La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) ingresó un requerimiento al ente de control por «eventuales irregularidades» en el contrato de 450 millones de pesos con la empresa Street Machine Corp, de propiedad de Paul Morrison Cristi, hijo de la exdiputada UDI, María Angelica Cristi. En el oficialismo, el constituyente Luis Mayol (RN) señaló que “cada vez que uno firma un contrato con alguien y ese servicio no se entrega en la forma adecuada, uno tiene que pedir las explicaciones”. Sin embargo, le bajó el perfil a esta situación, señalando que «me llama la atención que quienes están preocupados por ese tipo de temas, son los que están pidiendo mayores presupuestos para más asesores”. Desde la empresa se defendieron y aseguran que “lo que falló fue la parte técnica y de comunicaciones, algo que no estaba en nuestro contrato”.
Una nueva arista de la fallida primera sesión de la Convención Constitucional se dio a conocer este martes. La empresa Street Machine Corp S.A. era la encargada de organizar la primera jornada del organismo encargado de redactar una nueva Carta Fundamental, siendo contrata vía trato directo para este fin, y para lo cual se le realizó un pago de 450 millones de pesos.
Lo anterior no es baladí, no solamente porque la sesión inicial de la Convención fue un fracaso rotundo debido a problemas técnicos y sanitarios, sino además porque Street Machine Corp es una empresa cercana a la UDI. De acuerdo a Interferencia, es de propiedad de Paul Morrison Cristi, hijo de la exdiputada UDI, María Angelica Cristi. A su vez, Morrison fue socio del diputado UDI, Joaquín Lavín León, hijo del actual precandidato presidencial UDI, en la discoteca Aeropuerto.
Ante esto, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República por «eventuales irregularidades» en el contrato de 450 millones de pesos.
Sin embargo, el constituyente Luis Mayol (RN) le bajó el perfil a esta situación, considerando que «yo creo que se está yendo a un nivel que no corresponde. A nosotros nos eligieron para hacer una Constitución y no una revolución, para eso nos están pagando».
El convencional del pacto Vamos por Chile señaló a El Mostrador que «me llama la atención que quienes están preocupados por ese tipo de temas, son los que están pidiendo mayores presupuestos para más asesores. Yo no entiendo que tengamos que tener tantos asesores por cada constituyente».
Mayol no solo bajó el perfil a la situación, fue más allá y apuntó a la mesa por la fallida sesión de instalación de la Convención: «Yo creo que la mesa debió haber sido más acuciosa y haberse juntado en la mañana para ver si estaba todo adecuado antes de habernos citado, porque nos citaron y ahí se dieron cuenta que las cosas no funcionaban, y estuvimos más de una hora encerrados, violando todas las normas de confinamiento y aforo».
«También es falta de experiencia. Se debieron haber juntado, 2, 3, 4, 5 horas antes para ver si estaba todo disponible, haber hecho una pequeña prueba y habernos evitado el bochorno», agregó.
Sin embargo, manifestó que «siempre que es plata del Estado tiene que haber transparencia, todo tiene que estar informado».
«Cada vez que uno firma un contrato con alguien y ese servicio no se entrega en la forma adecuada, uno tiene que pedir las explicaciones (…) pero estos servicios tecnológicos siempre tienen fallas», cerró.
Los descargos de la empresa
Desde la empresa se defendieron. La gerente general de Street Machine, Andronike Diuana, dijo a La Segunda que ellos no organizaron la parte que falló. «Lo que falló fue la parte técnica y de comunicaciones: los micrófonos, poner las pantallas, el streaming, internet, etc, algo que nosotros no vimos, no estaba en nuestro contrato, por lo que las críticas son injustas». Diuana es también socia del dueño, Paul Morrison Cristi, hijo de la ex diputada de la UDI, María Angélica Cristi.
De acuerdo al citado medio, entre las empresas que se adjudicaron la licitación de los elementos técnicos, se encuentran Tecsistem, que se encargó de arriendo de los monitores. Alfacom estuvo a cargo de los computadores y equipos audiovisuales. Los equipos tecnológicos para las salas de reuniones fueron responsabilidad de Netdatabio, mientras que la instalación de los circuitos cerrados de televisión fueron parte de Mediastream.
Respecto a la millonaria suma de 450 millones de pesos, Diuana respondió que el contrato fue licitado y la empresa corrió «con todos los gastos de logística, de traslado de varios constituyentes de regiones a Santiago, alojamiento para cada uno en Santiago por una semana, todos los traslados internos, generadores de energía del evento, audio, calefacción, recursos humanos, etc. No es correcto lo que se publicó en redes sociales, donde solo se mostraron dos páginas de un contrato de 12 páginas».
Fuente: El Mostrador