las mineras aumenten el nivel de procesamiento del cobre, hasta llegar a compensar el costo total de la refinación del mineral en el caso de cátodos del alta pureza. Además, además una distribución de los fondos a recaudar, de los cuales el 25% de lo que se recaude destinaría a un fondo de convergencia regional que busca financiar desarrollos comunales en las zonas de explotación.
Además, propone que “del monto total recaudado por concepto de royalty, hasta un 3% será destinado a contribuir al financiamiento de proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e innovación ejecute en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano avanzado; dando prioridad a la investigación y capacitación que tenga por finalidad aportar al conocimiento y tratamiento del Covid19”.
Durante la sesión, a la que asistió el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, el secretario de Estado criticó el aumento de la carga impositiva que se cobra a las empresas de cobre, planteando que, en su visión, se trata de una discusión “sin equilibrio ni razonabilidad. Así los países no avanzan”.
“La minería del cobre ha estado estancada por 15 años, y la razón es muy simple: Nuestro yacimientos han ido envejeciendo, las leyes han ido cayendo, y por lo tanto, nuestra minería tiene que trabajar el doble para conseguir los mismos resultados (…) Y lo único que hemos hecho es perder participación en los mercados”, dijo la autoridad.
Quien se sumó a las palabras de Jobet fue el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien en medio de la intervención de los parlamentarios, indicó que interpondrá una Reserva de Constitucionalidad, pues es el Presidente de la República quien debe pronunciarse respecto a los trámite legislativos en materia tributaria, y no la Cámara de Diputados.
El texto aprobado establece que en el caso que el promedio anual mensual del precio del cobre supere los US$2 dólares por libra, “se fija una compensación adicional para aquella parte que supere dicho precio”. Así, el monto de esta compensación que supere el 3%, será destinada a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe por Covid 19 decretado y sus sucesivas prórrogas. Una vez terminado el estado antes referido será destinado a ingresos generales de la nación.
De esta manera, el proyecto fue despachado a segundo trámite al Senado, donde se espera que avance su tramitación en el Congreso. El proyecto será analizado en esa instancia a contar de la segunda quincena de mayo, considerando que la que viene es distrital.
Fuente: La Tercera