Un dictamen de la Dirección del Trabajo concluyó que Socofar S.A., la empresa matriz del holding que controla Guillermo Harding le subió el sueldo a todos sus trabajadores menos a los sindicalizados. El fallo ocurrió poco después que terminara la huelga de los vendedores de farmacias, que duró más de un mes pero no llegó a un acuerdo entre ambas partes. A eso, se suma un litigio por extorsión y administración fraudulenta en Costa Rica, acusado por su socio, la familia Garnier.
Subir el sueldo a todos los trabajadores, menos a los sindicalizados. Esa es la denuncia que hicieron los trabajadores de Socofar S.A., la empresa encargada de la distribución de fármacos del holding que controla las farmacias Cruz Verde, y que la Dirección del Trabajo acreditó el mes pasado.
Según un dictamen de ese servicio del 13 de junio de este año, la empresa que cuenta con 590 locales a lo largo de todo el país, incluyendo Isla de Pascua, le subió el sueldo y le otorgó beneficios como préstamos con pago por descuento de planilla a todos los trabajadores de la empresa, menos a los que son parte del sindicato.
Un problema que se arrastra desde marzo y que se suma a la huelga que prolongaron durante un mes en junio pasado los trabajadores de las farmacias de Guillermo Harding, el dueño del holding Socofar -matriz de Cruz Verde- que incluye al laboratorio Mintlab, Maicao, inmobiliarias, las Termas de Chillán, el club Everton de Viña del Mar.
Discriminación sindical
En diciembre de 2013, dos gerentes de la empresa juntaron a los trabajadores del centro de distribución de Socofar en la bodega de la empresa y les informaron sobre un préstamo flexible para todos, que sería descontado en el mes de marzo, y el estudio de una mejora salarial.
Sin embargo, en marzo los beneficios comenzaron a llegar sólo a los trabajadores que no pertenecían al sindicato, mientras a los otros se le intentó convencer de adelantar la negociación colectiva programada para noviembre de este año.
Por esa razón, el Sindicato Número 1 de Socofar, ingresó una denuncia a la Dirección del Trabajo. Tras la investigación, el 13 de junio pasado el servicio emanó un fallo donde concluyó que hubo “discriminación antisindical” en el otorgamiento de beneficios a los no sindicalizados.
La Dirección del Trabajo estimó que correspondía denunciar judicialmente por vulneración al derecho fundamental a la libertad sindical y que debían presentarse los antecedentes a tribunales, en donde debe instarse al empleador a presentar a todos los trabajadores sindicalizados un anexo de contrato en idénticas condiciones y estipulaciones que el firmado el 31 de marzo con los trabajadores no sindicalizados.
Sin embargo, a la fecha la empresa aún no lo realiza. De hecho, el sindicato denuncia que a pesar del fallo, Socofar ha querido adelantar la negociación por el nuevo contrato colectivo unilateralmente. Una medida que, según el economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, aplican muchas empresas que buscan evitar la presión de una huelga.
“La empresa dice que nosotros no queremos llegar a un acuerdo, pero eso es para aceptar sin negociar las condiciones que ellos nos proponen. Y eso sólo busca echarnos a nosotros la culpa, mientras pasan los meses y nuestros compañeros no acceden a un mejor sueldo ni a los beneficios de otros que hacen el mismo trabajo”, dice Marcelo Silva, presidente del sindicato.
Tras el fallo de la Dirección del Trabajo, el sindicato demandó a la empresa, pero las irregularidades y hostigamiento siguieron. Según relata Silva, en varias oportunidades los han hecho desnudarse para revisar que no existan robos e incluso han abierto correspondencia dirigida al sindicato. Esto último, precisamente con una carta enviada por la Dirección del Trabajo.
Para peor, cuando fueron citados a la única oportunidad de mediación el pasado 8 de agosto, el juzgado cambió la sala y el piso donde se llevaría a cabo la reunión entre ambas partes sin avisar al sindicato y los trabajadores perdieron la oportunidad de llegar a un acuerdo.
Y aunque se logró acreditar el error de información, se fijó una nueva fecha para el 26 de agosto, la que no se ha podido llevar a cabo ya que la jueza se ha mantenido con licencia médica desde entonces. Mientras, la empresa sigue pagando sueldos distintos a sus trabajadores haciendo una diferencia entre quienes están sindicalizados y los que no.
Huelga sin remedio
Las prácticas antisindicales acreditadas por la Dirección del Trabajo en Socofar no son nuevas en el holding de farmacias. A fines de junio pasado, los trabajadores de las farmacias iniciaron una huelga legal pidiendo sueldos que no estén sujetos a la comisión por venta.
Por más de un mes, los trabajadores denunciaron que en las farmacias del grupo Harding iban desde los 40.000 a 80.000 pesos mensuales y el resto se consigue a través de las llamadas “canelas”, que son las comisiones que dan los laboratorios a los vendedores por cantidad de productos vendidos.
En julio, ante la decisión de la empresa de no conceder mejoras al sindicato después de casi 40 días de huelga, los trabajadores de acogieron al artículo 369 del Código del Trabajo, que les permitió mantener el proceso actual y congelarlo hasta 18 meses, para luego volver a negociar.
Además, la empresa que se coludió con Farmacias Ahumada y Salcobrand para elevar conjuntamente los precios de 222 medicamentos, enfrenta también en Costa Rica un litigio con la familia Garnier por extorsión simple y administración fraudulenta.
Según publicó el Diario Financiero, en la querella la familia Garnier acusa a un grupo de empresarios y ejecutivos del holding controlado por Harding “con la intención de llevar a cabo una serie de medidas que han comprometido severamente la liquidez y estabilidad económica de la compañía, tendientes a diluir al socio costarricense en el capital societario, con el fin de tomar el control absoluto en el manejo de la misma, echando mano para ello de todo tipo de maniobras empresariales, en claro ejercicio abusivo de sus derechos societarios”.
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